Numerosos inconvenientes para los discapacitados rosarinos
al momento de acceder a los tratamientos médicos. La mayoría de las demandas
responde a la negativa a cubrir tratamientos.
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El reclamo de la familia Fernández, que salió
a la luz la primera semana de enero,
disparó las demandas a obras sociales.
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El acceso a los tratamientos médicos es uno de los
inconvenientes más duros con el que tienen que batallar las personas
discapacitadas o sus familias. El año pasado, en la delegación Rosario de la
Defensoría del Pueblo provincial el 87 por ciento de los casos admitidos dentro
del sector de salud fueron derivados al área de discapacidad. Y las obras
sociales y prepagas aparecieron como el segundo rubro más denunciado: por cada
día hábil de 2013, hubo un reclamo frente a la negativa a cubrir prestaciones,
aún las obligatorias, la demanda de coseguros excesivos e incluso rechazos de
afiliación, entre otros problemas.
Días atrás, La Capital reflejó la historia de Gina, una nena
de 6 años con síndrome de Down a quien varias obras sociales y prepagas se
negaron a afiliar. La única que aceptaba el traspaso del grupo familiar le
exigía una cuota extra mensual de 7.700 pesos, sólo por la niña. Tras la
adhesión pública que cosechó el caso, las autoridades de esa prestadora le
comunicaron a la madre de la niña que avalaban el ingreso de su hija sin pagos
extra.
No obstante, a medida que el caso de Gina tomó estado
público fue sacando del anonimato a muchas personas que relataron haber pasado
situaciones de discriminación similares. Lo hicieron con comentarios en la
página web de La Capital o a través de las redes sociales.
Sin embargo, no es un problema nuevo. "Desde hace cinco
años los casos relacionados con el acceso a la salud son los que suman mayor
cantidad de reclamos", aseguró Iris Pérez, al frente del área de
Discapacidad de la delegación de la Defensoría. La oficina se creó en 2008 y,
según advirtió su titular, el número de denuncias que se reciben crece
anualmente, tanto en Rosario como en el resto del sur provincial.
Durante 2013, sólo a la Defensoría llegaron 879 reclamos
relacionados con la esfera de competencia del Ministerio de Salud. De ese
total, el 87 por ciento (763 casos) correspondían al área de Discapacidad.
Detrás del pedido de asesoramiento para realizar diferentes
trámites se ubicaron las presentaciones hechas contra las obras sociales y las
empresas de medicina prepaga (219 casos). Y les siguieron las quejas recibidas
por otros temas: jubilaciones y pensiones, transporte, educación, asignación
familiar y exenciones de impuestos y tasas.
Los reclamos que involucran a prestadores de salud de
cobertura en todo el país se derivan a la delegación de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, que funciona en el mismo edificio. Su responsable, Claudia
Durigón, confirmó que las presentaciones son frecuentes, sobre todo a partir de
la entrada en vigencia de la nueva ley de obras sociales, que amplía los
derechos de los afiliados.
Según la experiencia de Pérez, la mayoría de los reclamos contra
obras sociales y prepagas se relaciona con la negativa a brindar prestaciones
obligatorias, la demanda de elevados coseguros para garantizar tratamientos, la
demora excesiva en la realización de trámites e incluso el rechazo de
afiliación.
"Las personas discapacitadas cuentan con un paraguas
legal. Ni las obras sociales ni las prepagas pueden negarse a admitirlas, pero
además la ley Nº 24.901 les garantiza el acceso a un sistema prestacional de
acuerdo a sus necesidades. Ocurre que, generalmente, las entidades de salud dan
vueltas o pretenden cobrar lo que no es. Quizás se malinterpreten las leyes
porque son nuevas, tal vez por picardía o, directamente, por una
sinvergüenzada", describió.
En todos los casos, alertó, es necesaria una tarea de
docencia para explicar a las familias de las personas discapacitadas cuáles son
los derechos que las asisten (ver aparte) y también de numerosos llamados a las
compañías de salud. A veces eso es suficiente y en la Defensoría ya tienen
preparados los textos de las cartas documento para exigir que la negativa se
exprese por escrito para poder denunciar el tema en la Superintendencia de
Servicios de Salud, organismo de contralor de obras sociales y prepagas.
"A veces los problemas se pueden resolver por la vía
administrativa, cuando vemos que se extienden en el tiempo cuestiones que
ameritan urgencia también se puede sugerir una presentación judicial. Hay que
tener en claro que las empresas van a poner piedras en el camino para que no se
pida la prestación. Pero, cuando tenemos leyes que son respetuosas y garantizan
determinados derechos, es importante hacer todo lo posible para que se
cumplan", concluyo.
Fuente: La Capital
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