viernes, 6 de mayo de 2016

ANMAT advierte que está prohibido fármaco que se ofrece como “la pastilla de la inteligencia”

En sitios web circulan ofertas del “Brain Plus IQ”, un suplemento dietario que promete mejorar las funciones cerebrales. La agencia reguladora aseguró que contiene sustancias prohibidas por las leyes locales. Además, calificó como “fraudulentas” las promociones de sus beneficios. 

“Libera tu potencial, vuélvete más inteligente”. La promesa circula en varios avisos por Internet, donde una bella joven rubia promociona el uso de Brain Plus IQ, un fármaco que se autodenomina “la pastilla de la inteligencia”. Desde hace un tiempo, su oferta invade la web, lo que puso en alerta a agencias reguladoras de la región. Es que como sucede con Focus X (popularizado como “el Viagra del cerebro”), nadie puede garantizar que su uso sea inocuo, más allá de si existen o no pruebas que respalden su promoción. Esta semana, en la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías médicas (ANMAT) alertó que el uso del fármaco “está prohibido”, porque muchos de sus ingredientes no cuentan con su autorización. Además, resaltó que la publicidad que se hace del producto “es fraudulenta”.

Brain Plus IQ aparece en los cuestionados avisos como un suplemento dietario que permite mejorar “la inteligencia, la concentración, la memoria”, además de aportar “energía y claridad mental”. Su venta a través de Internet es un boom en la región, y en el país se puede adquirir por valores que van de los 30 a los 50 dólares el frasco, según la promoción. Ante la constante publicidad del producto, la ANMAT advirtió a la población sobre los peligros del consumo de este producto.

“En virtud de las consultas recibidas para la autorización de ingreso al país para uso personal del producto de Brain Plus IQ, categorizado en origen como suplemento dietario, la ANMAT informa a la comunidad que el mismo no se encuentra registrado en la República Argentina”, aseguró la agencia reguladora, mediante un comunicado. Según se explicó, luego de haber sido evaluada la información disponible “se determinó que este producto contiene ingredientes que no se encuentran autorizados en la regulación vigente para el uso en suplementos dietarios como la hierba de San Juan, Bacopa Monnieri, Dimetilaminoetanol (DMAE) y Vinpocetina”.

Además, La ANMAT reconoció que “se desconoce su procedencia”, y puso énfasis en que se vende a través de sitios web del exterior. “Las declaraciones contenidas en los sitios web que promocionan el producto, acerca de que éste contribuiría a producir mejoras en las funciones cerebrales como la memoria, la concentración y la inteligencia, resultan engañosas”, sostuvo el comunicado de la agencia reguladora.

Por esta situación, el producto no se encuentra autorizado en la Argentina, ya que la ANMAT “ha denegado las solicitudes de ingreso al país para uso personal”. “Se recuerda a la población no adquirir ni consumir productos de procedencia desconocida debido a que, en esas circunstancias, no puede garantizarse su calidad y seguridad”, concluyó la agencia. En la región, varios países ya prohibieron su uso, como Colombia, a través de su Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Productos como este fármaco son publicitados constantemente en Internet. Desde hace un tiempo existen avisos sobre el llamado “Viagra del cerebro”, un suplemento llamado Focus X que se presentan como “estimulantes de áreas de procesamiento de información y de memoria a largo plazo”. Según se advierte en la publicidad, el producto se compone de elementos naturales y orgánicos.

Fuente; Mirada Profesional

miércoles, 4 de mayo de 2016

Organizaciones argentinas pidieron por el acceso a los medicamentos en audiencia en Nueva York

Convocada por la ONU, busca crear un documento sobre la problemática del Sida y otras enfermedades. Para las entidades locales, se debe incluir un compromiso para que los estados aseguren el acceso universal a fármacos, a precios asequibles. Critican el fuerte lobby de la industria farmacéutica contra este tipo de propuestas. 

El mes pasado, la ONU llamó a lo que se denomina Audiencia de Sociedad Civil, donde entidades de todo tipo proponen cuestiones relacionadas con la próxima sesión de la entidad internacional. En ese encuentro, entidades argentinas propusieron una declaración para que los Estados garanticen el acceso de los medicamentos para tratar dolencias como el Sida o la hepatitis C. Si se aprueba, se mencionaría en la próxima Reunión de Alto de Nivel sobre VIH/sida de la ONU. “Los Estados deben adoptar políticas que aseguren el acceso universal a medicamentos genéricos de calidad”.

Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) y coordinadora general de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), fue la encargada de representar a la Argentina y sus entidades intermedias en la reunión convocada de la ONU, realizada en abril en la ciudad de Nueva York. Allí, se pidió incorporar una declaración sobre acceso a fármacos, para que sea parte de la reunión anual relacionada con el HIV. “Tenemos al alcance la cura de la Hepatitis C, pero los medicamentos son inasequibles. La declaración política de UNGASS debe incluir el compromiso de los Estados de adoptar, hacer uso y financiar el trabajo en salvaguardas de salud que aseguren el acceso universal a medicamentos genéricos de calidad y a precios asequibles”, sostuvo Di Giano en su exposición.

“Debido a los precios actuales de medicamentos, las barreras de propiedad intelectual al acceso y los acuerdos comerciales como los tratados de libre comercio, muchas personas seguirán muriendo y la respuesta a la epidemia no podrá sostenerse”, afirmaron las entidades. En tanto, Di Giano remarcó que “el sistema actual contradice en sus resultados a sus objetivos: no favorece la innovación y el desarrollo y cada vez es más clara la incompatibilidad entre el sistema de patentes farmacéuticas y el acceso a medicamentos. Mientras este modelo garantice la existencia de monopolios y altos precios, se seguirá priorizando las ganancias de las farmacéuticas multinacionales por sobre la salud de las personas”.

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 3 de mayo de 2016

La cuota escolar de una menor con síndrome de down deberá ser soportada por la prepaga

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Mendoza
Fecha: 6 de Abril de 2016

Síntesis: Una empresa de medicina prepaga deberá suministrar cobertura de las prestaciones de educación en el Colegio privado al que concurre la menor afiliada con las limitaciones arancelarias que reglamentariamente correspondan. Considera que debe hacerse prevalecer la contención socio-afectiva lograda por la menor con sus pares y la estabilidad emocional que dichos vínculos generan, a fin de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad en una prestación tan esencial como es la Educación General Básica. No obstante ello, señala la infundada elección de los padres consistente en hacer concurrir a la menor a uno de los colegios más costosos del ámbito educativo provincial, desde los 2 años de edad y luego de cinco años, intempestivamente solicitar el pago de la matrícula cuota a la prepaga.

lunes, 2 de mayo de 2016

Madres argentinas marcharán por el cannabis medicinal en sintonía con la jornada internacional

Madres argentinas que impulsan la legalización del cannabis medicinal para sus hijos que viven con patologías severas, marcharán el próximo sábado en Buenos Aires en reclamo de la regulación de la marihuana.

"Necesitamos que el Estado nos contenga, que el Congreso avance en el tratamiento de la ley que autoriza la investigación y producción del aceite en base a cannabis para nuestros hijos", pidió en diálogo con Télam Laura Alasi, la primera en conseguir autorización oficial para ingresar la medicina al país.

Ella también es pionera en lograr que su obra social compre el producto estadounidense en base a la planta de marihuana, gracias a un amparo favorable firmado por la jueza Graciela Jofré, de Villa Gesell.

Por orden judicial, la obra social de los empleados públicos bonaerense (IOMA) "va a comprar el aceite y también se hará cargo de cubrir el tratamiento de mi hija, algo que no habíamos logrado sin recurrir a la justicia", señaló la mujer.

Aclaró que "aún no me devolvieron el dinero por las prestaciones y todavía no recibí el aceite".

Cada paso para tratar en su hija el síndrome de West, un tipo de epilepsia infantil que provoca convulsiones permanentes, es "agotador", definió la mamá.

Por eso "vamos a marchar el sábado a partir del mediodía en Plaza de Mayo, porque si bien el Anmat -la Administración Nacional de Medicamentos- está autorizando el ingreso del aceite y en IOMA mostraron predisposición y me aceptaron todos los papeles, no podemos vivir envueltos en burocracia".

Laura necesita su tiempo para ocuparse de Josefina y de su otro hijo "para disfrutar nuestra vida junto a mi marido, porque el aceite ha mejorado mucho a nuestra hija. Los médicos están sorprendidos".

Ella no reniega de la medicina tradicional, pero es consciente de que los médicos "también necesitan una ley, ya que algunos tienen temor cuando les decimos que estamos suministrando medicamento cannábico".

"Somos 'mamás coraje', todo lo vamos haciendo solas: necesitamos sentirnos acompañadas e involucrar a la sociedad", compartió la mujer que disfruta contar los avances de Josefina desde que el aceite en base a cannabis acompaña el tratamiento médico tradicional de la niña de tres años.

Anoche, el Senado de Connecticut, Estados Unidos, aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales para menores de edad, si bien la decisión final será del gobernador Dan Malloy,  para saber si se sumará a la lista de 23 estados que tienen leyes que permiten el consumo médico cannábico.

En Argentina, la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, presentó en marzo último un proyecto en ese sentido que espera a ser debatido en el Parlamento.

Fuente: Télam

jueves, 28 de abril de 2016

Sin límites para votar

El procurador fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich, dictaminó que corresponde revocar una sentencia de Alzada que había mantenido la declaración de incapacidad absoluta y confirmado la denegatoria del ejercicio del derecho al voto de una persona con discapacidad mental. "La capacidad para ejercer su derecho al voto no debió determinarse en forma automática como consecuencia de su declaración general de incapacidad", indicó.

elecciones votoEl procurador fiscal ante la Corte Suprema de la Nación, Víctor Abramovich, estimó que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y así revocar la sentencia de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que confirmó el rechazo al pedido de rehabilitación de H. O. F. y mantuvo la declaración de incapacidad absoluta por demencia en los términos del artículo 141 del Código Civil. La causa se dio en los autos "F. H. O. s/ artículo 152 ter. Código Civil".

En la sentencia, el Tribunal sostuvo que la “inhabilidad para votar del señor H. O. F. responde a lo previsto en el artículo 3, inciso a, del Código Electoral Nacional, "en tanto excluye expresamente del padrón electoral a "los dementes declarados tales en juicio".

De este modo, la Cámara consignó que esta norma “no fue derogada sino complementada por la Convención Americana de Derechos Humanos -aprobada por ley 23.054-, la Ley Derecho a la Protección de la Salud Mental-26.657- y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada por ley 26.378-“.

Asimismo, los vocales explicaron que “si bien el artículo 29 de ese último instrumento establece que los Estados parte deben asegurar el voto de las personas con discapacidad, dicha cláusula es aplicable a los diversos supuestos de discapacidad física y mental previstos en el artículo 1, párrafo 2°, de la convención, excluidos los supuestos de dementes declarados tales en juicio”.

Contra dicha posición, la curadora pública afirmó que “promovió la rehabilitación de H. O. F. motivada por los resultados de diversos informes sociales 1 e interdisciplinarios que daban cuenta de los avances y mejoras en su salud psicofísica”, y si bien requiere supervisión, “es una persona autónoma, que se hace entender, que podría prestar su consentimiento informado, que comprende situaciones cotidianas y que ha expresado su deseo de votar”.

Por otro lado, señaló que “no se puede excluir a su representado del sistema electoral sin antes corroborar si cuenta o no con discernimiento para emitir su voto y que, en caso de detectarse alguna dificultad para el ejercicio autónomo de ese derecho, se debe implementar un sistema de apoyo de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En consecuencia, el procurador opinó que el recurso extraordinario “ha sido bien concedido en tanto, si bien la resolución apelada no configura sentencia definitiva en sentido estricto, su palmaria virtualidad para generar perjuicios de muy difícil o imposible reparación ulterior autoriza a reputarla como tal, en tanto cancela la posibilidad de que el señor H. O. F. pueda ejercer su derecho al voto”.

“La capacidad de H. O. F. para ejercer su derecho al voto no debió determinarse en forma automática como consecuencia de su declaración general de incapacidad, en los términos del artículo 141 del Código Civil, y de la aplicación del artículo 3, inciso a, del Código Nacional Electoral, reproduciendo el viejo modelo de incapacitación”, subrayó el dictamen.

Por el contrario, Abramovich manifestó que “debió decidirse a la luz de los principios y garantías inherentes al modelo social de la discapacidad adoptado por la Constitución Nacional y las normas legales reglamentarias que imponían realizar una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad de H. O. F. para votar, y designarle apoyos en caso de concluir que presentaba alguna dificultad para el ejercicio autónomo de ese derecho”.

En este sentido, el procurador recordó la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la cual produjo “un cambio profundo del enfoque acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental”.

“Se abandonó el sistema de sustitución y subrogación de la voluntad, y se lo reemplazó por un modelo social de la discapacidad que las concibe como titulares y sujetos plenos de derechos, reconociendo en el artículo 12 de ese instrumento internacional que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás y que se debe disponer un sistema de toma de decisiones con apoyos y salvaguardas proporcionales y revisables periódicamente”.

A su vez, aludió que “este modelo ha sido consagrado con mayor amplitud en el Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-, que reconoce que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y que la limitación de la capacidad para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y se impone en beneficio de la persona”.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional, Abramovich aseveró: “El actor es capaz para ejercer el derecho al voto y su restricción es de carácter excepcional”.

“Las personas con discapacidad mental han sido objeto de una exclusión sistemática del cuerpo electoral y la discapacidad mental ha sido considerada históricamente como un factor determinante para negar el ejercicio de la ciudadanía política. Esa exclusión, como otras que han sido referidas, tiene un doble aspecto pues afecta a quienes resultan marginados pero también al pueblo en su conjunto, debilitando la representación y el sistema democrático”.

Para el procurador, “el modelo social de la discapacidad que adopta la Constitución obliga a todo el aparato del Estado a avanzar gradualmente en la superación de las barreras sociales, culturales y jurídicas que impiden la plena participación de las personas con discapacidad mental en el proceso electoral”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo