El diputado nacional Héctor
Daer presentó dos proyectos para que se explique por qué los cambios en las
licitaciones del Plan Remediar, y que las farmacéuticas de bandera dicen viola
la ley del “compre argentino”.
La “guerra” entre los laboratorios nacionales
y el gobierno por la compra de medicamentos para el Plan remediar se instala en
el Congreso, por iniciativa de un diputado vinculado al gremio de la Sanidad.
De esta forma se completa el reclamo de las farmacéuticas nacionales, que
llevaron su rechazo a la compra de fármacos genéricos del exterior a la
justicia, con apoyo de las principales cámaras que agrupan a las firmas
locales. La iniciativa busca que el gobierno de explicaciones por el cambio de
la forma de comprar suministros para el programa, que ahora podría incluir
tratamientos importados. Funcionarios del Ministerio de Salud nacional
desmienten que se viole la norma actual.
Los dos proyectos presentados en la cámara baja son de la
autoría de Héctor Daer, diputado del Frente Renovador y referente del gremio de
los trabajadores de la Sanidad. Según publica hoy el diario Clarín, el
legislador “hizo causa común con el reclamo de los laboratorios nacionales, con
la presentación de dos proyectos de resolución en los que pide informes -y
explicaciones- y sale al cruce de la quita de preferencias que la industria
nacional tenía como proveedora del plan desde hace 13 años”.
Daer se sumó a los pedidos que ya hicieron los laboratorios,
la UIA y entidades que nuclean a pymes. El actual secretario general de la
Asociación de Trabajadores de Sanidad (ATSA) de Buenos Aires y adjunto de la
Federación que a nivel nacional (en su página figura como trabajador de
Laboratorios Bernabó), sostuvo que la eliminación de las preferencias en la
licitación pone “en riesgo las fuentes de trabajo” e insistió con la
advertencia de que se admitirán ofertas de remedios “que no tienen registro
sanitario ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT).
En tanto, desde la cartera sanitaria insisten con negar las
acusaciones de las farmacéuticas. Otra vez, el viceministro de Salud, Hernán
Pérez Baliño, ha negado de manera terminante que se transgredan leyes y reclamó
a la industria local “responsabilidad” para que los precios “bajen”.
El conflicto comenzó cuando el gobierno macrista, a través
del Ministerio de Salud fijó condiciones para que las empresas nacionales “y de
otras partes del mundo” puedan participar en “igualdad de condiciones” de la licitación,
y generó una fuerte reacción de la industria local, nucleada en la Cámara
Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). La Cámara había
presentado un recurso administrativo el 23 de junio ante el Ministerio, y la
semana pasada acudió a la Justicia, donde presentó un amparo y pidió una medida
cautelar que suspenda la adjudicación de la licitación. Para CILFA la movida de
Salud viola la ley de Compre Nacional, que ordena dar prioridad a los
fabricantes locales, y desconoce la Ley Nacional de Medicamentos porque el
Ministerio podría adquirir productos sin registro sanitario en la Argentina,
aducen en la Cámara.
Además, los problemas en la industria farmacéutica fueron el
puntapié inicial para esta movida, que quiere que las pequeñas y medianas
empresas puedan competir ante la apertura lanzada por este gobierno. “El
macrismo decide no fomentar las compras en Argentina”, denuncian. El pedido
para parar las importaciones nació de la Federación Económica de la Ciudad de
Bs As (FECIBA) en representación de las pequeñas empresas de capitales
argentinos. Su presidente Raúl Zylberzstein aseguró que “varios funcionarios
del gobierno nacional violan la ley ‘compre trabajo argentino’, importando
indebidamente desde el exterior productos que se elaboran en el país”. Las
pymes evalúan avanzar con las presentaciones judiciales y sumar apoyo
legislativo para hacer cumplir la norma y suspender las licitaciones
internacionales que harían perder alrededor de 100 mil puestos de trabajo más
en los próximos meses.
“En el caso de los remedios, con el mencionado programa
estatal, el gobierno distribuye medicamentos en forma gratuita a las millones
de personas que no tienen cobertura médica. Hasta ahora, los productores
nacionales siempre habían tenido prioridad como proveedores, pero este año, con
la excusa de bajar los precios, el Ministerio de Salud llamará a una licitación
ilegal de la que podrán participar en igualdad de condiciones empresas
nacionales y extranjeras”, denunció DECIBA.
De ese modo, Zylberzstein consideró que "acusando a los
laboratorios de cartelizarse y aumentar los precios, el macrismo decide no
fomentar las compras en Argentina, en lugar de asegurarse una licitación
transparente, donde las pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de
ofertar libremente, mejorando la competitividad en el mercado interno por
productividad y por inversión, con un mercado asegurado". A su vez, el
planteo de los pequeños laboratorios nacionales es que con la modificación se
los coloca en un lugar de desventaja porque "habrá competencia con
empresas que reciben subsidios directos e indirectos en sus países de
origen".
El "compre nacional", establece reglas para
priorizar a la industria argentina en las compras que realizan el Estado y las
empresas a las que éste les delegó ciertas prestaciones. Esa obligación es algo
muy razonable, desde el momento en que las mismas utilizan recursos intangibles
del Estado, como las licencias y concesiones que les otorgaron con exclusividad
para explotar determinados servicios. Así, el espíritu de esta ley indica que
los organismos contratantes deben facilitar la compra de productos de industria
argentina.
Sin embargo, el dirigente expresó que "se viola
sistemáticamente esa norma, dando señales equívocas para la inversión
productiva en la Argentina" y lo argumentó observando que, "por un
lado, el Gobierno apoya la Ley para la integración de autopartes, pero, por el
otro, no lo predica en sus propias acciones; ya que, por ejemplo, adquirió los
flamantes billetes de 500 pesos en el exterior, y prevé importar medicamentos,
quitado el trato preferencial a los laboratorios nacionales de cara a la
licitación del plan Remediar, entre muchas otras compras".
Fuente: Mirada Profesional
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