miércoles, 24 de agosto de 2016

Fallo sobre cobertura del costo del ciclo lectivo a favor de niño con discapacidad

Resultado de imagen para martillo juezPartes: “F., N. V. v. OSDE s/ incidente de apelación”, C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala I, (24/05/2016)


Cobertura del costo del ciclo lectivo: niño con discapacidad



Fuente: DPI Cuántico

viernes, 19 de agosto de 2016

Ordenan a obra social cubrir tratamiento de fertilización asistida

Disponen tratamiento a una mujer soltera por parte de una obra social.

La Justicia de ROSARIO ordenó a la Obra Social del Estado Provincial de Santa Fe (Iapos) pagar el tratamiento de FERTILIZACIÓN ASISTIDA a una mujer de 46 años, soltera y sin pareja conviviente, que había sido rechazado por la prestataria aduciendo el estado civil de la peticionante, informaron fuentes judiciales. Se trata del tercer fallo consecutivo que hizo lugar a un recurso de amparo presentado en contra Iapos en un mes para casos idénticos.

El primero se conoció el lunes 1 de agosto a favor de una mujer de 38 años, tres días después, el 3 de agosto, falló a favor de otra de 43 años, y hoy el juez en lo Civil y Comercial, Pedro Boasso hizo lugar al amparo presentado por una mujer de 46 años soltera y sin pareja conviviente.

Al hacer lugar la demanda y ordenar a la obra social de los empleados públicos santafesinos-Iapos- hacerse cargo de los costos del tratamiento en un 100 por ciento, el Juez rechazó la estrategia de la prestataria que argumentaba razones vinculadas al estado civil de la demandante y consideró "que tales limitaciones no son consideradas en la ley de fertilización asistida vigente". El juez en la resolución añade, "que la salud es un derecho de primerísimo nivel, unido de manera indisoluble a la vida".

Fuente: El Tribuno

jueves, 18 de agosto de 2016

Hay una decisión política del Estado con el fin de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria

El STJ de Jujuy ratificó el rechazo al reclamo de una madre que no quería vacunar a sus hijos porque prefería utilizar un modelo homeopático. Los jueces señalaron que hay “una decisión política del Estado” con el fin “de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria”.

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy falló en favor de la Ley 22.909 que impone la vacunación obligatoria, y de esa forma rechazó el amparo de una mujer que se oponía a la vacunación compulsiva de sus hijos.

Los jueces Laura Nilda Lamas González, José Manuel del Campo y Clara Aurora De Langhe de Falcone rechazaron el recurso interpuesto por la Defensora de Menores en autos “F. S. DE B., Ñ. y R.N. S. DE B. en Situación de Riesgo“ contra la sentencia de Cámara de Apelaciones y Control que desestimó el pedido.

La madre justificó su pedido en la existencia de un Plan Alternativo de Inmunización de una medicina basada en el modelo “homeopático”, que garantizaría – a su juicio- “igual resultado que el que ha inspirado la sanción de la Ley Nº 22.909”.

El Tribunal había justificado el rechazo con fundamento en que sólo fue formulado por uno de los progenitores, y que la oposición a la vacunación “entraña la decisión conjunta de ambos progenitores”, quienes “con unidad de criterio”, deben demostrar “que están optando por el camino más apto e idóneo para la salvaguarda de la integridad psicofísica de su descendencia”.

Los integrantes del Alto Tribunal provincial coincidieron con esa tesis, partiendo de la premisa de que el Estado Nacional “ha establecido una política de vacunación obligatoria y gratuita en la primera infancia, para combatir las enfermedades prevenibles por ese medio”.

El STJ puso foco en el contenido de la Resolución Nº 2162/2012 del Ministerio de Salud de la Nación, que declara que “se han actualizado los conocimientos sobre las vacunas en el país ajustadas al máximo nivel de evidencia científica, destacándose las que forman parte del calendario Nacional de Vacunación, que ha crecido en los últimos años hasta llegar a 16 vacunas gratuitas y obligatorias, contribución fundamental para la eliminación de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénito”.

Según el fallo, la materia en discusión versaba sobre la obligación que pesa sobre el Estado – Nacional y Provincia- en su carácter de Garante de la Salud Pública, y los alcances del derecho constitucional a la salud.

“Consecuentemente, no cabe duda –entonces- que hay una decisión política del Estado Nacional y Provincial al respecto, con el fin de proteger el interés del niño que se traduce en la vacunación obligatoria, seguido de los demás controles correspondientes”, aseguraron los magistrados.

El fallo del Superior Tribunal tiene en cuenta el contexto familiar en el que se encuentran los niños, haciendo mención a un expediente de protección de persona del que se desprende “que los infantes crecieron en un ambiente con potencialidad para causarles daños físicos y psíquicos, sin que se les proporcionara la contención médica mínima”.

“Tampoco contaron con una residencia estable e independiente, menos aún, con medios suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas, dependiendo de la ayuda de distintos familiares. Más aún, en el caso particular de Ñ., las profesionales intervinientes constataron signos compatibles con negligencia de cuidado, higiene y contención respecto del mismo, lo que ratifica las condiciones de riesgo en la que se vieron involucrados ambos menores”, agregaron los jueces.

El Máximo Tribunal provincial no tuvo dudas al respecto y consignó que ese cuadro de situación “ evidencia la ineludible obligación del Estado de intervenir no solo de forma preventiva, sino brindando asistencia activa a los niños para suplir el ejercicio irregular de la responsabilidad parental por parte de la madre de los infantes” quien “ha incumplido deliberadamente” con las obligaciones que emanan del régimen de vacunación obligatoria “y que redundan en un perjuicio concreto a los niños”.

“La obligatoriedad del régimen de vacunación, se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, pues, la vacunación no alcanza sólo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los contagios en la población”, concluyó el Superior Tribunal.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

miércoles, 17 de agosto de 2016

Por primera vez una obra social provincial incluirá el aceite de cannabis en su vademécum

Un proyecto en la legislatura local establece que la obra social de Chubut SEROS incluya el aceite de Charlotte a la lista de medicamentos con descuento. Así se convierte en la primera en incluir entidad estatal en incluir este tratamiento para sus afiliados. A nivel nacional, avanza el proyecto para estudiar los efectos medicinales de la marihuana.   

Cada día, se abren en el país nuevos espacios para la investigación y el uso de los medicamentos a base de cannabis, una tendencia mundial que se instaló hace unos meses en la Argentina, producto del caso de una niña cuya familia logró la autorización para la importación legal del producto. Mientras que se autoriza el estudio de varios de los tratamientos más prometedores, se buscan vías oficiales para que algunos de ellos, sobre todo el aceite usado en casos de epilepsia pediátrica grave, pueda usarse sin riesgos y a bajo costo. En este camino, la obra social de Chubut se convertirá en la primera entidad pública en incluir este aceite en su vademécum. Para eso, los diputados locales aprobaron ayer un proyecto presentado en la cámara baja, que abre la puerta a esta medida inédita.

La iniciativa del diputado y titular de la comisión de salud Gustavo Fita se convirtió ayer jueves en ley, gracias el apoyo de sus pares. El objetivo es que la obra social local SEROS incluya el denominado aceite de Charlotte, que se usa para casos graves de epilepsia en niños, en la lista de fármacos con cobertura. Así, la entidad será la primera de su tipo que da este paso.

Fita adelantó al diario local La Jornada que “hoy se aprobará en la Cámara para que se incorpore al vademécum de SEROS. “En Chubut hay 40 personas que están sufriendo una patología que le sirve el aceite”, sostuvo. Marcó su disidencia respecto a la postura de Claudio Mate, titular de la Agencia contra la Drograpendencia, respecto a la despenalización: “no podemos permitir que la gente ande a escondidas con un aceite para mejorar su salud, se debe transparentar esta situación porque no hay nada de malo”.

En su artículo 1, la ley determina la incorporación al Vademécum de Salud Pública de la Provincia al “Charlotte Web” (aceite de cannabis), “para el tratamiento del síndrome de Dravet (epilepsia) y otras patologías que crea conveniente el Ministro de Salud de la Provincia”. Este punto permite que el medicamento tenga que ofrecerse en todos los hospitales públicos de la provincia. A su vez, el artículo 2, establece la incorporación dentro de la obra social SEROS. Además de que en el punto 3 se pone como autoridad de Aplicación al Ministerio de Salud. El Ejecutivo tendrá un término de 90 días para reglamentar la ley.

A nivel nacional, este tratamiento y otros a base de la droga comienzan a ser parte de la salud pública. En este sentido, la Comisión de Salud aprobó por unanimidad ayer el proyecto de la diputada del Partido Socialista, Gabriela Troiano, para la investigación y producción de cannabis medicinal en las universidades nacionales. "Se asocia con fumarse un porro, pero no es eso. Esto es un medicamento", dijo Troiano. "Estamos planteando la parte medicinal, es decir, un fármaco. Apuntamos a la extracción de las sustancias que dentro de la planta son beneficiosas para determinadas enfermedades", sostuvo.

La epilepsia refractaria ataca a los niños y para la familia es terrible porque no responden a ninguna medicación –indicó–, lo único a lo que responden es al cannabis medicinal. "También se usa para casos de esclerosis múltiple, para el tratamiento de HIV y tratamientos infecciosos. Además, la marihuana permite la desinflamación", argumentó.

Sobre el proyecto precisó: "Plantea que la ley de Salud Pública pone a las universidades como jerarquía en la investigación. Además, la ley de Psicofármacos y la ley de Estupefacientes también plantea la excepción de la penalización a quienes investiguen para la producción de medicamentos". Y justificó: "Cuando hablamos de medicamentos, tiene que haber un equipo de salud (médicos, bioquímicos, farmacéutico) por eso nos parece bueno que sea la universidad la que esté a cargo de esto, porque integran todas las profesiones".

Fuente: Mirada Profesional

martes, 16 de agosto de 2016

Colombia: si no se opone en vida, usted será un donante de órganos

La Ley 1805 convierte a todo colombiano adulto en donante en potencia. 

Las instituciones autorizadas pueden usar los órganos y tejidos de un cadáver, excepto cuando la persona, en vida, haya manifestado su negativa.Diferentes opiniones ha generado la Ley 1805, sancionada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos, que convierte en donantes de órganos y tejidos a todos los colombianos que no hayan expresado en vida su negativa a serlo y que, además, deja a la familia por fuera de estas decisiones.

Si bien la figura de la presunción legal de la donación está vigente en el país desde 1988, de acuerdo con el representante Rodrigo Lara, ponente de la ley, la nueva norma la ratifica sobre el precepto de que un tercero, así sea familiar, no puede modificar la voluntad de una persona que en vida tuvo toda la libertad para expresar su negativa a la donación y no lo hizo.
  
Este argumento pretende revertir la tendencia creciente de las familias de oponerse al uso de los órganos de sus muertos, pues según la Red Nacional de Trasplantes, ha aumentado de más del 11 por ciento en menos de dos años.

De igual forma, Alejandro Niño, expresidente de la Asociación Colombiana de Trasplantes, dice que con esto también se pretende resolver la crisis de donación de órganos en el país, cuya tasa es hoy de 7,2 donantes por millón de habitantes, una de las más bajas de América Latina, ya que en promedio alcanza 23 donantes por millón de habitantes.

Todo, en palabras del viceministro de Salud Fernando Ruiz, para atenuar el sufrimiento y la angustia de más de 3.000 personas que esperan un órgano en una lista que crece cada año. Ruiz, que además de ver la medida como algo que el sistema de salud estaba necesitando, no duda en calificarla como un precepto de avanzada que acerca el tema de la donación de órganos a todas las personas, sin distingos y sin importar la decisión que tome, “algo muy trascendental desde el plano cultural”.

Pero otra cosa piensa, frente a este potencial cambio cultural, la hermana María Inés Delgado, trasplantada de hígado hace 20 años y vocera de los pacientes renales y hepáticos en Colombia, quien no duda en respaldar la ley, pero le antepone las limitaciones promovidas por las creencias de las personas y el peso, indiscutible, que tiene la familia en una sociedad como la colombiana a la hora de tomar decisiones que tocan temas tan difíciles como la muerte.

En ese sentido, personas como el comunicador Luis N. Galvis dicen que “el cuerpo merece un entierro natural, sin mutilaciones forzadas, porque si la Biblia resulta cierta, las partes que queden después de la descomposición normal van a ser necesarias”, argumento con que ha orientado a su familia para que no entreguen sus órganos y se muestra partidario de que todas las personas lo expresen ante quien sea antes de morir. Por supuesto, la ley le parece una “real aberración”.

Calificación que choca de frente con las esperanzas de Iván Pardo, que desde hace 5 meses espera un riñón para lograr separarse de la máquina de diálisis a la que tiene que conectarse tres veces por semana. “Esta ley llega como caída del cielo, porque nadie se imagina lo que es estar pendiente, día y noche, de un teléfono con la ilusión de que la llamada que entra es para decirnos que ya tengo el riñón que necesito para seguir viviendo”, dice Pardo, mientras se le quiebra la voz al decir que ojalá la gente entienda que donar un órgano es donar vida.

Por su parte, en el sector salud existen muchas inquietudes sobre la forma cómo la reglamentación de la norma dará las guías administrativas y operativas para llevarla a la práctica. Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que agrupa a la mayoría de las EPS del contributivo), califica la presunción de donación como un gran avance para toda la población. Sin embargo, considera que los aspectos financieros y ejecutivos deben quedar muy claros, en momentos en que la salud atraviesa por una crisis de recursos. “Costos, tarifas, financiación y demás aspectos no deben convertirse en una barrera, por lo que urge definirlos con precisión”, dice Arias.

En eso coinciden los pacientes de alto costo que a través de su vocero Néstor Álvarez consideran de gran beneficio todos los aspectos de la ley, sobre todo que pone en cintura la posibilidad de que los extranjeros con dinero se beneficiarán de los órganos donados por los colombianos. “Eso quedó muy bien, lo que queda es que se eduque a toda la gente para que sepa que es donante para que no haya sorpresas”, insiste.

Mientras el viceministro Ruiz Gómez ve la ley como una de las más audaces y completas en el mundo, Luis N. Galvis insiste en que esta impide tener un cuerpo íntegro para cuando llegue la resurrección.

‘La vida se mide en minutos’

“Tenerlo sería más que ganarme una lotería”, dice Iván Pardo, un periodista de 56 años que desde hace 5 meses espera por un riñón que le permita desprenderse de la máquina de diálisis, a la que tiene que conectarse cada día de por medio, y poder llevar una vida normal.

Mantener su teléfono celular con la batería cargada y con el sonido del timbre en lo más alto se le convirtió en obsesión, tanto que no se aparta de él ni para ir al baño, porque tiene la ilusión de que en cualquier momento lo llamen para anunciarle que alguien le ha dejado el órgano que necesita.

“He soñado con eso varias veces y algunas noches me he despertado angustiado y con la sensación de que no escuché la llamada”, dice Pardo. Ha aprendido a respetar a los muertos y no le preocupa ni le angustia de quién pueda provenir el anhelado riñón, por el contrario, considera a los donantes y sus familiares como parte de su familia.

“Dar una parte de ellos, para que otro pueda vivir, es el mayor gesto de humanidad que alguien puede tener”. Se queja del sinnúmero de trámites que tienen que enfrentar las personas de su condición para ingresar a la recta final de un trasplante, porque lo de la espera es apenas una parte del proceso.

“Las cosas son tan difíciles que pedir una cita, solicitar un examen y hasta la vuelta más sencilla terminan siendo una tortura. Parecen hechas a propósito para que uno se aburra”.

Con la debilidad que dejan 4 horas de diálisis, dice que la nueva ley, si se llega a cumplir, es como un regalo caído del cielo y que solo aguarda que la gente entienda que esperar un órgano es como medir la existencia en minutos, donde la única esperanza para poder hablar de mañana con certeza está en que hayan donantes. “Todos podemos necesitar un órgano en cualquier momento, por eso no es equivocado que todos seamos donantes”.

La ley que es un deber conocer

Sancionada el 4 de agosto, la Ley 1805 tiene por objeto consolidar la presunción legal de donación de órganos y tejidos para fines de trasplantes y otros usos terapéuticos. ¿Quiénes son donantes? En adelante todos los colombianos lo son. Eso quiere decir que las instituciones autorizadas pueden usar los órganos y tejidos de un cadáver, excepto cuando la persona, en vida, haya manifestado su negativa.

¿Cómo es la negación? Toda persona puede oponerse a la presunción legal de donación expresando su voluntad mediante un documento escrito autenticado ante notario, y además debe radicarlo en el Instituto Nacional de Salud (INS). También se puede dejar constancia de la oposición al momento de afiliarse a una EPS.

¿Cuál es el papel de la familia? Ninguno en el caso de los adultos. A partir de esta norma, lo único válido es la voluntad de la persona. Si la persona no deja constancia de no ser donante, los familiares no podrán oponerse a la utilización de los órganos o los tejidos. En el caso de los niños, la voluntad de la decisión de la familia sigue teniendo validez.

¿Quiénes pueden disponer de los órganos? Solo las instituciones de salud habilitadas y certificadas por la Red Nacional de Trasplantes.

¿Quién garantiza que todo se cumpla? El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Red Nacional de Trasplantes. También vigila la Supersalud.

¿Y los extranjeros? No se pueden trasplantar extranjeros, excepto que sea residente en el país o que sea cónyuge, compañero permanente (con más de dos años de convivencia) o demuestre grados de consanguinidad, afinidad o parentesco civil con el donante. Prelación. En la lista de espera tienen prelación las personas que hayan manifestado su voluntad de ser donantes y las que no hayan objetado la presunción legal de donación.

Sanciones. El tráfico de órganos o tejidos y el uso y disposición inadecuada de ellos serán castigados con penas entre 3 y 6 años de prisión.

Vigencia. La ley entrará en plena vigencia dentro de seis meses, plazo que tienen las instituciones para adaptarse a la norma.

Fuente: El Tiempo