Dos proyectos
buscan que el Ministerio de Salud nacional y la ANMAT expliquen porque se
dejaron de trazar cerca de 100 medicamentos, mediante una disposición firmada
en septiembre pasado.
A fines de
septiembre, el Ministerio de Salud nacional informó que dejó de trazar cerca de
100 medicamentos, en especial productos psicofármacos. La medida generó polémica,
y en estos días la discusión se instaló en la cámara de Diputados, con dos
proyectos que buscan conocer las motivaciones de esta medida. En ambos casos,
se asegura que la falsificación y el robo de medicamentos reaparecen como
amenazas para el mercado farmacéutico, por lo que quieren saber porque se
limitaron los controles. Los proyectos están dirigidos a las autoridades de la
cartera sanitaria y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología (ANMAT).
El primer proyecto fue presentado por la socialista
santafesina Alicia Ciciliani y el peronista-FpV chaqueño Juan Manuel Pedrini,
mientras que el segundo sumó las firmas de Ana Carolina Gaillard, presidenta de
la Comisión de Salud, Andrés Larroque, Sandra Mendoza, Carlos Castagnetto (ex
vice ministro de Desarrollo Social) y Liliana Mazzure, entre otros. En ambos
casos se busca conocer la motivación de esta medida, que deja sin trazar casi
100 medicamentos.
Cabe recordar que la disposición 10564/2016 reestructura el
sistema de trazabilidad, incorpora 49 productos pero deja sin control a 93
principios activos. Así lo informó a fines de septiembre el diario Página/12,
que recordó que la medida excluyó medicamentos como el Alplax (Alprazolam),
Lexotanil (Bromazepan), Rivotril (Clonazepan) y Rohypnol (Flunizepan). Con esta
nueva medida, unos 3,8 millones de unidades dejarán de tener ese seguimiento.
La nueva lista incluye a algunos de los fármacos biológicos aprobados del 2011
en adelante. Por ejemplo, los principios activos del relajante muscular
Atracurio Gray (Belisato de Atracurio), el antiviral Tivicay (Dolutegravir), el
antihipertensivo Opsumit (Macitentan) y el antineoplásico Ibrance
(Palbociclib).
La medida anulan las resoluciones emitidas durante la
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las cuatro emanadas
durante el último lustro. El sistema de trazabilidad permite conocer el origen,
la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de
toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras,
operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales.
El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por
producto que es auditado por la ANMAT. El envase puede tener un dispositivo electrónico,
un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con
la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.
En el primero de los proyectos, se pregunta cuáles son “las
diversas dificultades logísticas en la implementación de trazabilidad para
algunas especialidades medicinales determinadas y respecto de las cuales se
distribuyen grandes volúmenes”, que menciona la Disposición 10564/16 como uno
de los considerandos tenidos en cuenta para el dictado de la misma, y según
expresa, basándose en expresiones vertidas por las empresas del sector.
En tanto, en el segundo proyecto se pide a las autoridades
se informe el listado actualizado de los medicamentos que cuentan con el
sistema de trazabilidad y la cantidad de unidades que fueron alcanzadas por el
sistema de seguimiento durante el período correspondiente a los años 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
La causa conocida como “la mafia de los medicamentos” es uno
de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de
trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el
fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de
Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por
tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se
suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como
integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio
bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor
Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide
procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la
Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.
Fuente: Mirada Profesional
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