Intiman al Gobierno porteño por temas de Salud Mental

Le aplicarán multas de $ 300 por día si no asiste a los pacientes de un instituto

El juez Guillermo Scheibler intimó a la ministra de Salud porteña, Graciela Reyboud, y a la directora general de Salud Mental del gobierno local, María Concepción Grosso, a que acrediten el cumplimiento de lo ordenado en la medida cautelar referida a la externación y reubicación de pacientes alojados en los diferentes dispositivos del Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján.

Scheibler fijó un plazo de diez días para hacer efectiva la medida bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria de 300 pesos por cada día de demora en el cumplimiento de la medida.

La asesora general tutelar, Laura Musa, y la asesora tutelar en lo contencioso y administrativo Mabel López Oliva habían presentado una acción de amparo colectivo el 18 de febrero de 2013 con el fin de que la Ciudad cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la protección y cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y jóvenes que viven o potencialmente estarán alojados en aquel instituto a través de una beca de alojamiento, asistencia por la cual el gobierno paga mensualmente, según un convenio suscripto.

En un comunicado, la Asesoría Tutelar explicó que este convenio preveía la atención de personas afectadas en su salud mental en los distintas modalidades que aquel instituto poseía: New Life, Clínica, Centro Educativo Terapéutico y Hogar Centro de Día.

De los once mayores que aún estaban alojadas allí al momento de la medida cautelar todavía quedan siete sin ser reubicados. No obstante, se aclaró en el comunicado, sigue habiendo pacientes derivados de otros prestadores y otras jurisdicciones que, al no ser alojados por el gobierno, no son alcanzados por esta medida.

Se informó que el Ministerio Público Tutelar y diversos organismos de control (Registro de ONG del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno local, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico de la Defensoría General de la Nación, y la Dirección General de Salud Mental de la Nación) constataron, irregularidades sistemáticas y de extrema gravedad que afectan derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico local, nacional y que vulneran los estándares establecidos por el derecho internacional sobre los derechos humanos.

Fuente: Diario La Nación