miércoles, 15 de noviembre de 2017

En dos años, otras 25 clínicas cerraron en el interior

El sector se redujo otro 18% y, con 110 entidades, es 56% más chico que en 2004. Pronostican que la concentración seguirá. En la Capital hay 4 nuevas instituciones.

El sistema de salud privado en el interior de la provincia de Córdoba se sigue achicando. Entre 2016 y 2017, 25 clínicas más cerraron sus centros de internación. Las menos, continuaron como centros ambulatorios. La mayoría, directamente no funciona más.

El achique significa una reducción del 18,5 por ciento en los últimos dos años. Y respecto a una década atrás, el recorte es del 48 por ciento. Hoy hay sanatorios privados en 62 localidades del interior, cuando dos años atrás estaban en 73. En resumen: 11 ciudades se quedaron sin servicio.

En Capital el fenómeno, que hasta 2015 también se repetía, cambió de dirección: se sumaron cuatro nuevas instituciones en los últimos dos años, y con los principales actores embarcados en planes de inversión.

Semejante achique tiene efectos políticos, sociales y económicos de toda índole. Quienes primero sienten la ausencia del prestador privado son los intendentes: son los que tienen que articular alguna solución porque el vecino se queja.

El ciudadano se siente desprotegido y parte de un todo que lo olvida: en su pueblo no puede siquiera operarse de vesícula. El Estado, por tanto, es ahí el canalizador de toda la demanda, desde lo simple hasta lo más complejo.

Si bien las explicaciones de tamaña crisis son variadas, hay una que es determinante: el financiamiento.

“Nos fijan el precio, los insumos suben y no podemos trasladar los aumentos que tenemos a los precios de las cosas que hacemos”, dice Juan Gras, titular del Hospital Italiano y presidente de Aclisa, una de las dos entidades que nuclea a los prestadores privados de salud en Córdoba.

Gras hace una cuenta rápida: de 3,3 millones de habitantes que tiene la provincia, un millón no tiene cobertura y de los que quedan, 700 mil tienen Apross y 500 mil Pami. “Y si Apross o el Pami, como pasó este año, no acompañan con los valores, se van desfinanciando las entidades”, agrega.

Además, hay que contar la demora de los financiadores en cancelar las prestaciones. “Si voy a facturar mil pesos pero los cobro a los 90 días, tengo tres millones de pesos en la calle. Hay mucho capital de trabajo en la calle y se empiezan a tomar malas decisiones, te ahorca”, describe Marcos Lozada, director del Sanatorio Allende.

Cuestión de escala

El volumen es un aspecto clave. “Las 11 principales clínicas del interior, las más importantes, facturan en conjunto menos que las cuatro más chicas de Córdoba Capital”, resume Diego Dequino, titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que elaboró en 2017 un relevamiento sobre el sector en la provincia.

“Muchas no tienen capacidad de gestión, han sido abiertas a pulmón, por el médico del pueblo que ahora está grande; no se han actualizado, no han podido invertir y no están los incentivos que debieran existir para sostenerlas”, agrega Lozada, presidente de Caescor, la otra entidad gremial–empresaria.

Es tal la especialización médica, que ofrecerla requiere atender, mínimo, a 15 pacientes por día. Y en el interior, no están.

Además, todos reconocen que negociar con los financiadores (públicos, prepagas y obras sociales) requiere de tantas artimañas, que los pequeños se quedan afuera. “Con una estructura chica no tenés esa capacidad, más a la distancia”, insiste Lozada.

“Hay un serio problema de rentabilidad, la ecuación económica está profundamente jaqueada”, sostiene a su vez Pablo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado de Córdoba.

A los ingresos que no acompañan y a los costos altos, muchos en dólares, se suma que el IVA en el sector no es computable, más ingresos brutos, tasas municipales y la importación de tecnología que paga aranceles como cualquier producto.

“Perdemos entre el 40 y 50 por ciento del IVA que pagamos en la compra de insumos; cuando vas sumando un poco de cada lado, tenés una carga fenomenal”, dice Patrinieri. Y pronostica: “Si esto sigue así, en tres años quedamos cinco jugadores”.

Los que trabajan

Después, está el factor humano. El personal en salud es otro punto clave. “A nosotros nos cuesta llenar las plantillas de terapia, nos cuesta conseguir neonatólogos, nos faltan anestesistas”, dice Lozada, del Allende, que trabaja a capacidad completa en sus dos hospitales y acaba de anunciar la construcción de un tercero en la zona sur de Capital.

“La situación es negativa, se repite el ciclo de inflación con devaluación y eso es complicado para la salud”, admite a su turno el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna. Probablemente, la última devaluación haya sido el golpe mortal para muchas clínicas, en agonía desde hace años. “Con cada crisis, quedan un escalón más abajo, no se recuperan”, apunta Fortuna.

La cuestión es que van desapareciendo de a una por mes.

El ministro Fortuna reconoce que la “fragmentación” del sistema, entre actores de la Nación, la Provincia, los municipios, los gremios y las empresas es un problema que complejiza el cuadro.

¿Y ahora?

Algunos, en el sector privado, se entusiasmaban con que el gobierno nacional de Cambiemos pudiera, vía más el Ministerio de Trabajo que el de Salud, animarse a un replanteo general. “Es momento de hacer una propuesta en serio, habiendo los cambios de aire que hay”, sugiere Paltrinieri.

Mientras, los entendidos repiten que la tendencia es la regionalización, que hay que hacer sinergia entre el sector público y el privado y armar una buena red de derivación y traslado.

El Italiano, de la Capital, hizo punta y planteó este año un modelo de red asistencial: se asocia con clínicas del interior. Armaron una sociedad anónima con gobierno centralizado, compartiendo recursos humanos y compras. Participan de esa flamante red entidades de Jesús María, Alta Gracia, Villa María, Totoral y Villa General Belgrano y, como adherentes, otras de Corral de Bustos, Villa Dolores y Pozo del Molle. Hoy tienen 400 camas (200 de ellas en el interior), 700 médicos y 1.200 empleados.

En muchos casos, las intendencias –como pueden– asumen la prestación sanitaria básica. Desde febrero, reciben ciento por ciento del Fofindes con afectación a salud. Son 1.700 millones en 2017. Hay una experiencia interesante de Noetinger con el Hospital Italiano, en lo que sería la primera asociación de este tipo en el interior (ver El pueblo que prueba...).

“El Estado tiene que garantizar el acceso a la salud en forma universal. La inversión que se ha hecho en los últimos años es importante, hay 60 hospitales y al menos uno regional en cada departamento, y en algunos dos”, acota el ministro Fortuna.

Pero nadie se inmuta demasiado. Y sucede: son 146 clínicas menos en apenas 13 años.



Dos caras. En 2008 cerró la Clínica del Valle, la última que quedaba en Santa Rosa, la mayor ciudad de Calamuchita. En la zona no hay otras. El hospital provincial Eva Perón concentra la demanda regional.

Fuente: La Voz

jueves, 9 de noviembre de 2017

Entidades de la región pidieron poner un freno al abuso de patentes de la industria farmacéutica

Se reunieron en San Pablo antes de la Cumbre Mundial sobre Hepatitis 2017, y reclamaron medidas para que los laboratorios no accedan a patentes injustas que encarecen los medicamentos. El caso más claro de esta práctica es el Sofosbuvir, y los intentos de Gilead de acceder a exclusividad que deja al tratamiento lejos del acceso de la mayoría de los pacientes.

La semana pasada, en la localidad brasilera de San Pablo, entidades que trabajan para el acceso a los medicamentos se reunieron para elaborar un documento conjunto, que puso énfasis en una situación: el abuso de la industria farmacéutica de las patentes de exclusividad. En el marco de la Cumbre Mundial sobre Hepatitis 2017, estas organizaciones destacaron las campañas que se realizan para que los laboratorios abandonen algunos pedidos de patentamiento emblemáticos, como el del Sofosbuvir, que tanto en Brasil como la Argentina viene siendo objeto de disputas entre los laboratorios y los sectores de patentes. Además, hicieron un llamamiento al a generar estrategias de acceso público y masivo a medicamentos y tratamientos para todas las hepatitis virales.

El encuentro de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM) se produjo en la previa a la cumbre, que se desarrolló del 1 al 3 de noviembre en San Pablo, Brasil. Allí, se elaboró un documento conjunto donde se apuntó a las maniobras de la industria farmacéutica para utilizar patentes de manera excesiva, y así aumentar el valor de los tratamientos. “Los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han tenido una respuesta tímida que privilegia a las empresas sobre la salud de las personas”, dijeron las organizaciones en el comunicado conjunto elaborado como conclusión.

“Proponemos sustituir el actual modelo de innovación para medicamentos que incluye patentes y otras formas de protección como la exclusividad de datos de prueba, por un modelo que (a) busque soluciones a los problemas de salud pública relevantes; (b) permita una real transferencia de tecnología a los países en desarrollo; (c) que no permita la apropiación privada de conocimiento producido con recursos públicos; (d) que no lleve a que los intereses comerciales violen sistemáticamente el derecho a la salud de las personas”, arrojó como primera conclusión el documento de las entidades (ver archivo adjunto).

Además, las entidades les pidieron a los gobiernos de la región que fortalezcan “los mecanismos para garantizar la implementación de las salvaguardas de salud contempladas en el acuerdo ADPIC, articulados con estrategias de producción local que sean transparentes, que garanticen la soberanía sanitaria y precios asequibles en los países”. “El rol de las organizaciones de la Sociedad Civil fue clave porque somos nosotras las que alertamos acerca de las situaciones abusivas que las compañías farmacéuticas generan en torno a los tratamientos. El sistema de patentes otorga derechos exclusivos a las empresas para determinar precios que son extorsivos e inalcanzables para los sistemas de salud de nuestros países”, dijo José María Di Bello, secretario de Fundación GEP, que representó a la Argentina en la cumbre de Brasil.

“Es esencial poner un freno al abuso que hacen las compañías farmacéuticas mediante la solicitud de patentes que no cumplen con los requisitos legales. Nosotros venimos presentando oposiciones para que se priorice el acceso a los tratamientos de las personas que están en lista de espera”, agregó por su parte Lorena Di Giano, la Directora Ejecutiva de Fundación GEP. El medicamento Sofosbuvir combinado con otras terapias podría curar a más del 95 por ciento de los pacientes con Hepatitis C. Pero ese tratamiento está, en muchos países, bajo la patente de la empresa Gilead y tiene un precio de mercado cercano a los 84mil dólares. Por eso, en el marco del Foro la Sociedad Civil convocó a una manifestación frente a las oficinas regionales de Gilead en San Pablo. Los miembros de las organizaciones fueron claros: “Necesitamos que Gilead no patente la cura de la Hepatitis C ¡Ellos quieren llenar sus bolsillos de dinero. Gilead Mata!”

La hepatitis C es una enfermedad que mata a más gente que la malaria o el VIH, y todos los años 1.34 millones de personas mueren a causa de este virus. En Argentina aproximadamente 600 mil personas viven con hepatitis C y muchas de ellas se encuentran en lista de espera por sus tratamientos debido a los altos costos de los medicamentos.

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 7 de noviembre de 2017

Se crea la Comisión de Transferencia Progresiva de Funciones y Competencias en materia de Autoridad Sanitaria del PEN a la CABA

MINISTERIO DE SALUD - Resolución 2045-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2017

VISTO los Expedientes Electrónicos Nº 2017-14920450-APN-SSPRYF#MS y Nº 2017-3791391-APN- SSPRYF#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA y la Ley Nº 24.588, y

CONSIDERANDO:

Resultado de imagen para ministerio de salud de la nacionQue la Reforma Constitucional de 1994 estableció la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Artículo 129 de la C.N.), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino ello con los alcances y las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.
Que el Artículo 75, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA establece que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por Ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en su caso.
Que la Ley N° 24.588 y su modificatoria que regula la autonomía de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los poderes reservados al Gobierno Nacional, en su artículo 6º dispone que: “El Estado Nacional y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes”.
Que a tales fines por Expediente Electrónico Nº 2017-3791391-APN-SSPRYF#MS tramita la aprobación del Convenio Marco de Transferencias de Funciones y Competencias en Materia de Autoridad Sanitaria del poder Ejecutivo Nacional a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que a fin garantizar la transferencia de funciones y competencias de forma progresiva y ordenada, tendiente a que la transición de una jurisdicción a otra permita desarrollar eficientemente los organismos, los recursos técnicos y humanos que tengan a cargo estas nuevas actividades, es que resulta necesario crear una COMISIÓN a tales efectos.
Que se estima conveniente que la COMISIÓN este integrada por UN (1) representante de la SECRETARÌA DE POLÌTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS, UN (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE POLITICAS, REGULACIÒN Y FISCALIZACIÒN, UN (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES y UN (1) representante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y que se invite a participar al MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el que podrá designar TRES (3) representantes, entre los cuales se sugiere incluir: UN (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA, UN (1) representante de la GERENCIA OPERATIVA DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA y UN (1) representante de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA.
Que el complimiento de las funciones dentro de la COMISIÓN será con carácter Ad-Honorem.
Que la implementación del presente acto no implica erogación presupuestaria alguna para este Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional y la Ley de Ministerios N° 22.520, modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase la COMISIÓN DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIDAD SANITARIA DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la cual tendrá como objetivo fijar lineamientos tendientes a garantizar la transferencia de funciones y competencias de forma progresiva y ordenada, con el objetivo de que la transición de una jurisdicción a otra permita desarrollar eficientemente los organismos, los recursos técnicos y humanos que tengan a cargo estas nuevas actividades.
ARTÍCULO 2º.- La COMISIÓN creada por el Artículo 1º funcionará en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLITICAS, REGULACIÒN Y FISCALIZACIÒN y estará conformada por UN (1) representante de la SECRETARÌA DE POLÌTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS, UN (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE POLITICAS, REGULACIÒN Y FISCALIZACIÒN, UN (1) representante de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES y UN (1) representante de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y se invitará a participar al MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el que podrá designar TRES (3) representantes, entre los cuales se sugiere incluir: UN (1) representante de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SANITARIA, UN (1) representante de la GERENCIA OPERATIVA DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION OPERATIVA y UN (1) representante de la DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA. Los representantes desempeñarán sus funciones en carácter Ad-Honorem.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria para este Ministerio.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Jorge Daniel Lemus.

jueves, 2 de noviembre de 2017

ANMAT aprobó un régimen para importar medicamentos no registrados

Aplicará para pacientes que necesitan productos que no tengan una "alternativa terapéutica adecuada" en la Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el "Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos no registrados", que establece el procedimiento para la "aprobación de importación" de medicamentos no registrados en el país "destinados al tratamiento de un paciente individual" y para quien "no exista disponible un registro de un producto idéntico, similar o alternativa terapéutica adecuada" en la Argentina.

La disposición 10874-E/2017 fue publicada el martes en el Boletín Oficial. El flamante Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos no registrados (RAEM-NR) se aplicará en casos de pacientes "que requieran imprescindiblemente de un medicamento que no esté registrado en el país pero que si lo esté" en países incluidos en el Anexo I del decreto 150/92 o en países con los que se haya establecido convergencia regulatoria, "o en un paciente con condiciones clínicas que contraindiquen la utilización de los medicamentos en sus formas farmacéuticas o concentraciones disponibles en el país y requiera de uno que si lo esté" en alguno de los países mencionados. A continuación, la lista completa (en orden alfabético): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China Taipei, Chipre, Colombia, Confederación Helvética, Corea del Sur, Croacia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Malasia, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Singapur, Suecia, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania.

Los medicamentos que se autoricen a través del RAEM-NR deberán ser "prescriptos por un médico que posea los antecedentes profesionales necesarios y suficientes para garantizar la pertinencia de la indicación y el seguimiento de los tratamientos".

El pedido de importación de un medicamento a través del nuevo registro deberá realizarse presentando la declaración jurada confeccionada por el médico tratante más el consentimiento informado firmado por el paciente o sus representantes legales. Una vez firmada, sellada y fichada por la Anmat, la declaración jurada "constituirá constancia suficiente para ser presentado ante la Dirección General de Aduanas".

Fuente: La Nación

lunes, 30 de octubre de 2017

El gobierno defenderá esta semana en el Congreso la implementación del CUS y la Fundación PAMI

El jefe de gabinete Marcos Peña dará su informe habitual, y entre las preguntas destacadas que le adelantaron los legisladores se encuentra la puesta en marcha de la Cobertura Universal de Salud y la creación de esta fundación, que ya funciona en la obra social nacional.

Resultado de imagen para cobertura universal de salud argentinaEsta semana, el jefe de Gabinete Marcos Peña volverá al Congreso nacional a dar su informe, el número 16 desde que asumió el actual gobierno. La amplia agenda de temas incluirá dos cuestiones relacionadas de la salud pública: la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y la creación de la Fundación PAMI. Ambas cuestiones fueron criticadas por especialistas y opositores, y genera polémica cruces por su puesta en marcha. El funcionario explicará, según se adelantó, los beneficios de ambas medidas, que tienen una matriz común, para sus detractores: la privatización del sistema sanitario. En este marco, aparecieron nuevas críticas respecto de la obra social nacional, por el sistema denominado “per cápita”. Además, surgieron nuevos problemas en la entrega de medicamentos en varios puntos del país.

Peña contestará en total unas 828 preguntas y, entre los temas destacados figuran el caso Maldonado, la implementación de la CUS, obras viales y la Fundación PAMI. Peña sigue tercero en el ranking de jefes de Gabinete con más informes presentados y está a uno de igualar a Alberto Fernández (17), aunque el macrista presentó sus informes en dos años de gestión, mientras que su antecesor lo hizo en cinco años y medio. Los casos en materia de salud tienen la misma matriz, y los críticos rescatan que tanto el sistema de atención como la nueva entidad vinculada al PAMI tienen como objetivo incorporar capitales privados al sistema estatal.

La CUS es el sistema de atención que busca cubrir las necesidades médicas de los 15 millones de personas que están fuera de la seguridad social. la prueba piloto comenzó en la localidad mendocina de Guaymallén, y en 2018 debería ponerse en marcha en todo el país. Según los críticos, tiene el objetivo de cambiar la matriz de la cobertura, que pasará de un sistema de atención universal a la de aseguramiento. En cuanto al PAMI, la fundación fue creada para administrar un hospital de Mar del Plata, pero podría extenderse a todo el país. El gremio de los trabajadores de la obra social advierte sobre el impacto de su puesta en funcionamiento, ya que permitiría utilizar fondos sin control, y hacer licitaciones de forma directa, entre otras cuestiones.

En el PAMI, en tanto, siguen los problemas de atención. En la localidad bonaerense de Tandil, por ejemplo, varios jubilados diabéticos han planteado reclamos por problemas en la provisión de medicamentos que no cuentan con el 100 por ciento de cobertura, entre ellas las tiras reactivas, que en la actualidad se entregan solamente 50 cada 6 meses. Uno de los damnificados planteó “como puede ser, si la ley dice que los medicamentos deben ser provisto. No se le pueden quitar a un enfermo crónico, más aquellos que son insulino-dependientes”. “Tampoco reciben la medicación como corresponde”, destacó. Además, denunciaron que “uno de los pacientes dice que desde junio no recibe las tiras reactivas y se hace dos controles por día”.

En tanto, Unión Salud”, entidad que nuclea a más de una decena de instituciones vinculadas a la obra social, se reunieron el fin de semana en La Plata para “repudiar en forma unánime” el sistema de pago por cápita que emplea el Pami desde abril de este año. Desde este organismo Insistieron en que esta modalidad “viola el derecho del paciente de elegir con quien atenderse, ofrece honorarios paupérrimos al profesional de la salud y deriva al afiliado al hospital público, hechos que se convierten en una perversión del sistema”. Este sistema genera que lo destinado por PAMI hacia las clínicas o sanatorios pueda ser recibido o no por parte de sus pacientes. Al no ser una atención individualizada, el pago puede exceder o faltar al número de personas que se atienden.

Fuente: Mirada Profesional