El 12 de mayo, como consecuencia de una acción de amparo, la
Justicia Federal determinó que Galeno debe brindarle un 100% de cobertura a una
niña de 6 años que padece una enfermedad terminal denominada Lipofucsinosis.
Sin embargo, su padre denuncia que la empresa de medicina prepaga se niega a
cumplir la manda judicial.
Christian Sosa cumple
hoy 37 años, pero tiene pocos motivos para festejar: su hija menor ya no puede
jugar a las escondidas ni ir a la plaza. Había presentado un cuadro de
convulsiones y epilepsia cuando tenía 4 años y un viaje a Buenos Aires en busca
de una respuesta médica más amplia trajo el diagnóstico más dramático que puede
recibir un papá.
Desde hace dos años él y su esposa saben que la
Lipofuscinosis les va a arrancar a su hija de sus vidas. De lo que se trata
entonces es que eso suceda lo más lejos posible en el tiempo y que la niña viva
en las mejores condiciones posibles.
Galeno es la prepaga que con mucho esfuerzo el matrimonio
había elegido para la cobertura de salud, y aunque cumplían con los elevados
pagos mensuales pensando en los desgastes de la vejez, la vida determinó que
necesitaran las prestaciones mucho antes de lo previsto.
Sin embargo, según lo que denuncian, lejos de dar respuesta
con el servicio que en teoría brindan, la prepaga obligó a la familia Sosa a
iniciar un recorrido legal que lleva casi el mismo tiempo que el diagnóstico.
Sin acceso a especialistas
La niña, cuya salud no tiene tiempo, ya no ve y va perdiendo
movilidad y habla, y sigue sin tener acceso a kinesiología, psicopedagogo,
fonoaudiología, una maestra integradora y una ocupacional: terapias que no solo
requiere para retrasar los efectos de su enfermedad, sino para poder seguir
yendo al jardín y desarrollarse rodeada de pares y juegos, como debería ser.
Sin embargo, a pesar de que la obra de medicina en cuestión
es la prestadora que la nena tiene prácticamente desde su nacimiento, sus
padres reclaman que la empresa sólo les brinda las prestaciones que cubren con
los subsidios del Gobierno nacional. Ello con el agravante de que los montos
requeridos distan bastante de los aranceles vigentes en Capital Federal (donde
se centraliza la administración de la obra pregapa).
Desesperados, y con el apoyo incondicional de sus compañeros
de la empresa San Antonio, el padre ya lleva cuatro viajes a Buenos Aires y en
julio debe emprender otro en condiciones de reintegros mínimos, por lo que
Christian denuncia lisa y llanamente el abandono de persona por parte de la
prepaga, que persiste en la retención de las prestaciones a pesar de la
sentencia favorable que la Cámara Federal dio a una acción de amparo presentada
por la familia y que lleva más de un mes en pie.
Con todas las instancias legales agotadas, Sosa intimó a
Galeno con una carta documento, emplazándolos a que cumplan con la obligación
legal en un plazo de 48 horas, pero sigue encontrando trabas: en la sucursal de
Comodoro Rivadavia argumentan que no hay encargados ni supervisores, que no
tienen médico auditor ni abogados, que las decisiones dependen de Buenos Aires;
que desde allí no llegan las respuestas o soluciones; y que no tienen una
persona a cargo de las derivaciones, entre otras excusas que el propio padre
comparte a través de la red social Facebook, impulsando una cadena de repudio a
la prepaga con la intención de prevenir que el caso no se repita con otra
familia comodorense.
Mientras Christian apela a las redes sociales y a los medios
de comunicación para visibilizar su problemática, Galeno sigue sin dar lugar a
la sentencia firmada por los jueces federales Javier Leal de Ibarra y Hebe
Corchuelo de Huberman que determina que la calidad de vida de la niña es el
“interés superior”, y que debe evitarse que vea vulnerado su derecho a la salud
y su integridad física, por lo que la cobertura de la prepaga debe ser del 100%
de los tratamientos que ella requiera.
Fuente: Diario El Patagónico
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