La legisladora Gabriela Cerruti
presentó una iniciativa para dejar sin efecto el decreto presentado por el
gobierno porteño que autoriza la venta de bebidas y golosinas en mostradores.
Asegura que contradice la resolución nacional, y que va contra las regulaciones
sanitarias. La diputada denunció los lazos de la cadena Farmacity, principal
beneficiaria de la medida, con el gobierno de Mauricio Macri.
La semana pasada el decreto 4113/14 entró en vigencia en
toda la Ciudad de Buenos Aires, y habilitó a las farmacias a vender golosinas,
bebidas y otros productos, que una resolución nacional prohibió en todo el
país. El “salvavidas” del gobierno de Mauricio Macri al modelo “polirrubro” es
un guiño directo a Farmacity, la mayor cadena de la Argentina, con lazos muy
marcados entre ambos. Para tratar de llevar a la Ciudad a la Buenos Aires al
camino de la normalidad, una legisladora porteña acaba de presentar un proyecto
para dejar sin efecto el decreto del oficialismo, y prohíba la venta de
productos no relacionados con la salud en los mostradores porteños. En los
fundamentos, la iniciativa denuncia la complicidad y los “negocios conjuntos”
entre el oficialismo y la firma del grupo Pegasus.
La diputada porteña Gabriela Cerruti propuso mediante un
proyecto la derogación del decreto firmado por el jefe de Gobierno de la
Ciudad, Mauricio Macri, que permite que las farmacias que funcionan en la
Capital Federal puedan vender bebidas, golosinas y otros productos además de
medicamentos. La prohibición rige desde hace unos días en todo el país mediante
la resolución 1632/13, que el ministerio de salud nacional oficializó desde la
semana pasada.
En concreto, Cerruti, del bloque Nuevo Encuentro, pide “la
nulidad de los decretos 4113 publicado en el Boletín Oficial del 28 de enero
pasado que aprueba el marco regulatorio para la habilitación técnica de
farmacias y de 9813 difundido el 10 de marzo que fija la fiscalización y
control técnico de este tipo de comercios”. Para la legisladora, ambos escritos
del jefe de Gobierno “contradicen la resolución 163213 del Ministerio de Salud
de la Nación que establece que las farmacias sólo pueden realizar actividades
de preparación de recetas y dispensa de drogas y medicamentos y prohíbe la
comercialización de productos no medicinales, ni vender alimentos o libros, ni
recargar celulares, entre otros”.
“Con la manifiesta intención de sustraerse de la aplicación
de esa resolución nacional, el Gobierno de la Ciudad dictó el decreto 41 por el
que dice que será el Ministerio de Salud de la Ciudad quien otorgue la
habilitación técnica de las farmacias”, precisó, y agregó que “como puede
observarse, a partir de este plexo normativo, el Gobierno de la Ciudad pretende
asumir el poder de policía sanitaria en materia de habilitación, fiscalización
y control técnico de las farmacias que desarrollen sus actividades en la
Ciudad”.
Asimismo, la legisladora recordó que “no es la primera vez
que el Gobierno de la Ciudad pretende eludir las regulaciones sanitarias sobre
el ejercicio de la actividad farmacéutica”. “En 2011 vetó a través del Decreto
67011 la ley 4015 por la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley
nacional 26.567 de regulación de la actividad farmacéutica”, agregó.
En este punto, la legisladora dejó en evidencia lo que en el
mundo farmacéutico se sabe a toda voz: los lazos comerciales entre Farmacity y
el gobierno de la Ciudaad. En este sentido, Cerruti denuncia “una red de negocios
e intereses privados que avanza como un iceberg sobre la salud pública: la
punta visible del iceberg, Jorge Tonelli, pareja de la diputada Gabriela
Michetti y director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de
Especialidades Medicinales de Venta Libre (Capemvel)”.
Según dice una nota publicada por Página/12 este fin de
semana, “Farmacity, principal beneficiaria del 98/14, integra el Grupo Pegasus,
con Freddo y Musimundo, y a su cabeza está Nicolás Caputo, compañero de Macri
en Cardenal Newman. Y siguen los títulos”. "No puede pasar por sobre la
ley Cafiero, que dispone que la Nación debe traspasar los poderes a la
Ciudad", dijo Cerruti.
La semana pasada, Macri dio la segunda puntada cuando firmó
el decreto 98/14 que, invocando ese poder de policía que nunca le fue
traspasado pero que él autoasume, dispuso que las farmacias podían funcionar
como polirrubros, es decir venta de chupetines y medicamentos psiquiátricos, curitas
y drogas contra el cáncer. "Contra todos los criterios de salud del mundo,
impulsa el consumo de los medicamentos, que es el principal camino hacia la
drogadicción, la automedicación."
La diputada Cerruti dijo: "Este escándalo empezó cuando
Macri vetó la creación de un laboratorio estatal y la prohibición de venta
libre de medicamentos".
La venta de medicamentos de venta libre, representados por
la entidad que dirige Tonelli, creció casi 200 por ciento desde 2001 a la fecha
y en 2010 representó el 28 por ciento del total de unidades vendidas en el
mercado farmacéutico argentino. La comisión directiva de Capemvel está
compuesta mayoritariamente por representantes de los principales laboratorios
del mundo, tales como Pfitzer, Glaxo, Novartis, Bayer y Boehringher Ingheleim,
entre otros.
De acuerdo al matutino mencionado, el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un vínculo personal con Mario Quintana, el
CEO de la cadena Farmacity, que a su vez forma parte del Grupo Pegasus, también
dueño de las marcas Freddo y Musimundo, que está bajo el mando de Nicolás
Caputo, compañero de Macri en el colegio Cardenal Newman.
La resolución 1632/13, publicada en el Boletín Oficial,
precisa que las farmacias “sólo podrán dedicarse a la venta de recetas
preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, incluidos de venta libre y
especialidades farmacéuticas cualquiera sea su condición de expendio, además de
los productos destinados a la higiene o estética de las personas y productos
para diagnósticos”. Esto deja fuera de los mostradores cualquier tipo de
alimentos, bebidas, productos deportivos, y otras cosas que se suelen ver en
las cadenas del sector.
La resolución obliga a las farmacias a retirar los productos
que no están permitidos en un plazo de 90 días, los que obligará a varias
cadenas a modificar su esquema de negocios, que además de medicamentos,
comercializan productos alimenticios, de kioscos, y otros enseres. Una vez
superado ese lapso, se comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes.
Para los farmacéuticos, la resolución es “un paso de sentido
común”, que reconoce la labor sanitaria de los profesionales y a la farmacia
como parte del sistema de salud. En este sentido, fuentes del sector le dijeron
a MIRADA PROFESIONAL que ven la medida como “un apoyo tácito a la ley de venta
exclusiva en farmacias, ya que deja en claro que medicamentos y demás van a los
mostradores y las golosinas a los kioscos”.
Fuente: Mirada Profesional Farmacéutica
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