viernes, 24 de abril de 2015

Peligro en la demora: se ordena a prepaga reestablezca provisoriamente cobertura a paciente que padece varias patologías y que habría omitido declararlas en DDJJ al momento de afiliarse

Causa nº 2.836/14/1/CA1 – “C.N.C. c/ OSDE s/ sumarísimo de salud - incidente de apelación” – CNCIV Y COMFED – SALA III – 16/12/2014

DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGA. Rescisión del contrato de afiliación a paciente que padece hipertensión, diabetes, gastritis, insuficiencia venosa, hepatopatía y psoriasis vulgar. OMISIÓN EN LA DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES DE SALUD DEL PADECIMIENTO DE PATOLOGÍAS PREEXISTENTES. Medida cautelar. SOLICITUD DE REAFILIACIÓN. Tratamiento médico. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. La falta de cobertura pondría en peligro el estado de salud del actor. ADMISIÓN. Se ordena a la empresa prestadora de asistencia médica el restablecimiento provisorio de la cobertura

Resumen del fallo:

“(…) se advierte que la rescisión del contrato de afiliación del actor por la empresa demandada resulta -prima facie- arbitraria, desde que no ha dado una explicación fundada de por qué consideró que el afiliado sabía y omitió denunciar cierta patología.”

“(…) es conveniente proceder a la reafiliación del actor quien padece ‘serio daño en el hígado y se halla bajo tratamiento’, pues la falta de cobertura pondría en serio peligro su estado de salud, de modo de no alterar la situación, hasta que se decida la cuestión de fondo.”

Fallo completo:

Causa nº 2.836/14/1/CA1 – "C.N.C. c/ OSDE s/ sumarísimo de salud - incidente de apelación" – CNCIV Y COMFED – SALA III – 16/12/2014

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014.-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 34 -fundado a fs. 54/78- (concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 53) contra la resolución de fs. 31/32, cuyo traslado fue contestado a fs. 87/89, y

CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) que proceda a reestablecer provisoriamente la afiliación del Sr. N.C.C. y garantizar la continuidad de su cobertura médico-asistencial, contra el pago de las cuotas respectivas y hasta el dictado de la sentencia definitiva.-

Se agravia la demandada por cuanto sostiene que no se ha acreditado la existencia de verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. Arguye que el actor omitió consignar en la declaración jurada de ingreso que padecía "patologías preexistentes" (hipertensión medicada, diabetes tipo II, gastritis crónica, insuficiencia venosa crónica, hepatopatía crónica y psoriasis vulgar) en virtud de lo cual le rescindió su contrato de afiliación.-

II. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., "Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares", LL 1978-B-826; esta Sala, causa n° 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus boni iuris.-

Sentado lo expuesto cabe recordar que el Sr. N.C.C. inició la presente acción con medida cautelar a fin de que OSDE restableciera su afiliación y la cobertura de sus servicios médico-asistenciales, ello frente a la rescisión del contrato por la empresa demandada, con sustento en el falseamiento de la declaración jurada de ingreso suscripta por el afiliado (todo ello acreditado mediante la documental aportada en autos a fs. 4/13). Asimismo obra el intercambio epistolar efectuado entre las partes (cfr. fs. 1/3).-

En efecto, según surge de las constancias del expediente, el actor se afilió a la demandada en el año 2013 (en su carácter de monotributista) y luego amplió su cobertura en marzo del 2014, completando la declaración jurada de ingreso con los datos de los que tenía conocimiento respecto de su estado de salud. Relata que, luego de abonada la cuota, se efectuó determinados chequeos clínicos, a partir de los cuales los médicos tratantes le diagnosticaron "un severo daño en el hígado" por lo cual requiere de tratamiento urgente, hasta la posibilidad de recibir un trasplante. Con posterioridad, en mayo del 2014 recibió una carta documento por la cual la demandada le informó que daba de baja su afiliación, alegando que: "…del análisis comparativo… entre la declaración jurada de su estado de salud… y los datos que poseemos acerca de su real y verdadero estado de salud, advertimos una sustancial diferencia que nos lleva a la creencia que ha existido de su parte una voluntaria actitud de reticencia y ocultamiento de esa verdadera situación de salud…" (cfr. fs. 1) lo cual generó un intercambio epistolar entre ambas partes (cfr. fs. 2/3).-

En cuanto al marco normativo aplicable al caso, como así también el pretendido falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud completada por el actor y que invoca la recurrente, cabe señalar que no sólo no surge de la documental adjunta en la causa tal extremo, sino que, además obligaría a incursionar en un análisis exhaustivo de los términos en los cuales se anudó la relación contractual que vincula a las partes lo que resulta improcedente en el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n ° 5.914/2002 del 30-7-02 y 6402/02 del 1-8-02; Sala I, doctrina causa n° 10.953/05 del 4-5-06), el cual recién se efectuará en oportunidad de decidir sobre el fondo de la cuestión.-

En este sentido se advierte que la rescisión del contrato de afiliación del actor por la empresa demandada resulta -prima facie- arbitraria, desde que no ha dado una explicación fundada de por qué consideró que el afiliado sabía y omitió denunciar cierta patología (cfr. carta documento de fs. 1).-

Desde esta perspectiva, corresponde señalar, en este contexto cautelar, que no son atendibles los argumentos esgrimidos por el apelante para cuestionar la verosimilitud del derecho del actor, por cuanto los extremos invocados en el escrito de inicio y los elementos adjuntados, otorgan sustento suficiente al pedimiento cautelar impetrado. Es por ello que frente a esta situación es conveniente proceder a la reafiliación del Sr. N.C.C. quien padece "serio daño en el hígado y se halla bajo tratamiento, pues la falta de cobertura pondría en serio peligro su estado de salud, de modo de no alterar la situación, hasta que se decida la cuestión de fondo.-

También concurre en la especie el peligro en la demora, configurado por la incertidumbre que apareja para el afiliado la posible falta de asistencia y cobertura de las prestaciones requeridas, con arreglo a las dolencias que sufre (cfr. documental de fs. 9/13).-

Los fundamentos hasta aquí expuestos en cuanto a la verosimilitud del derecho, las circunstancias invocadas por el actor, las constancias obrantes en la causa ya analizadas, la naturaleza del derecho que involucra la decisión de la demandada y el peligro en la demora, convencen al Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, impresionan como más gravosas para el afiliado las consecuencias derivadas del rechazo de la cautelar solicitada, que para la demandada disponer su reincorporación (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n° 5.914/02 y 6402/02 citadas; esta Sala I, doctr. causa 6655/98 del 7-5-99; Sala II, causa 4840/97 del 13-11-97).-

A lo hasta aquí desarrollado, cabe añadir que la solución decidida por el magistrado es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas n° 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).-

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68 del CPCCN).-
"Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18-11-2013, deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-)".-

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).-
Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.-
Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Ricardo Gustavo Recondo

Fuente: elDial.com

jueves, 23 de abril de 2015

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Rechazan demanda por mala praxis por excesiva demora en la consulta por parte de la paciente

Partes: L., K. P. c/ Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (CABA)
Fecha: 19 de Marzo de 2015

Síntesis: Responsabilidad médica. Rechaza la demanda por mala praxis interpuesta por una madre que reclamó una indemnización por los daños y perjuicios provocados a raíz de la muerte de su hija, que la reclamante atribuyó a la defectuosa atención médica de los demandados. Considera que la paciente incurrió en una excesiva demora al retornar a la consulta dieciséis meses después dado que, según la pericia médica, era posible que el cáncer de mama que finalmente causó la muerte de la hija de la actora, se hubiera desarrollado durante ese período de excesiva demora.

miércoles, 22 de abril de 2015

Libertad para reubicar un cadáver

La Justicia en lo CAyT de la Ciudad ordenó al GCBA a que proceda a exhumar un cadáver antes de cumplidos cinco años de su sepultura. “Se encuentran en juego (...) la dignidad de trato y respeto a los difuntos y a los deudos, y a la libertad de éstos de disponer del cuerpo de sus seres queridos”, afirmó el fallo.

La causa se dio en los autos  “T. D. C. M. D. C. F. contra GCBA sobre amparo”, donde la demandante accionó  para que se le autorice la exhumación y posterior traslado del féretro que contiene los restos de quien en vida fuera su madre M. D. C. La agraviada refirió que "su madre falleció el 2 de mayo de 2012 y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Chacarita".

Por su parte, la Dirección General de Cementerios manifestó que “no autorizaría el traslado del cuerpo de mi madre sin esgrimir fundamentación alguna, aunque deslizando que no habiendo transcurrido 5 años desde la inhumación del cadáver, no se encontraban garantizadas las condiciones de seguridad e higiene mortuorias que se encuentran previstas en la normativa vigente para autorizar el traslado del cuerpo”.

En primer término, la magistrada  Patricia López Vergara, subrogante del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad consignó que “dable es concluir que en el caso concreto la acción de amparo resulta ser la vía idónea para dilucidar los derechos constitucionales que la amparista considera vulnerados por el GCBA”. “Se encuentran en juego un derecho personalísimo de la actora, como lo es la dignidad de trato y respeto a los difuntos y a los deudos, y a la libertad de éstos de disponer del cuerpo de sus seres queridos”, afirmó la sentencia.

La Ley n° 4977 regula las cuestiones relativas a la exhumación de cadáveres inhumados en los cementerios públicos y privados en el ámbito de la Ciudad. En el artículo 1° define que la política mortuoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe regirse por los siguientes principios: “ (…) Garantizar la dignidad en el trato y respeto al difunto y a los deudos; Resguardar la oportunidad de entierro digno para todos los habitantes de la Ciudad; Asegurar el respeto por los diversos cultos, religiones, costumbres y creencias; Promover el mantenimiento de la Higiene Ambiental; (…) Incentivar y propender a mejorar la calidad en la prestación de los servicios funerarios públicos y privados”.

Por otro lado, la norma establece una “presunción de que la reducción de un cadáver sepultado en enterratorio se produce en un lapso de tiempo que oscila entre los 3 y los 5 años, pero que dicho lapso puede ser aún mayor, y que se trata de una circunstancia que sólo puede ser comprobada mediante la apertura de la respectiva sepultura”.

“Por otra parte, el propio Gobierno demandado, tanto en la contestación de demanda, como en la da cuenta de que existe un procedimiento para la exhumación de cadáveres antes del vencimiento del plazo de arrendamiento, que consiste en: a) la utilización de elementos de protección para los operarios que efectúan la tareas, tales como barbijos, guantes, ropa especial, etc., y b) la implementación de la exhumación en un horario en el que no haya asistencia de público”, añadió la magistrada.

En este sentido, la sentenciante destacó que “lo concreto es que más allá de estos recaudos que se deben adoptar para exhumar un cuerpo antes del vencimiento del plazo de arrendamiento, lo cierto es que por un lado existe la posibilidad de arbitrar los medios necesarios a fin de preservar cuestiones de salubridad e higiene y que, por el otro, la parte demandada no ha invocado ni acreditado un riesgo sanitario concreto para los operarios, ni tampoco para la salud pública. Por otra parte, la posibilidad de exhumar un cadáver aún cuando no esté totalmente reducido está prevista en la misma norma que se analiza”.

Por eso, concluyó: “Razones humanitarias básicas que no deben ser perdidas de vista al momento de sentenciar confirman que en el presente caso la prohibición –no absoluta- de exhumar un cadáver antes de los cuatro años debe ceder frente al derecho de los familiares del deudo a disponer el modo y lugar en que éstos serán sepultados”.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

lunes, 20 de abril de 2015

La Argentina es el país con más infectados por el parásito del Chagas

Si quedaban dudas del protagonismo que el mal de Chagas tiene en el escenario epidemiológico local, un reciente boletín de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/wer) las despeja: según este trabajo, la Argentina ocuparía el primer puesto en América por el número de infectados con el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad.

Con 1.505.235 personas afectadas, precedería a Brasil y a México, dos países con poblaciones considerablemente mayores, pero que tienen 1.156.821 y 876.458, respectivamente. Los seguiría Bolivia (el país con más alta prevalencia del mundo), con 607.186, y Colombia, con el 45,7% de las personas infectadas de la zona andina.

"Estos registros de la OMS suscitan muchos cuestionamientos porque suelen estar bastante carentes de evidencia que los apoye, no sólo en la Argentina, sino en todos los países -dice el doctor Ricardo Gürtler, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Eco-Epidemiología de Exactas-UBA-. Es un problema general. Pero en nuestro caso se puede pensar que están anclados en números históricamente sólidos, porque entre 1981 y 1993, cuando se examinó a 1.900.000 conscriptos para detectar a los infectados, se calculó que podría haber unos 2.400.000."

Para Gürtler, estas cifras son un toque de atención que merece un análisis detallado. Es más, según su visión, en realidad se trataría de una subestimación y los afectados por el parásito serían aún más.

"Me puse a analizar este estudio porque el número de chagásicos que aparecen en estas estadísticas está bajando demasiado precipitadamente -afirma el científico-. Tanto, que parece que se están yendo a otro planeta. No hay nada que justifique los números de la OMS. Para mí, falta detección."

Transmitido por la vinchuca, el mal de Chagas es una parasitosis hoy difundida en todo el mundo: hay casos registrados en los Estados Unidos, en Europa y hasta en Canadá. En la Argentina se extiende desde Jujuy a Tierra del Fuego.

"Es una enfermedad que hasta hace poco estaba confinada en el continente americano y ahora no tiene fronteras -subraya la doctora Carolina Batista, directora médica de la Iniciativa de Drogas para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas en inglés), que estuvo en el país para coordinar acciones con sus socios locales-. Hay Chagas en Japón, en Australia, en Italia, en Suiza... No sólo por las personas migrantes, sino que también se producen casos autóctonos. Hay vinchucas en toda la región de Texas, Arizona, Nueva Orleáns. Por ejemplo, en la catástrofe del Katrina, la vinchuca, que tenía un comportamiento silvestre y se alimentaba prioritariamente de animales, empezó a colonizar casas y comenzaron a aparecer casos."

Sin embargo, su detección es complicada. La infección tiene una etapa aguda, frecuentemente asintomática o difícil de diagnosticar porque presenta síntomas poco específicos, desde fiebre, malestar, aumento de los ganglios, el bazo y el hígado hasta miocarditis o meningoencefalitis. Este cuadro cede espontáneamente en cuatro a seis semanas, pero sin tratamiento un tercio de los pacientes desarrolla problemas cardíacos graves.

Según explica Batista, sólo en Brasil el Chagas deja más de 1300 millones de dólares de pérdidas anuales por incapacidad laboral y muerte repentina en personas aparentemente sanas. En el país, estas cifras representan alrededor de 1800 millones de dólares anuales en costos para la salud pública y una pérdida anual de productividad de 1500 millones de dólares.

Para Silvia Gold, doctora en bioquímica de la UBA y directora de la Fundación Mundo Sano, que junto con el Ministerio de Salud de la Nación impulsó la producción local del benznidazol, el principal medicamento contra el Chagas, si bien el problema persiste, hay motivos para dar un mensaje positivo.

"Los números que se comunican tienen muy poco respaldo -explica-. Se manejan «millones» con una ligereza tremenda y sin ninguna certeza. Hoy, la Argentina está a la cabeza en número de pacientes tratados. Está lejos de lo ideal, pero se hicieron bien los deberes, hay medicación y hay prueba diagnóstica, que es un análisis de sangre."

El tratamiento contra el Trypanosoma cruzi es gratuito y dura 60 días. Según datos del Ministerio de Salud, el mayor conocimiento sobre la enfermedad llevó a una demanda creciente por parte de los médicos y la población. "Mientras en 2011 la cartera sanitaria nacional entregó 3206 frascos de benznidazol, en 2013 el número ascendió a 8761, un aumento de 173%", afirma una comunicación oficial.

"Es cierto que aumentó el número de personas tratadas -coincide Gürtler-. Lo que nadie sabe es cuál es la proporción de no tratados y no detectados. Para que el tratamiento llegue al millón y medio de chagásicos que podría haber hay que movilizar el sistema de salud pública. "

Gold, por su parte, invita a ver la luz al final del túnel: "Ya superamos varias barreras. Sabemos que hay que tratar a todos los infectados para evitar la progresión de la enfermedad. Disponemos del medicamento. Ésta es una enfermedad que tienen que identificar los médicos de atención primaria. Hay que pensar en el Chagas, y no sólo en las áreas rurales, sino también en los centros urbanos".

Puesta al día del escensario epidemiológico

21

países latinoamericanos

El estudio se basó en información reunida hasta 2010

5.742.167

personas

De acuerdo con las estimaciones, éste es el número de infectados con el Tripanosoma cruzi, el parásito que causa el Chagas

3

naciones

Brasil, México y la Argentina son los que tienen mayor número de infectados.

Fuente: La Nación