miércoles, 6 de marzo de 2019

El PAMI debe indemnizar a afiliada por infección sufrida con motivo de operación de colocación de prótesis de cadera

Partes: V. I. c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados y otros s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-dic-2018

Responsabilidad del PAMI ante la infección sufrida por una afiliada con motivo de una intervención quirúrgica de colocación de prótesis de cadera.

Sumario: 

Resultado de imagen para law and health1.-Cabe confirmar la sentencia que condenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a indemnizar a una afiliada ante el daño sufrido a causa de una infección posterior a una operación de colocación de prótesis en su cadera, ya que las pericias rendidas dan cuenta que la infección tuvo su origen en la operación y que la atención recibida por la paciente fue deficiente tanto antes de la operación como en el post operatorio, sin que la codemandada haya aportado argumentos concretos para rebatirlas.

2.-El damnificado tiene derecho a ser resarcida por gastos farmacéuticos aún cuando no hubiera probado concretamente su realización, en tanto éstos guarden razonable relación con la importancia de las lesiones sufridas en virtud de lo dispuesto en el art. 1086  del CC..

3.-La frase 'en la medida del seguro' está referida al alcance o extensión de la obligación de la aseguradora, la que se determina por la medida del daño efectivamente sufrido y el monto asegurado, salvo las limitaciones contractuales y legales, pues en ciertos casos es factible que la reparación a la que se obliga sea inferior al daño. 

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "I" de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: "V, I c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados y otros" respecto de la sentencia corriente a fs. 765/778 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. GUISADO, CASTRO y RODRÍGUEZ

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I. Que contra la sentencia dictada a fs. 765/778 que hizo lugar a la demanda entablada por I V, condenando a "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" (PAMI), "Clínica Modelo de Lanús S.A." y "Provincia Seguros S.A." a abonarle la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos ($151.500) con más los intereses y las costas del juicio, se alza la parte actora quien expresó agravios a fs. 840/842 que fueron respondidos a fs. 863, la codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" en virtud de los argumentos expresados a fs. 845/851 que merecieron la respuesta de fs. 870/877 y, por último, por la aseguradora, quien esgrime sus fundamentos a fs. 853/861 replicados a fs. 865/867.

Según lo relatado en el escrito introductorio la Sra. V se fracturó la cadera del lado izquierdo (rotura de cabeza de fémur) el día 28 de septiembre de 2000 luego de haberse caído en su casa. Por dicho motivo fue trasladada a la Clínica Modelo de Lanús donde fue intervenida quirúrgicamente por el jefe del equipo de cirugía ortopédica, colocándose la respectiva prótesis. Luego de haber recibido el alta y el tratamiento kinesiológico correspondiente, al mes de la operación comenzó a sentir fuertes dolores a los que el galeno referido les quitó importancia.Debido a la persistencia de esas dolencias dejó de caminar y quedó postrada en su cama, lo que motivó una interconsulta con otro profesional quien detectó una fuerte infección producto de una bacteria quirúrgica. La parte actora imputó a los accionados negligencia en la operación, en los cuidados post operatorios, en el control de la infección adquirida y en la falta de autorización de otro profesional para su atención.

El magistrado de grado analizó en primer lugar los límites de cobertura invocados por la aseguradora, concluyendo que por tratarse de un contrato de adhesión se le debía restar valor a aquellas cláusulas que por su contenido o por el ejercicio que se ha hecho de ellas, resulten violatorias del orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo que estimó que las que surgían de la póliza acompañada resultaban inoponibles a la parte actora.

Luego, caracterizó la prestación de asistencia de los médicos y agentes que se invocan causante del daño como una obligación de medios, en tanto sólo se promete la diligencia y aptitud de aquéllos para cumplir las medidas que normalmente procuran la curación del paciente, su atención y los medios apropiados dirigidos a esa finalidad. Con motivo de ello estimó que la prueba de su incumplimiento se encuentra a cargo del accionante, sin perjuicio de la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas probatorias.

En ese marco de consideración analizó el informe de la perito médica quien concluyó que la actora presentó una infección de fase II (profunda tardía) con un cuadro clínico oligosintomático, en el cual el dolor persistente fue el signo cardinal, siendo el germen involucrado un estafilococo coagulasa negativo de acuerdo a la punción articular de la cadera afectada.La experta señaló además que en la historia clínica no existían constancias de que se hayan llevado a cabo las medidas profilácticas para reducir el riesgo de infección periprotésica y que hubo una dilación en la implementación de las medidas diagnósticas que podrían haber confirmado la infección.

Con base en ello, el colega de grado consideró que no se dio estricto cumplimiento con la conducta diligente que resultaba exigible por no haber existido la prevención debida y descartó el caso fortuito por tratarse la infección de un riesgo propio del servicio.

Por todo ello concluyó que la infección padecida encontró su origen en la intervención realizada dado los fuertes indicios que surgen de las constancias de autos y de los informes periciales que según su entender constituyen una presunción que produce una seria convicción debido a su número, precisión, gravedad y concordancia en los términos del art. 163 inc. 5° del Código Procesal, considerando incumplida la obligación de seguridad que le correspondía a la clínica, haciendo así lugar a la demanda de que se trata.

La parte actora se queja del rechazo del rubro "daño psicológico", la codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" critica la responsabilidad que se le atribuyó, cuestiona los distintos rubros que componen la cuenta indemnizatoria, la tasa de interés aplicada y la imposición de costas. La citada en garantía se agravia por la declaración de inoponibilidad a la accionante de las condiciones pactadas en el seguro.

II. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada).

III.Sentado ello trataré liminarmente las quejas de la codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" tendientes a cuestionar la responsabilidad, en tanto lo que se decida al respecto determinará la necesidad de analizar las restantes críticas.

La recurrente se agravia en primer lugar de que se le haya extendido la responsabilidad por el hecho aquí debatido y condenado sin fundamento alguno. Considera que las prestaciones que brinda y la forma de contratación de los profesionales determinan que resulta inexistente la responsabilidad que se le endilga, siendo los médicos o las clínicas, en su caso, los únicos que deben responder por las prácticas médicas en análisis.

Cuestiona, además, que se haya omitido tener en cuenta que atento el relato efectuado en la demanda, la Sra. V se apartó del sistema al conseguir una prótesis distinta a las que ella provee.

Por otro lado, considera que por tratarse de una obligación de medios debía probarse la negligencia médica lo que no ocurrió en la especie. A favor de su postura, argumenta que el origen de la infección no pudo determinarse en la causa penal labrada con motivo del hecho y que, por otro lado, el a quo no valoró las impugnaciones que las partes realizaron al informe pericial médico, señalando que la suya siquiera fue respondida por el experto. Puntualiza en ese sentido que con la asistencia de su consultor técnico allí requirió que el perito explique si le constaba el estado de la prótesis de cadera previo a su colocación, si ella fue provista por PAMI o comprada por la actora sin su intervención y si le constaba la insuficiente prevención de la infección periprotésica de cadera izquierda, cuestionando, el porcentaje de incapacidad asignado por no basarse en un examen osteoarticular.

En relación a la naturaleza de la obligación de las obras sociales ya he tenido oportunidad de expedirme al respecto (ver "Braccia, Mariana Graciela y otro s/ Swiss Medical S.A. y otros s/ daños y perjuicios", expte.n°: 3.431/2006, sentencia del 28/6/2013). Sostuve que la figura de la estipulación a favor de un tercero (art. 504 del Código Civil) es útil para perfilar la relación generada entre una entidad sanatorial o médico y las obras sociales en tanto entre esas personas se entabla un contrato base o relación de cobertura en beneficio del paciente afiliado. Pese a ello indiqué que resultaba necesario precisar la extensión del deber de responder de las obras sociales a quienes claramente las une un contrato con sus afiliados.

En tal pronunciamiento, siguiendo el razonamiento plasmado por Bueres en su obra "Responsabilidad Civil de los médicos" expliqué que en orden al sistema legal vigente que sólo permite al afiliado la posibilidad de elegir el médico o la clínica dentro de una lista cerrada, con la consecuente restricción a la libertad de opción correspondiente a la esfera de los interesados, la obligación de responder de las obras sociales está dada por el deber genérico de garantía que debe ofrecer a su afiliado.

Explicado el factor de atribución que corresponde aplicar y más allá de lo que a continuación se dirá en cuanto a la actuación de los médicos y la infección que aquí se debaten, lo cierto es que ninguna incidencia tiene en el análisis del sub judice el hecho de que la prótesis que debió colocársele a la Sra. V no haya sido provista por la recurrente sino que la haya obtenido ella misma por otra vía, de acuerdo a sus dichos. De seguir esa tesitura, la demandada se encontraría incluso eximida del cumplimiento de los recaudos mínimos y adecuados previos a la colocación de la pieza en cuestión y del control correspondiente durante el postoperatorio que son, en definitiva, las conductas que le reprochó la víctima. Me permito señalar aquí que contrariamente a lo que pretende dar a entender la apelante (fs.846 vta., último párrafo) en ningún momento la accionante dijo haber abonado tratamiento alguno a la clínica demandada sino solamente la prótesis. Ello no es más que una interpretación forzada de los hechos tal como fueron narrados en el escrito de demanda que tiene como único objetivo que se la excluya del sistema sin encontrar respaldo en las constancias de autos. Resulta necesario destacar que todas las cuestiones sobre las que pidió que el perito se expida en relación a la prótesis, eran resorte probatorio de su parte a modo de repeler la imputación que se le hace, dado que era quien en mejores condiciones se encontraba para producir la prueba pertinente en ese sentido, de conformidad con la teoría de las cargas dinámicas probatorias.

Descartadas estas cuestiones previas adelanto que la recurrente no trae a consideración ningún argumento que me permita concluir que el pronunciamiento cuestionado deba ser revocado, por lo que propondré al Acuerdo su confirmación.

La apelante intenta valerse de la pericia llevada a cabo por el Dr. Brulc en el marco de la causa penal labrada a raíz del hecho de autos (ver fs. 69/74 de dicho proceso) argumentando que a través de ella no pudo acreditarse que los daños reclamados se hayan producido por el accionar de personal a su cargo o de las codemandadas.Indicó también que allí el experto sostuvo que al momento del alta la paciente se encontraba asintomática y que no pudo dictaminar respecto de la actuación médica por no contar con controles post-quirúrgicos y/o consultorios externos.

Sin embargo, omite que ese perito a partir de un análisis minucioso de la historia clínica señaló que de la misma emergen una serie de irregularidades en la atención brindada, relativas a que los controles de enfermería de los signos vitales fueron incompletos, la ausencia de control en varios de los turnos de enfermería, omisiones en la medicación que debía serle suministrada (analgésicos y/o antibióticos) y la falta de supervisión médica adecuada de esas tareas por parte del clínico asistente, todo lo cual indica una falta de los deberes de cuidados oportunos (ver fs. 73 vta., último párrafo/74).

Asimismo, realiza una apreciación parcial de esa pericia ya que con sustento en el informe realizado por la Unidad de Infectología del Hospital Presidente Perón de la localidad de Avellaneda practicado el 27 de noviembre de 2001 del que surge una infección protésica de cadera con estafilococo coagulasa negativo, estimó que ello indicaría la instalación de una infección y proceso séptico ocurrida a partir del acto quirúrgico realizado en la clínica demandada, ya sea por deficientes condiciones de asepsia o manipulación médica, instrumental o del material quirúrgico.

Además en cuanto la falta de los controles post- quirúrgicos y/o de consultorios externos respecto a la evolución de la paciente que intenta hacer valer la coaccionada para avalar su postura, también omite que el mismo perito sostuvo que resultaba inexplicable que la clínica demandada no tenga en su poder o no presente esos registros que surgían de los demás elementos incorporados (ver fs.87 de la causa penal).

En suma, las conclusiones del perito que intervino en la causa penal resultan coincidentes con las elaboradas por la nombrada en estas actuaciones (ver informe de fs. 668/680) no sólo en cuanto a que la infección tuvo su origen en la intervención quirúrgica de la Sra. V en la Clínica Lanús sino en relación a la deficiente atención que recibió tanto antes de la operación como en el post operatorio, sin aportar argumento concreto para rebatirlas más allá de la reiteración de su impugnación que no constituye por sí una fundamentación suficiente del recurso.

Aun así, contrariamente a lo que adujo, la perito contestó su impugnación a fs. 693 y allí dio respuesta de manera solvente a los cuestionamientos efectuados. Cabe destacar de esa presentación que la experta estableció que aun cuando la prótesis no fuera provista por la obra social, tanto ésta como la institución sanatorial deben responsabilizarse por la esterilidad del material a introducir, siendo que las medidas profilácticas reducen la tasa de infecciones a su mínima expresión, lo que en el caso no fue realizado en debida forma, tal como reiteró al contestar la impugnación efectuada por la aseguradora (cfr. fs. 697).

Por los argumentos expuestos propongo al Acuerdo confirmar lo decidido por el colega de grado en materia de responsabilidad y rechazar en consecuencia, los agravios en tratamiento.

IV. La codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" cuestiona la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) fijada para indemnizar lo reclamado en concepto de "incapacidad sobreviniente" con base en la falta de respuesta de su impugnación a la pericia médica y en que no se probó el estado de la prótesis que fue adquirida por la accionante, cuestión que ya fuera desechada en los considerandos que preceden.Consideró también que no se probó que el daño tuviera motivo en una insuficiente prevención de su parte, ya que no resulta suficiente para ello la falta de consignación en la historia clínica de los procedimientos llevados a cabo a dichos fines. Por último critica que se le haya adjudicado un 80% de incapacidad sin haber realizado un examen osteoarticular de la víctima, estimándolo excesivo, ya que resulta superior a la que se aplica en caso de amputación total de un miembro.

Las cuestiones relativas a la impugnación de la pericia, a la prestación de atención deficiente a la Sra. V y la relación de causalidad entre el daño y la infección, han quedado debidamente aclaradas en el acápite anterior, motivo por el cual no cabe más que remitirme a ellas.

En cuanto a la imposibilidad de verificación de las secuelas a partir de un examen de la víctima, lo cierto es que se cuenta en la causa penal con su historia clínica y con la atención que recibió en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, de manera que para elaborar el dictamen la experta tuvo a la vista esas constancias, que le permitieron establecer en debida forma el cuadro que afectó a la Sra. V, no siendo óbice para ello la falta de revisación médica aludida. Con respecto al porcentaje de incapacidad asignado, éste se encuentra dentro de los parámetros estipulados para una artroplastia de cadera, parcial o total, infectada de acuerdo al baremo que el perito decidió utilizar (cfr. fs. 677 vta. in fine), no brindando el recurrente ningún argumento para rebatir ello más allá de su mera disconformidad, o un porcentaje menor de acuerdo a otros índices sin señalar de cuáles se tratarían pese a indicar que resultan de uso habitual en el fuero.

Por ello, considero que la suma atribuida por este concepto resulta adecuada por lo propongo su confirmación y el rechazo del agravio analizado.

V.El juez de grado rechazó el "daño psicológico" ante el fallecimiento de la víctima en la comprensión de que este rubro tiene como objetivo sufragar el tratamiento psicológico, lo que motivó las quejas de la parte accionante quien argumentó que se trata en uno y otro caso de supuestos distintos.

El rechazo del rubro se impone mas no porque bajo este título corresponda indemnizar únicamente el tratamiento psicoterapéutico sino debido a que el fallecimiento de la accionante se produjo el 17/12/2008 (cfr. fs. 540), es decir, con anterioridad a que se lleve a cabo el informe pericial elaborado en el marco de estas actuaciones (16/10/2013 -ver cargo mecánico de fs. 680 vta.-), lo que dejó huérfano de acreditación su reclamo.

Por último, basta agregar que no resulta posible inferir el daño reclamado a partir del grado de incapacidad física hallada tal como pretende la recurrente. Tampoco se encuentran acreditados en autos los gastos por tratamiento psicoterapéutico durante el período de convalecencia de la damnificada, cuestión que por lo demás fue introducida en esta instancia.

Por los argumentos expuestos, propongo al Acuerdo rechazar los agravios de la parte demandante.

VI. La codemandada Pami critica la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500) que el a quo estableció en concepto de "gastos farmacéuticos" por no haber acompañado comprobante alguno de dichos gastos ni haber ofrecido prueba alguna para acreditar su reclamo máxime cuando se trata del tipo de prestaciones que debe brindar a sus afiliados.

La damnificada tenía derecho a ser resarcida por este tipo de gastos aun cuando no hubiera probado concretamente su realización, en tanto éstos guarden razonable relación con la importancia de las lesiones sufridas en virtud de lo dispuesto en el art. 1086 del Código Civil. Por ello, teniendo en cuenta el dolor que debió padecer a raíz del hecho de autos, la necesidad de paliarlo a partir de la ingesta de analgésicos tal como indicó en el escrito introductorio (ver fs.47, punto VII, a) y que pese a lo sostenido por la apelante, no resulta habitual que éstos sean cubiertos de manera total por las obras sociales, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del ritual, propongo al Acuerdo confirmar la suma asignada.

VII. Cuestiona también la codemandada Pami la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) establecida por el juez de grado a título de "daño moral" ya que éste debe ser probado y no se acreditó que su vulnerabilidad psicofísica haya aumentado con motivo del hecho aquí debatido.

Comparto el criterio del juez de grado en cuanto a la procedencia del daño moral en materia de responsabilidad contractual quien además lo tuvo por probado a partir de las declaraciones testimoniales de fs. 665/666 y 667/668, aspecto que no mereció ningún cuestionamiento por parte de la apelante.

Por ello, considerando que el daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2004, Tomo 2A, página 39), teniendo en cuenta el largo tiempo de postración derivado de la afectación padecida a raíz de la atención recibida a partir de la intervención quirúrgica y los dolores que dicho padecimiento le debe haber causado, en uso de las mismas facultades a las que aludí en el apartado precedente, considero adecuada la suma fijada por este concepto, de modo que propongo al Acuerdo confirmarlo.

VIII. Com o ya fuera expuesto, el juez de grado declaró inoponible a la parte actora el límite de cobertura y la franquicia a cargo del asegurado que la citada en garantía invocó a fs. 355, por tratarse de un tercero ajeno al contrato y resultar aquéllas violatorias del orden público, la moral y las buenas costumbres.La aseguradora crítica este aspecto del pronunciamiento por cuanto entiende que a la damnificada como a cualquier otro tercero le resultan oponibles aquéllas cláusulas que son, en definitiva, las que establecen el alcance con el que debe responder en el caso y que si la parte actora pretende invocarlo debe circunscribirse a sus términos. En suma, sostiene que todo lo que se le obligue a abonar por fuera de esos límites se trataría de una obligación incausada y resultaría violatorio de su derecho constitucional de propiedad.

Ahora bien, cabe destacar que en virtud de lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418 la condena no puede extenderse a la citada en garantía sino "en la medida del seguro". Ello implica que si bien el daño a resarcir está constituido por el perjuicio efectivamente sufrido, la obligación a cargo de la aseguradora tienen como tope o límite máximo la cifra asegurada.

Es que, como con acierto se ha señalado, la frase "en la medida del seguro" está referida al alcance o extensión de la obligación de la aseguradora, la que se determina por la medida del daño efectivamente sufrido y el monto asegurado, salvo las limitaciones contractuales y legales, pues en ciertos casos es factible que la reparación a la que se obliga sea inferior al daño (Stiglitz, Rubén S., La reparación del daño y el contrato de seguro automotor, publicado en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, T° 2011- X, pág. 3, esta sala I, en expte. n°: 43.402/11 del 10/11/2014).

En el caso, luego del reconocimiento de la cobertura efectuado por la aseguradora (fs. 354 vta.) y ante el desconocimiento de la totalidad de la documental acompañada en ese responde por parte del accionante, entre la que se incluía la póliza en cuestión, pesaba sobre la citada en garantía la carga de la prueba de sus términos y alcances mediante la prueba idónea correspondiente (confr. art.377 del Código Procesal), que en el caso no era otra que la pericia contable, debiendo soportar las consecuencias de su omisión, dado que no se encuentra acreditado el supuesto de hecho que invoca para hacer valer su pretensión en este sentido.

Por ende, corresponde desestimar la queja en análisis y confirmar la inoponibilidad resuelta.

IX. El colega que intervino en la anterior instancia dispuso que las sumas fijadas en el pronunciamiento cuestionado devenguen intereses moratorios según la tasa pasiva que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del hecho y hasta el dictado de la sentencia y a partir de allí y hasta su efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina por aplicación de la decisión establecida en el plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios". La codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" sostiene que ello consagra una alteración del capital establecido en la sentencia y un enriquecimiento indebido a favor de la actora y requiere que se aplique el 6% para el primer período referido y la tasa promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para el resto del período aunque sin hacer referencia concreta a ninguna.

Cabe señalar que no soslayo que la ley 26.853 de creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria, sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, pero lo cierto es que es criterio de esta Sala (cfr. "Aguirre Lourdes Antonia c/ Transporte Automotores Lanús Este S.A.s/ daños y perjuicios" del 17 de marzo de 2009 y sus citas; "Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios" del 15 de marzo del año 2013, entre otros), que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales y desde allí y hasta su efectivo pago se mantenga la tasa activa cartera general préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Por ello es que propongo acoger con este alcance el agravio de la codemandada Pami.

X. El a quo impuso las costas a los accionados vencidos lo que merece la crítica de la codemandada "Instituto de Servicios Sociales de Jubilados" con sustento en que la demanda prosperó por el 54% de la sumas reclamadas, lo que en modo alguno resulta suficiente para apartarme del principio objetivo de la derrota sentado por el código de rito (art. 68 del Cód. Procesal) máxime si se tiene en consideración que la base regulatoria que se utilizará para establecer los honorarios será precisamente la condena.

XI. Por último, se hace saber que los agravios de Pami vertidos respecto a los honorarios regulados no serán tenidos en cuenta (confr. art. 244 CPCC) más allá del recurso interpuesto a fs. 779 y concedido a fs. 880.

Por lo expuesto voto que 1) se modifique el cálculo de los intereses de conformidad con las pautas fijadas en el acápite pertinente; 2) se confirme la sentencia en todo lo demás que fue motivo de no atendibles agravios y, 3) se impongan las costas de alzada en un 10% a la accionante y el resto a cargo de las accionadas atento la suerte corrida en los agravios y teniendo en consideración las divergentes posturas en relación a la tasa de interés.

Por razones análogas, la Dra. Castro y el Dr.Rodríguez adhieren al voto que antecede. Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.- María Belén Puebla Secretaria Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I) modificar el cálculo de los intereses de conformidad con las pautas fijadas en el acápite pertinente; II) confirmar la sentencia en todo lo demás que fue motivo de no atendibles agravios; III) imponer las costas de alzada en un 10% a la accionante y el resto a cargo de las accionadas atento la suerte corrida en los agravios y teniendo en consideración las divergentes posturas en relación a la tasa de interés; y, IV) Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.779, 781/782, 793, 806, 808 y 823 contra las regulaciones de honorarios practicadas a fs.765/778, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional desarrollada apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 16, 20, 21, 22, 24, 29 y concordantes de la ley de arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a la ex letrada de la parte actora Dra. Alicia Silvia López resultan reducidos, por lo que se los eleva a la cantidad de UMA.(.) equivalentes al día de hoy a la suma de pesos.($.).

Asimismo, por resultar reducidos los honorarios regulados al letrado apoderado de la parte demandada Dr.Félix Augusto Nazar de la Vega, se los eleva a la cantidad de .UMA (.), equivalentes a la suma de pesos.($.).

Por no resultar elevados los honorarios regulados a la dirección letrada de la citada en garantía Dres. Fernando Abal, Juan José Gallardo y José Ignacio Bovio en la suma de pesos.($.) equivalentes a .(.) UMA, se los confirma.

Considerando los trabajos efectuados por la experta, las pautas de la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del Código Procesal, los honorarios regulados a la perito médica Rina Rita Mañay Eula resultan reducidos, por lo que se los eleva a la cantidad de.UMA (.) equivalentes al día de hoy a la suma de pesos.($.). Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15, lo dispuesto en el punto g), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11 y lo solicitado a fs.806 los honorarios fijados a la mediadora Dra. Claudia Akman resultan reducidos, por lo que se los eleva a la suma de pesos.($.). Difiérase el conocimiento -hasta tanto sean discriminados- en los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios efectuada en forma conjunta a los letrados de la parte actora Dres. Claudio Omar Cegna y Mario Jorge Stanguellini, toda vez que solo el último nombrado apeló de dicha regulación. Asimismo, difiéranse los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada a los Dres. Susana Marta Mancinelli y Ricardo Alberto Nabias, atento a que el único apelante de la regulación en cuestión fue el último señalado.

Cumplido que sean con lo anterior, se regularan los honorarios correspondientes a la actuación en esta instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PAOLA M. GUISADO

P ATRICIA E. CASTRO

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

viernes, 1 de marzo de 2019

Río Negro: comienzan a trabajar los médicos venezolanos tras la convocatoria provincial

La Patagonia argentina también se convierte para los médicos venezolanos en una luz de esperanza donde poder ejercer su profesión. Laura Vergel, de 28 años, y Yeziel Díaz, de 29, son médicos generalistas, llegaron a la Argentina en 2017 y aún no lograron atender pacientes. Pero volverán a hacerlo a partir de los primeros días de marzo junto a otros 23 profesionales de la salud que se instalarán por tres años en diversos puntos del territorio rionegrino para dar respuesta a la demanda que existe en la región. Luego de una convocatoria abierta que se hizo a principios de año, ellos lograron convalidar su título y podrán volver a la acción.

Resultado de imagen para medicos"Nosotros vinimos buscando una oportunidad como todos de poder ejercer la profesión, por supuesto nos agrada este país y también sabíamos que había posibilidad de trabajo", explicó a LA NACION Laura, todavía desde Buenos Aires. Ante la consulta de por qué decidieron dejar su tierra natal indicó: "Se consigue empleo en Venezuela, el tema eran los insumos, no había nada, y lo que había no era suficiente, tenías que jugártela con los tratamientos, es una situación muy comprometida, la gente venía hasta tres veces al día para preguntarte porque lo que le recetabas no lo encontraba, era muy complicado".

Y agregó: "Yo quería seguir ejerciendo allá, estaba renegada y mi esposo igual, pero la situación se ponía cada vez peor, los sueldos eran nada comparado para poder subsistir, ganaba más un guardia nacional que un propio médico, es muy desastroso el tema". Para Laura y Yeziel, como para muchos otros inmigrantes que llegan al país en busca de una oportunidad adaptarse no es cosa fácil, pero sólo había que esperar.

"Llegamos a Buenos Aires porque ya parte de mi familia estaba en el país, mi madre se había venido, y la idea era hacer lo que fuera, poder ahorrar e iniciar el trámite de convalidación que es bastante sencillo, era cuestión de tiempo y es una opción gratuita, así que por medio de una entrevista con el Ministerio de Salud de Río Negro y otros trámites, finalmente recibimos la noticia de que querían contratarnos", resaltó Laura.

Casi dos años después

Laura y Yeziel se instalarán a partir del 6 de marzo en Comallo, uno de los tradicionales pueblitos de la Línea Sur rionegrina, en el departamento de Pilcaniyeu, a poco más de 120 kilómetros al este de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Todavía no lo conocen, pero ya les anticiparon un poco de qué se trata, cómo es el lugar, el clima y la gente. Allí viven unas 2500 personas, la mayoría productores agrícolas y ganaderos. "Vamos a contactarnos directo con el director del Hospital, estamos súper emocionados, queriendo trabajar y poniendo todo nuestro empeño", añadió la joven.

Cuando llegaron a Buenos Aires Laura trabajó de camarera y Yeziel ingresó en un restaurante. Recién después de algunos meses encontraron algo más relacionado a su profesión. Él en una farmacia y ella en un laboratorio. Ahora saben que pronto llegarán a un poblado donde seguramente los están esperando con ansias. "Eso nos llena de ilusión, están súper agradecidos con nosotros y nosotros nos sentimos muy contentos de poder ir a ayudar a mucha gente, lo haremos con todo el amor y el gusto del mundo", finalizó.

A nivel país se estima que hay más de 250 médicos venezolanos, pero pocos logran el ejercicio de la medicina. Las primeras provincias en gestionar la convalidación del título fueron Buenos Aires, Jujuy y Corrientes. Y ahora se suma Río Negro con las primeras matrículas provinciales.

Cubrir una demanda

Daniel Aroca, Secretario de Gestión de Establecimientos de Salud de la provincia de Río Negro, explicó que la propuesta surgió luego de un encuentro con los Ministerio del Interior y Educación de la Nación que viendo el arribo de profesionales venezolanos ponen esta posibilidad a disposición de las provincias, previo convalidación de títulos. "La convocatoria es a médicos en general, es una propuesta abierta sin distinción, siempre hay mayor oferta de aquellos que se gradúan acá y están en el país, pero esta nueva opción nos dio la posibilidad de cubrir una demanda que estábamos teniendo", precisó.

Además de la Línea Sur rionegrina, los nuevos profesionales de Venezuela se instalarán también en Valle Medio y Alto Valle. "Hay una dispersión amplia, también nos viene bien que hubo matrimonios y esos son los que se instalarán en lugares más alejados de las grandes urbes como Maquinchao o Comallo", resaltó Aroca.

El sistema público de salud en Río Negro cuanta hoy con una red de 980 profesionales. Ahora se sumaron principalmente médicos generalistas y pediatras. En tanto, el gobierno ya evalúa volver a hacer una nueva convocatoria para cubrir más especialidades.

Convalidación

El Ministerio de Educación de la Nación es el encargado de validar los títulos, cotejarlo con las grillas de formación y ver que las capacitaciones sean reales, a su vez Migraciones analiza el tema legal ante la Justicia y los papeles de grado. "Ellos son los que dan el rigor absoluto, hay un mecanismo armado para saber si está todo bien, es un filtro muy fino, si las cosas no están bien no se avanza", dijo Aroca.

La reválida de títulos es un trámite más largo y engorroso, ya que requiere presentar la documentación en las universidades públicas, y -dependiendo en cuáles de ellas- se deben rendir entre siete y tres exámenes.

Río Negro les pide para la contratación tener una relación con la provincia de no menos de 3 años y exclusividad con el estado provincial. "En esta gestión es la primera vez que lo hacemos, la verdad que la expectativa es alta, primero porque sumamos recurso humano que es difícil conseguir y las referencias formativas son muy buenas, además las experiencias de otras provincias viene siendo muy buena", expresó.

El objetivo es que pasados los tres años de contratación, los profesionales se queden en la región y continuar o rendir algún examen de residencia para hacer una especialidad. "Las convocatorias son abiertas y permanentes; la situación de falta de recursos humanos es en todo el país, tanto en el ámbito público como en el privado, hay falta de profesionales", finalizó Aroca.

Fuente: La Nación

martes, 29 de enero de 2019

Neuquén: adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental

Ley 3182 - Poder Legislativo Provincial de Neuquén

Título: Ley Nacional de Salud Mental. Ley N° 26.657. Adhesión. Disposiciones.

Resultado de imagen para salud mentalFecha B.O.: 18-ene-2019

Texto de la norma: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL

NEUQUÉN SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º: Adhesión. Se adhiere a la Ley nacional 26657 , Ley Nacional de Salud Mental.


Artículo 2º: Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud o el organismo que lo remplace.


Artículo 3º: Órgano de Revisión. Creación.

Se crea el Órgano de Revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, como órgano de control, supervisión y promoción de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.

El Órgano de Revisión está integrado por una secretaría ejecutiva y un plenario.


Artículo 4º: Ámbito de aplicación. El Órgano de Revisión cumple su función en todo abordaje vinculado con la salud mental y las adicciones, que se realice en instituciones públicas y privadas en la provincia.


Artículo 5º: Funciones. El Órgano de Revisión tiene las siguientes funciones: a) Controlar el cumplimiento de esta ley, en particular, en lo concerniente a garantizar los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. b) Controlar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo necesario y realizar las denuncias pertinentes, en caso de irregularidades. c) Controlar que las derivaciones realizadas fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la legislación vigente. d) Realizar presentaciones ante los organismos y circunscripciones correspondientes si se advierten situaciones irregulares. e) Informar, periódicamente, a la autoridad de aplicación sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes. f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares. g) Requerir a las instituciones públicas y privadas la información que permita evaluar las condiciones en que se realizan las internaciones y los tratamientos. h) Supervisar, de oficio o por denuncia de particulares, las condiciones de internación, los tratamientos y los abordajes en el ámbito público y privado.


Artículo 6º: Integración del Plenario. El Plenario tiene carácter multisectorial y está integrado por dos representantes de cada sector con sus respectivos suplentes. Sus miembros revisten el carácter de permanentes y no permanentes. a) Miembros permanentes:

1) Dos representantes del Ministerio Público de la Defensa: uno por la I Circunscripción Judicial y otro por el resto de las circunscripciones.

2) Dos representantes de los jueces de familia: uno por la I Circunscripción Judicial y otro por el resto de las circunscripciones.

3) Dos representantes del área de salud mental del Ministerio de Salud.

4) Dos representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Ciudadanía o del organismo que lo remplace.

5) Dos diputados designados por la Honora- ble Legislatura, uno en representación de la mayor fracción y otro por la segunda mayor fracción, según la composición originaria de la H. Cámara en oportunidad de la jura de los diputados al inicio del período de mandato correspondiente. b) Miembros no permanentes:

1) Dos representantes de asociaciones de usuarios y/o familiares de los servicios de salud, con personería jurídica.

2) Dos representantes de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, con personería jurídica.

3) Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica, abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Las entidades interesadas en integrar el Plenario en carácter de miembros no permanentes deben cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación de la presente ley.


Artículo 7º: Secretaría Ejecutiva. El Ministerio Público de la Defensa ejerce la presidencia, la representación legal y la coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión mediante la Secretaría Ejecutiva. El defensor general debe designar a la persona que ocupe el cargo de secretario ejecutivo.


Artículo 8º: Funciones de la Secretaría Ejecutiva. Las funciones de la Secretaría Ejecutiva son las siguientes: a) Convocar y coordinar las reuniones del Plenario. b) Participar con voz y voto en las reuniones del Plenario. c) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento permanente del órgano dando cuenta de las acciones emprendidas. d) Impulsar, en los ámbitos pertinentes, las estrategias políticas, jurídicas e institucionales propuestas por los integrantes del Plenario. e) Respetar y promover los lineamientos acordados por el Plenario. f) Participar en representación del Órgano de Revisión local en plenarios y reuniones que se efectúen a nivel nacional.


Artículo 9º: Reglamento interno. La Secretaría Ejecutiva debe redactar el reglamento interno del Órgano de Revisión, el cual será sometido al análisis y aprobación del Plenario.


Artículo 10º: Designación del equipo de apoyo.

El Ministerio Público de la Defensa debe promover el concurso de un equipo interdisciplinario y del personal administrativo para proveer el recurso humano idóneo que se dedicará al trabajo permanente y operativo de la Secretaría Ejecutiva.


Artículo 11: Cooperación. El Órgano de Revisión debe articular la cooperación y colaboración activa con los mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo en la aplicación de las convenciones de derechos humanos, y de otros organismos, ratificadas por el Estado argentino.


Artículo 12: Registro de instituciones. La Secretaría Ejecutiva debe crear y mantener actualizado el Registro de Instituciones de Servicios de Salud Mental y Adicciones.


Artículo 13: Inscripción en el Registro. Las instituciones que brindan servicios de salud mental y adicciones deben estar inscriptas en el Registro de Instituciones de Servicios de Salud Mental y Adicciones y están obligadas a brindar, en tiempo y forma, la información que les requiera la Secretaría Ejecutiva.


Artículo 14: Informe anual. La Secretaría Ejecutiva debe elevar anualmente un informe público de balance de gestión al defensor general, quien lo integrará al informe elaborado en el marco del inciso o) del artículo 18  de la Ley 2892.


Artículo 15: Presupuesto. El presupuesto para el funcionamiento del Órgano de Revisión se integra con el correspondiente al Ministerio Público de la Defensa.


Artículo 16: Inicio de funciones. La Secretaría Ejecutiva debe comenzar a cumplir sus funciones en un plazo de sesenta días desde la publicación de la presente ley. Durante ese plazo, el Ministerio Público de la Defensa debe efectuar las acciones necesarias para cubrir los cargos previstos en los artículos 7.º y 10.º de la presente ley.


Artículo 17: Miembros permanentes. La Secretaría Ejecutiva es la responsable de la integración del Plenario. Para ello debe realizar la solicitud de designación de sus representantes a las autoridades de los organismos mencionados en el inciso a) del artículo 6.º de la presente ley.


Artículo 18: Miembros no permanentes. La Secretaría Ejecutiva debe realizar, en forma abierta, la convocatoria a las entidades u organizaciones referidas en el inciso b) del artículo 6.º de la presente ley. Las entidades interesadas deben presentarle la documentación que les requiera y atravesar, cada dos años, un proceso de selección para renovar o sustituir la representación en el Plenario.


Artículo 19: El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en un plazo de sesenta días a partir de su publicación.


Artículo 20: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los seis días de diciembre de dos mil dieciocho.

Fdo.) Mario Alberto Pilatti Presidente de la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia a/c Presidencia H. Legislatura del Neuquén Lcda. Beatriz Villalobos Secretaria H. Legislatura del Neuquén Registrada bajo número: 3182 Neuquén, 07 de enero de 2019.

jueves, 17 de enero de 2019

CABA: Ley de Prevención del Suicidio

Ley 6106 - Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Título: Suicidio. Prevención, asistencia y posvención.

Fecha B.O.: 16-ene-2019

Texto de la norma:

Resultado de imagen para prevención del suicidioLa Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley Prevención del Suicidio 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objeto la prevención, asistencia y posvención del suicidio a través de la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación y la asistencia a las familias de víctimas de suicidio.


Art. 2°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.130  de "Prevención del Suicidio" de conformidad con su artículo 19°, en los términos y condiciones que se establecen en la presente norma.


Art. 3º.- A los efectos de la presente Ley se considera: a) Suicidio: acto o conducta consumada por medio de la cual un individuo se genera un daño letal. b) Intento de suicidio: todo acto o conducta auto-infligida con el objetivo de generarse un daño potencialmente letal. c) Posvención: acciones e intervenciones posteriores a un acto o conducta autodestructiva, destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida.


Art. 4º.- Son objetivos de la presente Ley: a) La asistencia a las familias víctimas del suicidio. b) El abordaje integral de la problemática de suicidio que incorpore la mirada de múltiples disciplinas. c) La elaboración de estadísticas sobre el suicidio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e investigaciones que ayuden a entender y atender el problema de suicidio.

Haciendo especial énfasis en la incorporación del suicidio en las estadísticas vitales. d) La formulación y desarrollo de acciones, estrategias y programas integrales orientados a la prevención, atención y posvención.


Art. 5º.- Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente.


TITULO II

AUTORIDADES DE APLICACIÓN

Art. 6º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, podrá coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia, con el Gobierno Nacional y organismos de la sociedad civil.


Art. 7º.- Son funciones de la autoridad de aplicación las siguientes: a) La capacitación a profesionales y personal de la salud y de la educación y de otros agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que considere necesario promoviendo el desarrollo de habilidades en los equipos institucionales. b) Procurar un tratamiento adecuado sobre la problemática y elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias. c) La elaboración de estrategias comunicacionales que sensibilicen sobre el suicidio. d) La elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria. e) Realizar la evaluación y monitoreo de las actividades vinculadas a los objetivos de la presente ley. f) Desarrollar talleres en establecimientos educativos de gestión estatal y privada que trabajen sobre los factores sociales y culturales que inciden en el suicidio.


Art. 8º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con las partidas que anualmente se asignen a tal efecto en la jurisdicción del Ministerio de Salud.


Art. 9°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez Buenos Aires, 11 de enero de 2019

miércoles, 7 de noviembre de 2018

El misoprostol no podrá venderse en las farmacias de dos provincias

Pese a que la Anmat autorizó su venta al público con receta archivada, leyes provinciales prohíben su comercialización, informaron a Télam fuentes locales.

Resultado de imagen para El misoprostol no podrá venderse en las farmacias de dos provinciasEl secretario de Salud de San Juan, Roberto Correa, afirmó a Télam: "Desde 2009 tenemos la ley 1133Q, que puntualmente prohíbe el expendio y administración de cualquier medicamento que contenga la droga misoprostol específicamente". "La provincia no va a permitir que se habilite en San Juan el aborto irrestricto medicamentoso, en domicilio y a demanda, que significa habilitar la venta de misoprostol en las farmacias", puntualizó.

 En tanto, en Mendoza está vigente la ley 8116 que "limita exclusivamente al ámbito institucional sanitario el expendio, suministro y/o fraccionamiento de medicamentos que contengan misoprostol, solo o asociado a otro/s principio/s activo/s". A principios de agosto, la diputada provincial Ana María Andía, del radicalismo, presentó un proyecto para derogar esa ley, pero fuentes parlamentarias confiaron a Télam que está "cajoneado" por la presidenta de la Comisión de Salud, Hebe Casado, y su vice Daniel Rueda, ambos médicos y antiabortistas.

Durante el debate en el que el Senado de la Nación rechazó el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, los tres representantes de San Juan votaron en contra de la iniciativa. En Mendoza, en cambio, solo la rechazó el senador Julio Cobos, de Cambiemos.

Fuente: Télam