viernes, 3 de octubre de 2014

Condena por falta de cuidado

El gobierno porteño debe pagar una indemnización por las quemaduras que sufrió una interna del neuropsiquiátrico que quiso prenderse fuego. El fallo se basa en que el hospital incumplió con su deber de velar por la seguridad de la paciente. 

Una paciente del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano deberá ser indemnizada por el gobierno porteño debido a graves quemaduras sufridas al intentar suicidarse mientras estaba internada, luego de que el juez Darío Reynoso diera por probado el “incumplimiento al deber del Estado local” de adoptar medidas de control y seguridad.

Reynoso, titular del Juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios y condenó a la administración comunal a pagar 98.000 pesos e intereses, informó el Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La mujer sufrió en 2001 serias lesiones y fue internada en el Hospital del Quemado como consecuencia de quemaduras producidas con encendedores mientras se encontraba internada en el Moyano.

La demandante recurrió a la Justicia para obtener un resarcimiento económico por la responsabilidad estatal por no haber cumplido con su obligación legal de tomar medidas que la protegieran de su conducta autoagresiva, pese a que su historia clínica reportaba varios hechos suicidas y la consideración de “peligrosa para sí y para terceros”. “No obstante lo antedicho, fui internada en una sala común con otras pacientes y sin ningún tipo de cuidados especiales que impidieran el contacto con elementos peligrosos o aptos para la autoagresión”, argumentó la mujer.

El Gobierno de la Ciudad sostuvo en cambio que “el tratamiento a suministrarse como el ambiente en que se atiende a los pacientes deben estar caracterizados por ser lo menos restrictivos posibles”. Es “imposible para los médicos o enfermeros evitar que los pacientes accedan a encendedores, cuando muchos pacientes psiquiátricos fuman”, argumentó.

Reynoso expresó que “la responsabilidad estatal que deriva de la deficiente prestación brindada dentro de los hospitales públicos se vincula a la falta de servicio”. “Existe por parte de las instituciones dedicadas a la salud mental la obligación o el deber primario de velar por la integridad física y seguridad de los internados en sus instalaciones, sobre todo si presentan patologías con tendencias suicidas”, dijo.

Fuente: Página 12

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