Cuando parecía que el plan para vender marihuana de forma
legal en Uruguay estaba listo para comenzar, los farmacéuticos plantaron su
rechazo, y reclamaron que se suspenda la ley que la autoriza. Desde la
Asociación de Química y Farmacia de ese país, que agrupa a todos los químicos
farmacéuticos del país, rechazó “por razones sanitarias y de responsabilidad
técnica” el libre expendio de cannabis en los establecimientos bajo su control
y exigió al gobierno dejar sin efecto esa medida. Un comunicado del organismo
sostuvo que “es imprescindible rever la ley que propone que la farmacia pase de
ser un lugar de incentivo de una vida saludable y dedicada a la prevención y
cura de la enfermedad a ser un distribuidor de una sustancia psicoactiva”.
La declaración oficial de los profesionales destacó además
la diferencia entre los dueños de farmacias y los químicos que deben responder
ante las autoridades por el buen funcionamiento técnico y legal de cada
empresa. Dijo el comunicado que “cuando el gobierno habla de acuerdos con los
farmacéuticos se refiere a los propietarios de la farmacia y no a los
profesionales químicos farmacéuticos, quienes somos los responsables técnicos
de dichos establecimientos”. Censuró además la dualidad de criterio del
gobierno, que por un lado combate el consumo de tabaco y alcohol para defender
la salud de la población y, por otro, la pone en riesgo con la venta libre de
un estupefaciente de probado impacto pernicioso en quienes lo consumen.
Los dueños de unas 120 farmacias de Montevideo han accedido
a ser bocas de venta de los 2 mil kilos de la droga que se proyecta producir
anualmente. Incluso el Centro de Farmacias del Uruguay, que agrupa a los
propietarios de esos comercios, ha ofrecido utilizar el mismo sistema que se
aplica al trasiego de medicamentos, lo que agilitaría la disponibilidad de
marihuana al público. Pero muchas farmacias, al igual que los químicos
farmacéuticos, se oponen a ser vendedores del estupefaciente, a ser producido
en un predio estatal cedido a 2 de las 22 empresas que se presentaron a la
licitación oficial para cultivarlo y comercializarlo.
Es evidente la magnitud del error cometido por el
expresidente José Mujica al impulsar la legalización de la marihuana. Trató de
justificar su decisión con el espejismo argumental de que la libre
disponibilidad de un estupefaciente comparativamente menos agresivo que la
pasta base alejaría a muchos, especialmente a los jóvenes, del actual consumo
masivo de esa droga, producida con desechos de la cocaína y de letales
agregados tóxicos. Se le advirtió desde el primer momento que ningún adicto a
la pasta base iba a abandonarla por otra droga menos potente.
Mujica no hizo caso y se empecinó en seguir adelante. Los
hechos han confirmado su equivocación. El consumo de pasta base, que ingresa de
contrabando desde países vecinos, sigue indeclinado. Como al mismo tiempo el de
marihuana, el efecto global es multiplicar el número de drogadictos del país.
No sorprende que Mujica se haya obstinado en desoír las fundadas advertencias
contra la legalización. Pero es incomprensible que el presidente Tabaré
Vázquez, médico que ha tomado como bandera proteger la salud de los uruguayos
en tantas áreas, no intervenga para poner coto a la amenaza sanitaria a la
población, especialmente a sus sectores más jóvenes, generada por su
predecesor.
Fuente: Mirada Profesional
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