Hasta el momento, sólo la provincia de Chubut adhirió a la ley 26.862. El resto de las provincias está tratando el tema en sus respectivas legislaturas. Por su parte, las prepagas y las obras sociales ponen fuertes trabas.
Han pasado ya tres meses desde que el Congreso votó la ley de Fertilización Asistida. Una ley detrás de la cual hubo muchos años de lucha. Una ley que no toma la infertilidad como una enfermedad para quienes no pueden concebir un hijo, sino que hace hincapié en el derecho que tienen todas las personas a reproducirse.
La ley no pone límites en la edad, ni en el sexo ni en el estado civil de los interesados y dice que los tratamientos de fertilización deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y deben ser cubiertos por el sistema público, las prepagas y las obras sociales.
La ley no pone límites en la edad, ni en el sexo ni en el estado civil de los interesados y dice que los tratamientos de fertilización deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y deben ser cubiertos por el sistema público, las prepagas y las obras sociales.
Pero a pesar de que la ley ha sido reglamentada el pasado 22 de julio, las provincias aún no adhirieron; sólo Chubut lo hizo. Por su parte, las obras sociales y las prepagas sólo ponen trabas: piden requisitos irrisorios e ilegales.
En la asociación civil Concebir (Grupo de Apoyo para parejas con trastornos en la Reproducción) reciben infinidad de consultas desde que se aprobó la ley.
“Las prepagas y las obras sociales están pidiendo requisitos imposibles, como test socioambientales, piscológicos y hasta acta de matrimonio de la pareja”, dijo al diario Clarín Guillermina Pieroni. Todo es ilegal, nada de todo eso está en la ley, que postula todo lo contrario, nada de límites, nada de requisitos, nada de papeles. En Concebir explican cómo hay que mandar cartas documento a las empresas de medicina privada que se nieguen a los tratamientos o que pongan trabas, pero no es lo único que aconsejan hacer. “También hay que hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud”, dice Guillermina.
Se sabía y se intuía que iba a haber reticencias. Los tratamientos son muy costosos. No tanto los de baja complejidad, pero sí los de alta. Pueden llegar a los 50.000 pesos, y es muy difícil tener éxito en el primer intento. Por eso hasta ahora sólo tienen hijos por fertilización quienes tienen dinero. Pero ahora hay una ley para cumplir.
Hay dos provincias que tenían leyes de fertilización previas
a la nacional (Buenos Aires y Santa Fe), pero son restrictivas y los límites
son muchos. Ahora, en esas dos provincias se trata la ampliación de derechos, y
ya tienen media sanción las normas que se equipararán a la ley nacional. De
todas maneras, y aunque con leyes restrictivas, en Santa Fe se hicieron 56
tratamientos y nacieron dos bebés, y en la Provincia ya nacieron 158 bebés. En
Córdoba y la ciudad de Buenos Aires se hacen tratamientos pero sólo a los
usuarios de la obra social estatal provincial (Apross, en Córdoba), y a los
empleados públicos porteños (OSBA).
El Ministerio de Salud, por su parte, ya habilitó 53 centros
para que realicen este tipo de tratamientos. Se trata de instituciones públicas
y privadas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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