Rechazo de demanda contra médico de guardia

M. de B., M. C. G. c/ Clínica Bazterrica y Otros s/ daños y perjuicios” 

CNCIV – SALA B 

Resumen del fallo:

RESPONSABILIDAD MÉDICA. Fallecimiento de una paciente de avanzada edad. Atribución de responsabilidad al médico de guardia que la había atendido con motivo de una consulta por padecer dolores de pecho y espalda. PERICIA MÉDICA que determina la “omisión negligente” del médico. VALORACIÓN. APARTAMIENTO. Empleo de calificaciones del ámbito jurídico. Manifestaciones que exceden de su labor y especialidad médica. Ausencia de análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos. Incumplimiento del art. 472 del CPCCN. Paciente de ochenta y siete años de edad, que se encuentra expuesta a fallecer en cualquier momento, por múltiples razones. Ausencia de relación causal entre la atención recibida por la paciente y su deceso posterior. Principio de defensa en juicio. Regla del debido proceso. RECHAZO DE LA DEMANDA

“Se observa en la experticia manifestaciones preocupantes que exceden su labor y los conocimientos de la especialidad que ostenta; ya que realiza calificaciones y emplea términos que son propios del mundo jurídico. Tal es el caso de lo que se asienta cuando se imputa al Dr. T. haber actuado con `negligencia e imprudencia´ y que tuvo una `omisión negligente´; lo cual, desde luego, son afirmaciones que están reservadas al juez –o en todo caso pueden ser imputadas por los letrados—pero jamás deberían estar en boca de un auxiliar de la medicina. Al mismo tiempo, estas mismas apreciaciones se debilitan cuando al responder la experta a las observaciones del demandado, señala que `el haber leído y estudiado previamente esta nueva historia clínica podría haber tenido la perito médica probablemente otra contestación a los puntos periciales…´”

“Han transcurrido ya, lamentablemente, más de ocho años de pleito y, para mi criterio, en los presentes obrados se presentan elementos para decidir; sin necesidad de requerir a los expertos que nos digan cuál era la conducta médica adecuada en situaciones como las planteadas en autos. Y ello es así porque en la especie estimo innecesario conocer cuál sería el dictamen cuando –de todas maneras y lo anticipo desde ya— el reclamo no puede prosperar. Lo explicito más claramente, la demanda debe ser rechazada aunque por hipótesis una experticia dijera que el Dr. T. tenía que haber tomado más recaudos de los que tomó efectivamente en la oportunidad que examinó a la fallecida.”

"En este expediente no se comprueba, ni por asomo, vínculo causal alguno entre la atención que recibió la Sra. M. de M. y su deceso posterior; y no hay experticia seria, presente o futura, que en este caso lo pueda acreditar (salvo, quizás, que se proceda a la exhumación del cadáver). Obsérvese que la relación causal ni siquiera se puede estimar de una manera presuntiva; pues –digámoslo sin rodeos—una persona de 87 años está expuesta a fallecer en cualquier momento, por múltiples razones, sin que su deceso pueda realmente sorprender; más allá del natural dolor que ocasionará a sus familiares."

“Ninguna probanza se ha glosado para sustentar las afirmaciones de la pretensora; situación que viene a definir la suerte de la demanda. En definitiva, es el principio de defensa en juicio y la regla del debido proceso — de rango constitucional (art. 18 CN)— lo que me conduce a la solución que he de auspiciar.”

Fuente: El Dial

Fallo completo:

"M. de B., M. C. G. c/ Clínica Bazterrica y Otros s/ daños y perjuicios" – CNCIV – SALA B – 24/04/2013

//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de Abril de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: "M. de B., M. C. G. c/ Clínica Bazterrica y otros s/ daños y perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 352/360 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 352/360, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por doña M. C. G. M. de B. contra el Dr. M. A. T. y, en consecuencia, condenó a éste al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y las costas del proceso.

La causa tiene su origen en la demanda de fs. 33/57 por mala praxis médica. En dicha oportunidad, la pretensora narró que el 12 de abril de 2003 concurrió a cenar con su madre –la fallecida M. I. M. de M., de 87 años de edad—y otros familiares, a un restaurante de esta Ciudad. En tal encuentro, la citada progenitora de la actora se quejó de padecer dolores en su pecho y espalda, por lo que la trasladaron a la guardia del servicio de emergencias de la Clínica Bazterrica;; lugar en el que fue atendida por el aquí demandado Dr. T.. Afirman que el mencionado galeno no realizó ningún diagnóstico ni presuntivo ni diferencial, como tampoco un estudio semiológico de la paciente; más allá de un Electrocardiograma cuyo resultado le negaron a entregar. Se dispone luego su alta, por lo que en la madrugada aquella regresa a su domicilio. A las pocas horas –las 11.15 del 13-4-23 según el la partida de fs. 31—acontece el fallecimiento de la Sra. M. de M.. Por ende, atribuyen al profesional accionado la responsabilidad por ese deceso.

II. Los agravios. Orden de las cuestiones

Contra el antes mencionado pronunciamiento de autos, planteó sus quejas el emplazado T. a la luz del escrito agregado a fs. 376/382; las que merecieron la respuesta de la actora a fs. 383/387.

El recurrente, por un lado, entiende que la juez tenía que haber dado por concluido el juicio –sin condena alguna-- en función del acuerdo transaccional de fs. 209/211 celebrado entre la pretensora y los restantes emplazados. En tal sentido, invoca los arts. 853 y 707 del Código Civil, mediante los cuales se dispone que la transacción efectuada con los otros co-demandados extinguen las obligaciones para todos los deudores.

Por otro lado, el apelante cuestiona la responsabilidad que le atribuyó la sentencia en crisis. Afirma que al momento en que se le efectuó la consulta en la Guardia de la Clínica el dolor de la paciente no () estaba presente; no obstante lo cual se le realizó un Electrocardiograma cuyo resultado arrojó que no presentaba alteración del Segmento ST; por lo que no se evidenciaba signos de isquemia miocárdica. Que el alta fue dada ya que, en esos casos, y en atención que durante toda su permanencia en el Sanatorio la Sra. M. de M. no presentó ninguna molestia, no correspondía practicarle otros estudios. Asimismo, el quejoso hace hincapié en las severas contradicciones que contiene la experticia practicada en autos, destacando que se desconoce cuál fue la causa de la muerte de la paciente. Por último, al postular la ineficacia de la labor pericial efectuada en la causa, requiere de esta Alzada que se ordene la realización de una nueva experticia por el Cuerpo Médico Forense.

En primer lugar, me ocuparé del encuadre jurídico del tema, estableciendo los lineamientos que he de seguir en el presente voto. En segundo término, trataré en detalle las quejas del encartado.

III. Encuadre jurídico en relación a la responsabilidad de los médicos

A los fines de la responsabilidad que se imputa en los presentes actuados, resulta primeramente indispensable expresar cuáles han de ser los criterios jurídicos que se han de aplicar. En efecto, en lo que se refiere a los médicos, el eventual obrar culposo se juzgará conforme a los parámetros previstos en los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil. Sobre esta cuestión, cabe precisar que si bien la culpa se apreciará en concreto, en tanto que se analiza el accionar del obligado en función de los hechos acontecidos y demás circunstancias, de todas formas podría sostenerse que nuestro sistema en materia de culpa es mixto en buena medida, dado que se confronta la actuación concreta del agente con un tipo abstracto; en el caso, cómo hubieran desempeñado su labor médicos prudentes. Vale decir que, para juzgar la diligencia o negligencia en un comportamiento, la comparación se realiza con un modelo que, por supuesto, no existe en la realidad y debe ser imaginado (ver Trigo Represas, Félix Alberto, "Responsabilidad civil de médicos y establecimientos asistenciales", LL, 1981 D 133)).

De lo delineado se desprende, en consecuencia, que la obligación que asumen los médicos en sus prestaciones es de medios, y no de resultado, en atención a que el galeno no es un garante de la salud del paciente. Por otra parte, la ley 17.132 prohíbe a los profesionales "anunciar o prometer la curación" y "anunciar o prometer la conservación de la salud" (art. 20, incisos 1? y 2?).

Sin perjuicio de lo descrito, es necesario aclarar que la diligencia y pericia que se exigirá a los médicos presentará ribetes especiales. Es que si bien hace ya más de un cuarto de siglo fue destacado que la ciencia médica tiene sus limitaciones y que siempre existe un álea que puede escapar a las previsiones más prudentes, se subrayó de todos modos que cuando está en juego la vida o la salud de las personas hay una natural predisposición a juzgar con rigor la actuación profesional (ver CNCiv., Sala E, 19 12 1977, LL, 1979 C 20, voto del Dr. Néstor D. Cichero).

Dado entonces que la diligencia de los médicos se ha de apreciar con un criterio severo, se advertirá que en esta materia no se han de excluir las "culpas pequeñas". Ello es así porque -como se dijo- al intervenir valores tan trascendentes, la menor imprudencia, negligencia o descuido más leves, tendrá una dimensión especial que le ha de conferir una singular gravedad; susceptible de desencadenar la responsabilidad profesional. Esto significa que lo que se ha de exigir es una diligencia máxima teniendo en cuenta la mayor capacidad de previsión del profesional; el que en todo tiempo debe tener una posición de prevención, con el deber de adoptar todos los recaudos que resulten indispensables para atender a la seguridad del paciente (ver CSJN, 13-10-89, "Amante c. Asoc. Mutual Transp. Automotor", ED, 136-679 , y JA 1990-II-126; esta Sala, "Simone de Del Moral, Emilia Rosa y otros c/ Granja, M. Angel y otro s/ daños y perjuicios" , del 18-03-2008, Expte. Libre N?488.465, JA, 2009-I, LLonline; íd., íd., "Martin, Alicia Irene c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Daños y Perjuicios", del 18-07-2008, Expte. Libre N?492.538, el Dial AA4B8C, JA, del 5-11-2008; íd., íd., "Berard de Meligrana, M. Beatriz c/ Medicus S.A. y otro s/ daños y perjuicios", del 08-04-2008, Expte. Libre N?472.151, ED, del 3-5-2010, LLonline; íd., íd., "Sinicalco, Elisabet Gladys y otros c/ Clínica Boedo SRL", del 4-3-2009, Expte. Libre N° 502.255; íd., íd., Devita de Varela, Alicia F. c/ Estado Nacional", del 8-9-2009, Expte. Libre N° 518.481; íd., íd., 16-05-2011, "Gutiérrez Salazar, Jaime Ramiro c/ Clínica Bazterrica S.A.", Expte. Libre N° 562.329; íd., íd., "Avalos de Olazábal, Alejo c/IOS", del 21-10-2010, Expte. Libre. 570.202; CNCiv., Sala A, 29-8-1989, "Abraham, Julio c/ Covaro, Jorge A.", libre N? 43.828; CNCiv., Sala H, 21-6-1995, "Gutierrez, M. E. c/ Intermedics", libre N?161.624; CNCiv., Sala A, 10-9-2001, "Romero, María Inés c/ M.C.B.A.", libre N? 307.751; Cám. Fed., Civ. y Com., Sala I, 10-8-84, ED, 111-110 y LL, 1985-A-612, 36.757, S; CNCiv, Sala F, 29-2-2008, "B., J. V. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", JA, 2008-IV, fascículo N? 10, del 3-12-2008, p. 59).

No obstante, y conforme a lo ya anticipado, claro está que la sola existencia del daño no será suficiente para provocar la responsabilidad de los profesionales que se ocupan de la salud. Y aquí entran en juego dos aspectos que deben deslindarse cuidadosamente: la relación causal, por un lado; y la culpabilidad o el factor de atribución, por el otro.

La relación de causalidad -la imputatio facti- se presenta cuando un determinado daño puede ser imputado objetivamente a una persona. Se trata sólo de una cuestión material; sencillamente se verifica una relación causal entre un antecedente y un consecuente y, en función de ella, se determina entonces que el daño acontecido es consecuencia de un hecho determinado (ver Carranza Latrubesse, Gustavo, "Responsabilidad médica y causalidad", LL, 2003-E-1031; Orgaz, Alfredo, "La relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño", LL, "Páginas de Ayer", Nº 4-2003, p. 23 y sigtes.).

La imputatio facti comportaría –en el caso de la práctica médica—la llamada iatrogenia, entendida ésta no como la interpreta cierta doctrina (ver Costa, Enzo Fernando, "La interrupción del nexo causal en la responsabilidad médica", ED, 159-1041), sino en un sentido amplio, como surge claramente del diccionario de la lengua y se corresponde con su etimología; o sea la alteración del estado del paciente producida por el obrar del médico, se deba al caso fortuito o a una actuación negligente del profesional (ver Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, ps. 766 y 842, vigésima segunda edición, Madrid 2001; Moliner, María, "Diccionario del uso del Español", t. II, p. 80, ed. Gredos, Madrid, 1991). Es por eso que si bien toda mala praxis en general lleva implícita una iatrogenia, ésta no necesariamente se ha de producir por aquélla. La patogenia o las consecuencias negativas que sufre el paciente podrán tener origen en su propia predisposición, constitución o sensibilidad; vale decir, en sus factores individuales, de manera que la intervención del galeno lo que hace es disparar o poner en marcha elementos patológicos que hasta ese momento estaban latentes en aquél. No alcanzará pues para responsabilizar al profesional cuando su conducta pueda calificarse de inculpable por haber adoptado todas las diligencias que el caso requería.

Empero, habrá que tener cuidado en delimitar si una consecuencia determinada tiene realmente su causa en el accionar del profesional. Ello en razón de que, a tenor de la directiva del art. 906 del Código Civil, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Causa de un daño es solo aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes (ver Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", novena edición, p. 270, Nº 590; Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", ed. Marcos Lerner, p. 43; esta Sala, 5-4-1999, "Tarrio Cabanas de Ludovico, Mercedes c/ Cabanne, Ana María s/ Daños y Perjuicios", Expte. libre Nº 255.011; íd., íd., 23-11-2005, "Ayam, Alicia Mónica c/ Fernández Humble, Raúl s/ Daños y Perjuicios", Expte. libre Nº 390.230, "La Ley Online", Gaceta de Paz, Año LXXI, n? 3406, 27/4/2006, p. 1 y ss.; Infobae.com, del 13/2/2006; elDial.com AA3133; Uol Noticias, del 13/2/2006).

Por lo tanto, y conforme a lo expuesto, intervendrán en la especie dos perspectivas. Una, si el daño tiene su causa en el obrar del médico; la otra, si ese daño se imputará subjetivamente a su autor. En este último supuesto ingresamos en un ámbito propiamente jurídico, pues hay que investigar si se le impone o no a un sujeto la obligación de reparar el perjuicio sufrido por el otro. Nos hallaremos, por ende, en el campo de la imputatio iuris, en tanto corresponderá resolver si se hace responsable a alguien por el menoscabo de que da cuenta quien articula el reclamo (ver, esta Sala, "Berard de Meligrana María Beatriz c/ Medicus S.A. y otro s/ daños y perjuicios", del 08-04-2008, Expte. Libre N?472.151; íd., íd., "Sinicalco, Elisabet Gladys y otros c/ Clínica Boedo SRL", del 4-3-2009, Expte. Libre N° 502.255; íd., íd., Devita de Varela, Alicia F. c/ Estado Nacional", del 8-9-2009, Expte. Libre N° 518.481).

Con el precedente análisis, en definitiva, deberá verse si la relación causal se presenta en estos obrados; y, además, si fuere necesario, dilucidar la cuestión de la culpabilidad. En la dirección apuntada, entonces, se encaminará mi estudio.

IV. Las experticias en la responsabilidad médica

Merece destacarse especialmente que en este tipo de juicios la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no suele ser una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos "Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.", expte. libre nº 77.257/98, del 8/10/02; íd., "Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps", expte. libre nº 105.505/97, del 20/09/91). La función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que -fundando debidamente su informe- esta actuación, por su peso y envergadura, desplaza por lo regular y quita valor convictivo a otros elementos que no resulten definitorios. Al respecto, es oportuno aclarar que la mera opinión de los litigantes –o lo que abstractamente se haga saber por la vía de la prueba informativa— no puede prevalecer sobre las conclusiones de los expertos, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que las mentadas conclusiones fueron irrazonables. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más adecuada, pues ella es el fruto del examen objetivo de las circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos al dictamen (ver CNCiv., Sala "D", en autos "Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios", expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96. Ver, además, mi anterior voto in re "Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.", del 15/12/2005).

A pesar de lo expresado, corresponde resaltar que las experticias en cuestión se han de evaluar según las reglas de la sana crítica (art. 477 del ritual) y la libre convicción del juez; labor intelectual que tiene que estar sustentada, desde luego, en patrones jurídicos y máximas de experiencia. En este aspecto, téngase presente que las normas adjetivas no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen de los peritos (ver esta Sala, in re "Tarrio Cabanas de Ludovico, Mercedes c/ Cabanne, Ana María", expte. libre N? 255.011, del 5/4/1999).

V. Estudio de los agravios

V.1. El convenio transaccional parcial

El recurrente afirma que el convenio transaccional de fs. 209/211 provocó la extinción de la obligación a su respecto. Hace alusión, como ya lo mencioné, a los arts. 853 y 707 del Código Civil que así lo dispondrían. Invoca la cláusula 08.01 que señala que una vez cumplido el acuerdo "nada más tendrá que reclamar (la actora) a los requeridos y/o citada en garantía, ni a sus dependientes …"; y que él –el actual demandado—es el "único dependiente".

He de proponer al Acuerdo que se desestime este agravio. Aunque por hipótesis se coincidiera con el quejoso de que en el caso él constituye el único dependiente, de todas maneras la solución no ha de variar a mérito de la cláusula 08.02 que, de manera expresa y terminante, establece que la pretensora formula la reserva de su "derecho de continuar la tramitación del juicio referido … contra el restante demandado, Dr. M. A. T. …". Por eso, no corresponde la aplicación en la especie de los mencionados artículos 853 y 707 del Cód. Civil, habida cuenta que éstas son normas supletorias (es decir, no imperativas ni de orden público) y, por ende, pueden ser dejadas de lado en los acuerdos que celebren las partes; que es precisamente lo que ha acontecido

El punto además se define de manera palmaria si advertimos que en la providencia de fs. 213 el juez dispone hacer saber al co-demandado T. no solo el "convenio transaccional parcial acompañado", sino también "el propósito (de la accionante) de continuar con el trámite del proceso". Y bien, notificado al quejoso de esta resolución (ver fs. 214) guarda silencio sin deducir ningún cuestionamiento; de forma tal que no puede venir después a articular la extinción de la obligación. De ahí, en síntesis, que el agravio mencionado no puede prosperar; y en ese sentido he de votar.

V.2. La cuestión de la responsabilidad

Distinto ha de ser el criterio que adoptaré en relación a la responsabilidad que la sentencia de grado atribuye al Dr. T..

Ya anticipé en el acápite IV la importancia que tienen las experticias médicas en este asunto; pero se afirmó también que ellas no constituyen prueba legal y que están sometidas a las reglas de la sana crítica y la libre convicción del juez. Es aquí donde advierto que asiste razón al quejoso en cuanto a los severos cuestionamientos que realiza al trabajo pericial de fs. 247/250, y su complemento que corre agregado a fs. 271/272 (ver fs. 257/259 y 380/381).

En efecto, por un lado se presenta como harto débil la experticia mencionada por las severas contradicciones que contiene; que sinceramente resultan inexplicables. No obstante, antes de avanzar sobre el punto, urge ponerse de acuerdo en la terminología; y entonces, para preservar la defensa en juicio, tomaré las mismas expresiones que emplea la propia actora, cuando hace alusión a la "historia clínica de guardia" (ver fs. 386, tercer y cuarto párrafo) para referirse al documento donde se registra lo que aconteció el día del hecho de autos (y que obra a fs. 16 del Expte. 67.000/2003, que para este acto tengo a la vista); más allá de la posible existencia de otra historia clínica durante todo el tiempo que la Sra. M. de M. fue atendida en los consultorios externos de la Clínica Bazterrica. Por lo demás, es el mismo Oficial de Justicia quien deja constancia que procede "al secuestro de la historia clínica" de la occisa (ver fs. 15 del mencionado expediente sobre medidas preliminares N° 67.000/2003). En suma, en la causa (con todas sus eventuales imperfecciones o supuestos faltantes que se le pueda imputar) existe una historia clínica (repito, así la denomina la propia pretensora); y es concretamente la que corre agregada a fs. 16 de los citados actuados; que, desde luego, debió o debía tener la experta en sus manos cuando emitió su dictamen.

Efectuada la precedente aclaración, vamos pues a las contradicciones de la Dra. L. en su trabajo de fs. 247/250 y 271/272. La perito hace mención a la existencia (y se supone al conocimiento que tuvo) de la historia clínica de guardia o "planilla del servicio de emergencia" a fs. 247 vta. segundo párrafo, donde se señala lo que consignó el Dr. T.. A fs. 248, línea 25, dice la experta "ver constancias en autos de historia clínica presentada por el Sanatorio Bazterrica"; lo que se repite en la línea 33, de la misma foja, cuando afirma "me remito a la historia clínica aportada por el Servicio de Emergencia de Clínica Bazterrica".

En igual sentido, a fs. 249, línea 5, se especifica "ver antecedentes personales e historia clínica presentada en autos". A su vez, a fs. 271, línea 28, menciona la idónea "el diagnóstico presuntivo consignado por el informe de Guardia" (línea 30 de la misma foja 271).

Sin embargo, en los mismos escritos, con gran sorpresa, advierto expresiones opuestas de la mismo perito. Repárese que en las líneas 30 y 31 de fs. 271, la experta dice que el informe de Guardia "no constituye una historia clínica médica"; pero antes –a fs. 248, líneas 25 y 33-- hace alusión a la "Historia Clínica presentada en autos"; con obvia referencia a la planilla del "Servicio de Emergencia", como lo dice textualmente la misma Dra. L..

Las contradicciones siguen porque, aludiendo a lo asentado en la planilla del Servicio de Emergencia, la perito señala insólitamente que no lo ha tenido a la vista. Efectivamente, a fs. 248, líneas 3 y 4, dice que "el perito médico no encuentra constancias en el expediente de historia clínica del Servicio de Guardia"; lo que se reitera en la misma foja, líneas 7 y 8, cuando afirma que "no existe en el expediente historia clínica del Servicio de Emergencias de la Clínica Bazterrica"; lo cual resulta inadmisible cuando ese documento luce claramente agregado a fs. 16 de los autos de diligencias preliminares. Al mismo tiempo, en esa foja 248, línea 16, se escribe "No puedo opinar por no haber encontrado en autos la ficha o historia clínica". A fs. 249, líneas 26 y 27, obra la expresión "No se ha observado en autos la hoja del Servicio de Emergencia, que deberá ser remitido por la Clínica Bazterrica" (sic); mientras después, reitero en una contradicción pasmosa, señala que los datos para contestar los puntos de pericia "fueron extraídos de ese informe de guardia …" (ver fs. 271, línea 29). También, a fs. 248 vta., punto 21, sostiene que "no está en condiciones de hacer un diagnóstico presuntivo, no corresponde sin la historia clínica". La negativa persiste: a fs. 251, líneas 18 y 19, asienta la perito "que no se hallan presentes en autos la historia clínica de la Guardia escrita por el médico tratante Dr. M. A. T." (sic), cuando esa constancia –precisamente manuscrita por el citado profesional—corre agregada a las varias veces mencionada fs. 16 del Expte. 67.000/2003.

Empero, lo lamentable del informe pericial de fs. 247/250 y 271/272 –que ya por lo dicho lo torna sin duda ineficaz— no es solo las contradicciones inexplicables (que, obviamente, oscurecen sobremanera el dictamen y le quitan credibilidad), sino también en cuanto realiza afirmaciones que no tienen sustento alguno en las constancias de la causa; lo cual no es menos severo. Al respecto, observemos que, conforme a la partida de defunción de fs. 31, la Sra. M. de M. falleció de un "paro cardiorrespiratorio no traumático"; de manera que –en verdad—no sabemos qué dolencia le ocasionó a la difunta dicho paro cardiorrespiratorio. Este dato, como después se verá, resulta por demás relevante porque hace, nada menos, que al tema de la relación de causalidad entre el daño que se invoca (la muerte de la madre de la actora) y la atención médica que la occisa recibió por parte del Dr. T..

Pero vamos a las aserciones de la experta que no se vislumbra que tengan asiento en constancia alguna de la causa. A fs. 249, línea 4, y en relación a la paciente de autos (madre de la pretensora), que ya había alcanzado los ochenta y siete años de vida, la perito dice que la fallecida "no tenía otras patologías capaces de producir muerte súbita en forma inesperada". De ningún modo esto se halla acreditado en autos; y la misma Dra. L. señala que no le consta "que se haya procedido a estudiar científicamente la causal del malestar por la que la paciente consultara" (ver fs. 248, punto 13). Y también dijo que existían otras causas de muerte súbita, más allá de las afecciones cardíacas (ver fs. 271 vta., línea 43). Peor aún, incluso no parece que en el caso se haya producido propiamente una muerte "súbita". Obsérvese que a fs. 37 la actora manifiesta que a su madre se le produjo un desmayo (del que no volvió en sí) a las 7 horas; y el fallecimiento recién se produce a las 11.15 horas (ver fs. 31); o sea que transcurrieron más de cuatro horas sin saberse qué pasó con la enferma, pues no hay constancias que en ese período de tiempo haya recibido atención médica.

Más endeble e inexplicable es todavía el informe pericial cuando señala que "a través de los estudios completos se hubiera detectado el infarto agudo de miocardio…" (sic) (ver fs. 249, k). Y lo reitera a fs. 250, líneas 33 y 34, al afirmar que el "infarto agudo de miocardio está dado por la mala interpretación del ECG". E insiste, en fin, a fs. 25 vta., línea 27, cuando emplea la expresión "evaluar el infarto" Vale decir, que la perito –lisa y llanamente—nos dice ahora que la Sra. M. de M. sufrió un infarto agudo; mas no nos explica cómo arriba a esa conclusión; en particular, insisto, porque no se hizo la respectiva autopsia; de forma tal que se ignora por completo cuál ha sido la causa del deceso; más allá que la perito, reiteradas veces, afirmó en el curso de su presentación que no tenía elementos para realizar un diagnóstico preciso.

Tampoco parece una respuesta científica sostener tan livianamente, como lo hace la Dra. L. a fs. 250, línea 34, que hubo por parte del Dr. T. una "mala interpretación" del electrocardiograma; cuando este estudio ni siquiera estuvo en las manos de aquélla. Para colmo, párrafos antes la misma perito dijo que, al no hallarse dicho documento en autos (el ECG sinusal que ordenó practicar el demandado),"no puede corroborar e interpretarlo si es o no normal" (ver fs. 248, líneas 4 y 5); con lo que se comprueba una vez más las gruesas contradicciones del informe; lo cual lo invalidan sin remedio.

Nos sigue sorprendiendo la perito cuando a fs. 250, línea 5, sostiene –provocando desconcierto— que "Es enviada a su domicilio (la paciente) continuando con malestar" (sic). Es que las constancias de autos dicen precisamente lo contrario. Con toda claridad en la historia clínica de guardia o planilla de emergencias se señala que las molestias "no están presentes al examen" (ver fs. 16 del Expte. N° 67.000/2003). O sea, no hay ningún elemento probatorio que certifique que la Sra. M. de M. tuvo dolores o molestias antes de concurrir a cenar con sus hijos (salvo la afirmación unilateral de fs. 34 de que los padecía en el trayecto al restaurant), como tampoco después; cuando fue examinada por el Dr. T..

Asimismo, no deja de ser también llamativa la expresión de la Dra. L. cuando concluye que el apelante "no brindó una asistencia médica diligente y prudencial ni correcta lo que determinó la muerte súbita a las pocas horas del alta médica" (ver fs. 250 vta., anteúltimo párrafo, el destacado me pertenece). Vuelo a decir que estos dichos son sorprendentes en un perito ¿cómo sabe esa profesional que la falta de atención médica adecuada determinó su muerte, y que ésta, además, fue súbita? Dicho de otra manera, ¿cómo sabe que fue esa presunta negligencia médica la causa del fallecimiento? ¿cómo sabe que la muerte fue súbita? Téngase presente, lo reitero, que no hay constancias en los autos –ni siquiera de manera indiciaria—que indiquen que una persona de nada menos 87 años, que fallece a las 11.15 horas del día 13 de abril de 2003, se deba a que no recibió la atención médica adecuada cuando hizo la consulta en la guardia unas diez horas antes; sobre todo porque la paciente no presentaba ya ningún dolor y molestia y no había anormalidades en el electrocardiograma que se le había practicado. Es que la misma experta, reiteradas veces, afirmó que no contaba con los elementos para poder efectuar un diagnóstico de certeza y que al respecto "no podía opinar" (ver fs. 248, línea 16). Por otro lado, es muy dudoso que la muerte fue "súbita" cuando el desmayo se produce a las 7 de la mañana (ver fs. 37) y el deceso tiene lugar recién a las 11.15 horas (ver fs. 31).

Por último, se observa en la experticia manifestaciones preocupantes que exceden su labor y los conocimientos de la especialidad que ostenta; ya que realiza calificaciones y emplea términos que son propios del mundo jurídico. Tal es el caso de lo que se asienta a fs. 250, líneas 25 y 26, cuando se imputa al Dr. T. haber actuado con "negligencia e imprudencia" y que tuvo una "omisión negligente"; lo cual, desde luego, son afirmaciones que están reservadas al juez –o en todo caso pueden ser imputadas por los letrados—pero jamás deberían estar en boca de un auxiliar de la medicina. Al mismo tiempo, estas mismas apreciaciones se debilitan cuando al responder la experta a las observaciones del demandado, señala que "el haber leído y estudiado previamente esta nueva historia clínica podría haber tenido la perito médica probablemente otra contestación a los puntos periciales…" (ver fs. 271, noveno párrafo).

En resumidas cuentas, sin perjuicio de la buena fe que pudo haber impulsado a la perito en la elaboración de su experticia, la realidad es que ésta lejos está de presentar visos de seriedad, por lo que cabe descartarla por completo para fundamentar en ella el dictado de una sentencia. Es que no constituye un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos; y por tal motivo incumple el art. 472 del ritual que exige un informe que contenga "la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas" y la explicitación de "los principios científicos en que se funde".

Así las cosas, a mi juicio todavía en estos autos queda por determinar si el Dr. T. obró adecuadamente, y de acuerdo a las reglas del arte de curar, en la oportunidad que atendió a la occisa. Para decirlo más concretamente, las constancias de la causa indican que la Sra. M. de M. –repito, de 87 años— se presentó en la madrugada del 13 de abril de 2003 en la Guardia de la Clínica Bazterrica. La atiende el Dr. T. y hace constar en la historia clínica de guardia –en lo que aquí interesa-- que los dolores manifestados por la paciente "no están presente al examen". De todos modos, por una posible arritmia que se le manifiesta (el galeno pone la palabra "arritmia" seguida de un signo de interrogación), se le encomienda un electrocardiograma; el que dio como resultado "sin alteración del ST". Dada esta situación, se otorga el alta a la fallecida con "pautas de alarma a los familiares".

La experta médica, en su trabajo que ya he descartado a los fines de resolver este juicio, afirma una y otra vez que lo actuado por el demandado fue insuficiente. Postula que la paciente tenía que haber quedado en observación; que resultaba necesario practicarle otros estudios; que había que recetarle medicamentos; que se tenían que efectuar interconsultas; etcétera.

Diré que, prima facie, no aparece como negligente, susceptible de ser condenado por daños y perjuicios (sin que implique emitir un juicio definitivo), la actitud del profesional de autos al dar de alta a la Sra. M. de M.. Repárese que atiende a una persona que acusa dolores en el curso de una comida (no se acreditó que los tuviera después); en particular, no los presentaba al momento del examen. No obstante, se le practica un electrocardiograma, el que tampoco exhibe anormalidades. Vale decir, es remitida a su domicilio sin acusar molestias y con un estudio realizado que no reflejaba problemas cardíacos. Realizo estas reflexiones, reitero, solo de un modo indiciario o presuntivo; en función de lo que se acaba de señalar y teniendo en cuenta que el juez no debe efectuar un análisis ex post facto, con el conocimiento del resultado producido (la muerte posterior). Es que el judicante, al sentenciar, tiene que colocarse en el lugar del galeno en el momento y en las circunstancias que los hechos ocurrían (ver, esta Sala, "Cantarella, Adelina c/Simonovich, Zelman y otro s/ds y ps", del 22-06-2007, Expte. Libre Nº 458.689; íd., "Martin, Alicia Irene c/Obra Social Bancaria Argentina y otro s/ds y ps", del 18-07-2008, Expte Libre Nº492.538, JA del 05-11-2008; íd., "Siniscalco, Elisabet c/ Clínica Boedo S.R.L. s/ds y ps", del 04-03-2009, Expte. Libre Nº 502.255; CNCiv., Sala G, "M., V.L. y otro c/ O., A. y otro s/ds y ps", del 09-10-2007; íd., Sala L, "G., M. del C. c/ Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A.", del 31-08-2006).

Por supuesto, que un mero indicio o presunción de que el recurrente pudo haber actuado correctamente, no alcanza en este caso en particular para el dictado de una sentencia; muy especialmente –como lo señalé ya en el acápite IV— porque se trata de cuestiones ajenas al derecho en relación a las cuales el magistrado no tiene conocimientos específicos. Desde este enfoque, sería correcta la petición del demandado en cuanto requiere del Tribunal que se disponga la realización de una nueva experticia.

Sin embargo, no he de acceder a la mentada petición. Han transcurrido ya, lamentablemente, más de ocho años de pleito y, para mi criterio, en los presentes obrados se presentan elementos para decidir; sin necesidad de requerir a los expertos que nos digan cuál era la conducta médica adecuada en situaciones como las planteadas en autos. Y ello es así porque en la especie estimo innecesario conocer cuál sería el dictamen cuando –de todas maneras y lo anticipo desde ya— el reclamo no puede prosperar. Lo explicito más claramente, la demanda debe ser rechazada aunque por hipótesis una experticia dijera que el Dr. T. tenía que haber tomado más recaudos de los que tomó efectivamente en la oportunidad que examinó a la fallecida. Veamos.

En el acápite III del presente voto hice referencia a la importancia que reviste en estos casos la relación de causalidad; esto es, la imputatio facti. Es una cuestión puramente material; tiene que haber necesariamente una relación causal entre el accionar del médico (antecedente) y la muerte producida después (consecuente). Y bien, en este expediente no se comprueba, ni por asomo, vínculo causal alguno entre la atención que recibió la Sra. M. de M. y su deceso posterior; y no hay experticia seria, presente o futura, que en este caso lo pueda acreditar (salvo, quizás, que se proceda a la exhumación del cadáver). Obsérvese que la relación causal ni siquiera se puede estimar de una manera presuntiva; pues –digámoslo sin rodeos—una persona de 87 años está expuesta a fallecer en cualquier momento, por múltiples razones, sin que su deceso pueda realmente sorprender; más allá del natural dolor que ocasionará a sus familiares.

Comprobaremos que, aunque apliquemos el criterio de las cargas dinámicas de la prueba, claro está que no podemos imputar al emplazado falencia alguna probatoria porque hoy no tengamos un vínculo causal adecuado entre la muerte y la conducta médica; pues el profesional perdió todo contacto con la fallecida tras la atención que le dispensó y lo único que puede exhibir es la historia clínica de guardia. En cambio, distinta es la situación de la actora. Ésta sí se hallaba en condiciones –si sus planes era promover un reclamo judicial—de colectar las probanzas pertinentes; verbigracia, practicar una autopsia o necropsia médico legal cuyo resultado señalara que su madre falleció de un "infarto de miocardio" (como sostiene la perito de autos sin ningún fundamento); producir prueba testimonial, por ejemplo, que certificara acerca de los dolores y molestias que continuaron en la paciente al retirarse de la guardia de la Clínica y que tal vez podría brindar indicios acerca del imputado obrar negligente del facultativo y, consecuentemente, presumir un vínculo causal; arrimar a la causa elementos que certificaran lo que sucedió con la madre de la actora –el día de su fallecimiento— entre las 7 horas (en que se produjo su desmayo) y las 11.15 horas, en que acontece el deceso; etcétera. Empero, ninguna probanza se ha glosado para sustentar las afirmaciones de la pretensora; situación que viene a definir la suerte de la demanda. En definitiva, es el principio de defensa en juicio y la regla del debido proceso — de rango constitucional (art. 18 CN)— lo que me conduce a la solución que he de auspiciar.

En síntesis, me pronunciaré proponiendo a mis colegas que se haga lugar a los agravios del recurrente –en lo que se refiere a la responsabilidad que se le enrostra— y que, por ende, se rechace la demanda; con imposición de costas a la vencida en ambas instancias. Es que no podemos caer en una condena que haga primar la inseguridad jurídica y que extienda la responsabilidad galénica a límites a todas luces inadmisibles; y ello no solo desde la perspectiva legal, sino también social, pues –sin razones atendibles—se turbaría la necesaria serenidad y tranquilidad que es dable exigir a los médicos en la noble misión del arte de curar.

VI. Conclusión

Por las razones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de autos y, consecuentemente, rechazar la demanda entablada.

Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida.

Los Dres. Díaz Solimine y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

Fdo.: Mauricio Luis Mizrahi - Omar Luis Diaz Solimine - Claudio Ramos Feijoo

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. Nº a nº del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, Abril de 2013

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve revocar la sentencia de autos y, consecuentemente, rechazar la demanda entablada. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida.

En atención al rechazo de la demanda que resulta del pronunciamiento dictado por este Tribunal, la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario "Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario" del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, R n° 18.557/00 del 20.09.10; id. id., H n° 38.971/08 del 22.06.11; id. id., H n° 62.872/08 del 05.07.11; id. id., LH n° 103.462/08 del 31.10.11; id. id., H n° 18.149/07 del 06.03.12; id. id., LH n° 66.673/08 del 28.11.12; id. id., LH n° 23.263/09 del 18.02.13, entre otros).

En su mérito, teniendo en cuenta el monto del proceso; labor desarrollada, apreciada por su importancia, extensión y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar las experticias confeccionadas se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., fallos: 236-127, 239-123, 242-519, 253-96, 261-223, 282-361; C.Nac.Civ., esta Sala, H. nº 44.972/99, in re: "Alvarez c/Sayago s/Daños y perjuicios", del 20.03.02; id. id., H. nº 363.134, in re: "Patri c/ Los Constituyentes s/ Daños y Perjuicios", del 23.06.04; id. id., H. n? 5.810/05, in re: "Morandini c/ TUM S.A. s/ Daños y Perjuicios, del 28.12.07; id. id., H. n? 42.689/05, in re: "Godoy c/ Kañevsky s/ Ordinario" del 06.03.08; id. id., H nº 40.649/02 in re: "Mazzeo c/ Romero s/ Daños y perjuicios", del 09.06.10; id. id., H n° 76.041/05 in re: "Paolucci c/ De Elizalde s/ Daños y Perjuicios" del 07.12.11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito; lo preceptuado por los arts. 279 y 478 del Código Procesal y lo dispuesto en los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38, 49 y cctes. de la ley nº 21.839 con las reformas introducidas por la ley nº 24.432, se adecuan las regulaciones de fs. 360 fijándose en PESOS .... ($ ....) en conjunto, los honorarios de los letrados apoderado y patrocinante de la parte actora Dres. M. F. S. y A. I. L.; en PESOS .... ($ ....) los del letrado patrocinante de la parte demandada Dr. M. A. Q.;; en PESOS .... ($ ....) los de la perito médico Dra. I. I. L. y en PESOS ... ($ ...) los de la perito psicóloga Lic. Lía S. R..

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS .... ($ ...) los honorarios del Dr. M. F. S. y en PESOS ... ($ ...) los del Dr. M. A. Q. (conf. arts. 14, 49 y cctes. del arancel), los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado.

Notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Mauricio Luis Mizrahi - Omar Luis Diaz Solimine - Claudio Ramos Feijoo