En el primer trimestre de 2016 las partidas para personal emplearon más del 80% de los fondos ejecutados por la cartera sanitaria. Eso se traduce, en la práctica, en falta de insumos, medicamentos y mantenimiento.
El análisis del presupuesto del Ministerio de Salud de la Provincia, en función de los fondos ejecutados este año, revela que la cartera sanitaria prácticamente sólo gastó en el pago de los sueldos de personal, a la vez que subejecutó las partidas destinadas a medicamentos e insumos, así como las de mantenimiento de equipamiento e infraestructura, y programas de prevención y asistencia.
Lo que muestra la foto de la ejecución presupuestaria, según remarca el investigador Iván Ase, es que de cada 10 pesos que gasta Salud, alrededor de ocho hoy van para los salarios.
“Es un criterio político que, ante los recursos escasos, prioriza minimizar el conflicto con el personal, ya que el costo de no tener insumos, medicamentos o aparatología se diluye más porque los usuarios del sistema público no tienen capacidad de organización para reclamar, como sí ocurre con los empleados públicos”, consideró.
Advirtió, además, que a pesar de que casi todos los fondos se aplican al pago de salarios, “estos son magros y dejan insatisfechos a los trabajadores”.
Pero también subrayó que las consecuencias impactan de lleno “en el funcionamiento hospitalario, traducidas en la falta de insumos, de medicamentos, de mantenimiento, de aparatología, o sea que tienen una afectación concreta en la atención de la salud, que después se traduce en la morbimortalidad”, advirtió.
“La ejecución del presupuesto es la radiografía de lo que ha pasado estos meses en los hospitales”, indicó.
Limitaciones de los servicios de salud en el interior provincial, en particular los vinculados a derivaciones y emergencias; “dificultades notorias” para responder a los desafíos epidemiológicos como las epidemias de dengue y gripe A, y el aumento de las patologías respiratorias; incumplimientos y demoras en la implementación de las nuevas leyes de salud mental; y la falta de respuestas estatales para el abordaje de las adicciones, son los principales puntos enunciados por Ase.
“Y es que estos problemas que están apareciendo en forma recurrente no tienen que ver con una circunstancia particular ni con una coyuntura sanitaria o epidemiológica, sino que evidencia un modelo de gestión que hace crisis porque está sostenido sobre un modelo de financiamiento absolutamente insuficiente”, concluyó.
Los programas más desfinanciados
Con gasto cero. Integración sanitaria (coordinación con los municipios del interior): del presupuesto de $ 10,6 millones, el ordenado a pagar fue cero en el primer trimestre.
Protección integral de personas con discapacidad: 3,3 millones presupuestados, y cero devengado.
Asistencia y prevención de la adicción: 2,5 millones presupuestados, con gasto cero.
Contención y protección de las víctimas del narcotráfico: $800 mil presupuestados, ejecución cero.
Con fuerte subejecución. Actividades de fiscalización: 22,4 millones de presupuesto, ordenado a pagar 0,64 % ($ 145 mil); pagado, cero.
Programa de lucha contra el VIH-Sida e ITS: 8,5 millones presupuestados, a pagar 1,3 % (118.820 pesos); pagado, cero.
Programa de servicios a las personas con discapacidad: 15,8 millones presupuestados, a pagar 3,1 % ($ 491 mil); pagado 1,9 % (301 mil).
Arquitectura y mantenimiento hospitalario: 203,3 millones presupuestados, ordenado a pagar 9,7 % (19,7 millones); pagado efectivamente 3,7 % (7,6 millones).
Fuente: La Voz
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