Diputados sancionó ayer el
proyecto que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que
buscará potenciar la actividad de las casi 40 plantas estatales del país. “Se
trata de la soberanía en salud”, dijo la diputado autora de la iniciativa.
Buscarán fijar precios de referencia, en medio de la pelea con la industria
farmacéutica.
“Se trata de la soberanía en salud”. Con estas palabras, la
diputada nacional el Frente para la Victoria Carolina Gaillard celebró la
medida sanción del proyecto para crear una agencia que nuclee los laboratorios
de producción pública de medicamentos, una iniciativa nacida para intervenir en
el mercado farmacéutico y para potenciar estos tratamientos, en general en manos
de provincias y entidades públicas. La norma, que ahora deberá obtener el visto
bueno del Senado, buscará potenciar el alcance de los tratamientos estatales,
que si bien todavía no tienen la expansión para solucionar los desfasajes del
mercado, pero que viene ganando terreno a todo nivel.
Con 182 votos a favor, los legisladores dieron el visto
bueno a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), un proyecto de
ley del oficialismo para “fortalecer la producción pública de medicamentos y
evitar los abusos de precios”. El objetivo de esta agencia es nuclear a los 39
laboratorios públicos existentes en el país. La misma fue presentada por la
diputada Gaillard y buscar fomentar la producción pública de medicamentos, con
el fin de combatir “los abusos por parte de los laboratorios privados y fijar
precios de referencia”.
Para eso, se declara “de interés nacional y estratégico” la
“actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la
investigación y producción de medicamentos, materias primas para su producción,
vacunas y productos médicos”. En tanto, la ANLAP funcionará bajo la órbita del
Ministerio de Salud y tendrá “autarquía económica, financiera, personería
jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del
privado”.
Gaillard destacó que el proyecto “se trata de la soberanía
en salud” y que “no es aislado” sino que “viene a completar” la Ley 26.688 que
declaró de “interés nacional” la investigación y producción pública de
medicamentos. “El derecho a la salud es un derecho humano fundamental y el
medicamento es un bien social, y no una mercancía”, explicó la entrerriana. Y
agregó: “No estamos legislando contra nadie, sino a favor de los 40 millones de
argentinos. No podemos dejar en manos de los privados un tema tan sensible como
es el tema de la salud”.
En contra se pronunció Margarita Stolbizer (GEN), quien
advirtió que “esta ley es absolutamente repetida respecto a otra que ya
sancionamos”, la 26.688, y
que además le generará “un montón de gastos” al Estado.
El proyecto, que había ingresado en septiembre al
Parlamento, tuvo algunos cambios durante su paso por las comisiones de Salud y
Presupuesto y llegó ayer al recinto con acuerdo de todos los bloques. La
iniciativa se inserta en el marco de una decisión regional de avanzar hacia la
soberanía en cuanto a producción de fármacos en Sudamérica: hoy, el 90 por
ciento de los principios activos que se utilizan en la producción de medicinas
son importados de la China o de la India.
Sólo en Argentina se gastan 1700 millones de dólares por año
en este concepto. En UNASUR se proyecta un plan a cinco años para producir
estos elementos activos en la región, con el doble objetivo de reducir ese
desequilibrio en la balanza comercial sudamericana (y comenzar a exportar a
otras partes del mundo), pero también de evitar la dependencia de potencias
extranjeras en un tema tan sensible.
Los laboratorios de producción pública pasaron de una
producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un
crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada
en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo
productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores
del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.
La idea de esta agencia es que además de potenciar la
actividad, se logre avanzar en los estándares de calidad, para garantizar que
los medicamentos públicos sean seguros. Otra idea que ronda alrededor de la
propuesta es que se realicen compras centralizadas de activos, de manera que el
sistema público gane mayor competitividad en el mercado de medicamentos, así
como también intervenir en el mercado en la formación de precios de referencia
y en la producción de medicamentos huérfanos.
Cabe recordar que en el país existen 40 laboratorios de
producción de medicamentos, aunque nueve son apenas farmacias hospitalarias que
fraccionan comprimidos. Los que han alcanzado un elogiable nivel de gestión y
producción son, según los especialistas, Puntanos de San Luis, Hemoderivados de
Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y
Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de
funcionamiento autárquico.
Fuente: Mirada Profesional
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