Silvina Mariño tiene un hijo de cinco años, Gabriel, que
padece de Trastorno generalizado del desarrollo (TGD), una forma de autismo. El
niño fue diagnosticado en julio pasado, pero Sancor Salud, la obra social a la
que está afiliado desde noviembre de 2012 canceló el servicio a toda la familia
y se niega a atenderlos.
Su madre asegura que Gabriel fue atendido en enero de 2013
por primera vez por una pediatra de Sancor Salud, la prepaga en cuestión. Al
mes siguiente comenzó tratamiento fonoaudiológico y en abril el
neurolinguístico. Después de varios estudios, en julio le diagnosticaron el
TGD. En agosto, la empresa le envió a la familia una carta documento anunciando
que suspendía el servicio por presunto falseamiento de la declaración jurada.
“Sancor dice que nosotros omitimos el diagnóstico al momento
de la afiliación”, sostuvo Mariño en diálogo telefónico con Perfil.com. “No es
así: nos afiliamos en noviembre del año pasado e hicimos los trámites en
agosto; en enero era la primera vez que mi hijo se atendía con un médico por
este tema”.
La madre explicó que Gabriel tenía problemas previos (“le
costaba dejar los pañales, el tema del habla, dormía mal”, enumeró). Los
pediatras de su obra social anterior le dijeron que eran “celos y caprichos”
por el nacimiento de sus dos hermanas mellizas cuando tenía dos años, entre
otras expliaciones. “Nunca antes lo atendieron por este tema, todo se lo
detectaron en Sancor”, agregó.
“Cuando me dieron de baja en Sancor fui a OSECAC, que era mi
otra obra social, y les pedí que le hagan un resumen de su historia clínica
anterior. Dice textualmente que no tenía diagnóstico de TGD, lo único que tenía
era un tema del habla”, comentó la mujer a Perfil.com.
Mariño impulsa una petición desde el sitio Change.org para
dar a conocer su caso que ya cuenta con más de 50.000 firmas. También realizó
el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Servicios de Salud. “Hoy
me llegó la resolución: los intima a Sancor a reafiliarnos porque no hubo
falseamiento de declaración jurada y dicen que no nos podían cobrar un precio
diferencial porque no había preexistencia", afirmó.
"En Sancor dijeron que iban a acatar lo que dijera la
superintendencia, pero todavía no hicieron nada. Mientras tanto estoy sin
prepaga para todo el grupo familiar”, continuó la madre. “El certificado de
discapacidad me lo entregaron hace quince días; si el autismo fuese
preexistente ya lo tendría hace rato”, agregó.
“Mi hijo quedó pendiente, está sin poder hacerse los
estudios ni las terapias”, denunció Mariño. Perfil.com intentó comunicarse con
la empresa por vía telefónica, pero aún no obtuvo respuesta hasta el cierre de
la nota.
Fuente: Diario Perfil
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