Hubo actividades artísticas frente al Congreso, una radio
abierta y una marcha a la Plaza de Mayo. Diputadas y diputados de distintas
extracciones políticas renovaron su voluntad de impulsar el tratamiento del
proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Diputadas y diputados de un amplio arco político renovaron
ayer su voluntad de impulsar el tratamiento del proyecto de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, en el marco del Día de Acción Global por el acceso al
aborto legal. Los pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización
de esta práctica, se multiplicaron en los alrededores del Congreso. Actividades
artísticas, una radio abierta y una marcha a la Plaza de Mayo coronaron la
jornada de activismo, que tuvo como ejes el reclamo por el debate en el
Congreso y el pedido de absolución de Belén, la joven condenada en Tucumán tras
sufrir un aborto espontáneo.
La diputada Myriam Bregman (PTS/FI) llevó el tema a la
sesión que se desarrolló por la tarde. “Hoy conmemoramos un nuevo Día de Lucha
por la Legalización y la Despenalización del Aborto, y tenemos que decir que
hay también otra estadística terrible: más de tres mil mujeres murieron en los
últimos diez años por la clandestinidad del aborto. Es una masacre lenta que
ocurre cada día en el país”, dijo Bregman. “Los que niegan que podamos tratar
este tema, tanto en el oficialismo como en la oposición, es porque obedecen a
mandatos partidarios, religiosos y morales. Respetamos su opinión particular,
pero lo que estamos rechazando es que esa opinión se nos imponga a las grandes
mayorías”, cuestionó.
Por la mañana, en conferencia de prensa, más de una docena
de legisladores, firmantes del proyecto reafirmaron su compromiso de promover
su tratamiento. Participaron de la conferencia Victoria Donda, quien encabeza
la firma de la iniciativa elaborada por la Campaña Nacional por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito (y es titular del bloque de Libres del Sur); Daniel
Lipovetzky (PRO), Carolina Gaillard (FpV), Bregman, Héctor Recalde (FpV),
Federico Masso (Libres del Sur), Sergio Wisky (PRO), Pablo López (Frente de
Izquierda y de los Trabajadores), Carla Carrizo (UCR), Alejandra Martínez
(UCR), Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria), Brenda Austin (UCR),
Gabriela Troiano (PS) y Teresita Villavicencio (Del Bicentenario). “Es menester
que el Congreso debata acerca de la legalización del aborto, como podemos ver,
se trata de un proyecto que cuenta con la firma de más de 40 diputados y
diputadas de diversos bloques políticos, ello nos muestra de que el tema cuenta
con el apoyo de gran parte de la sociedad que se ve reflejada en el proyecto
con mayor cantidad de firmas de la Cámara. Mi compromiso es llevar adelante
todas las diligencias a fin de que el tema se ponga en discusión”, afirmó
Donda.
Varios de los firmantes son presidentes de bancadas: Recalde
(FpV), Margarita Stolbizer (GEN), Bregman (PTS-FI), Leonardo Grosso (Peronismo
para la Victoria), Alicia Ciciliani (PS), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y
de los Trabajadores), Alcira Argumedo (Proyecto Sur). Del PRO, lo acompañan
Juan Carlos Villalonga, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler, Lipovetzky y Wisky.
Además, cuenta con el aval de unas 350 organizaciones sociales, gremiales y
políticas de todo el país.
El proyecto consagra el derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar
ninguna explicación –como en España– y más allá de ese plazo en casos de
violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social
de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves. Además, establece que
si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad,
“se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la
práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se
requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus
progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación
la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos
pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que
hace a su interés superior y el derecho a ser oído”, dice el proyecto.
Fija, por otra parte, que en ningún caso se exigirá
autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos
integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones
médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias– y
realizarse en el sistema de salud, dentro de los cinco días de solicitados.
El texto no es idéntico al que se venía presentando desde
2007, cada vez que perdía estado parlamentario: fue actualizado a la luz de las
reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre
otras normas, a través de consultas a profesionales de distintas disciplinas y
activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo
de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y
consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley
que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo.
El artículo primero define: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda
mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo
durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.
Fuente: Página 12
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