En un encuentro en la
Comisión de Salud de la cámara de Diputados, analizaron la posibilidad de
producir el aceite de marihuana, recientemente autorizado por la nueva ley. “No
queremos que el aceite se convierta en un producto de mercado”, dijo la titular
de la comisión. Visto bueno a un proyecto de ley que habilita a las plantas
públicas a realizar esta tarea.
Luego de un 2016 con
poca actividad, este año los laboratorios estatales parecen recuperar el
terreno perdido, de la mano de diversas iniciativas. Por un lado, se confirmó
que serán ejes de la nueva estructura que reemplazará al Plan Remediar, el
CUS-Medicamentos, entregando tratamientos a bajo costo (ver sección Esto que
pasa). Ahora, por iniciativa de la Comisión de Salud de la cámara de diputados
de la Nación, se comprometieron a producir tratamientos a base de cannabis, en
el marco de la reglamentación de la ley aprobada recientemente. El objetivo es
que
Referentes de los laboratorios públicos del país fueron
convocados por la Comisión de Salud de la cámara baja nacional para analizar la
posibilidad que sea el Estado a través de su red la que produzca el aceite de
cannabis, utilizado para tratar diversas patologías, y que la flamante ley
autoriza en el país. Para esto, la diputada nacional Carolina Gaillard recibió
en un encuentro informativo a referentes de la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos (ANLAP), y analizaron las posibilidades de cumplir con este objetivo.
“Tenemos que garantizar la producción de aceite medicinal desde el Estado”,
manifestó la diputada entrerriana.
“En este sentido, entendemos que hay nuevos desafíos para
emprender. Uno de ellos es implementar desde el Estado la producción pública de
aceite cannábico, contemplada en la ley ya promulgada, pero aun sin
reglamentar”, remarcó la legisladora. Para Gaillard, “es imprescindible que los
funcionarios presentes y los laboratorios públicos se comprometan con esta
necesidad urgente de un sector de la población altamente vulnerable, y den
respuesta a cientos de enfermos y sus familias que viven en la ilegalidad. No
queremos que el aceite se transforme en un producto de mercado y sea
inaccesible a la población, por eso es importante este compromiso de la
producción pública”.
Durante la audiencia, Adolfo Sánchez de León, presidente de
la ANLAP, sostuvo que su agencia “se reconoce como actor en la producción y
debe asistir en la investigación. En principio hay que ordenar para ver quién
tiene la capacidad de producirlo. La idea es ser amplio y definir una
estrategia paralela a la reglamentación”. El funcionario delineó también la
visión estratégica de la agencia, con el compromiso de asistir a los
laboratorios de producción pública en sus proyectos para que trabajen de modo
asociativo y no competitivo. “Se incrementará la participación de los productos
de los laboratorios públicos en los planes del Ministerio de Salud de la
Nación, en especial el CUS”, dijo.
Por su parte, Guillermo Cleti, director del Laboratorio
Industrial de Santa Fe (LIF), destacó el rol protagónico que tiene la
producción pública de medicamentos en la provincia. Cleti señaló que “la
provincia cuenta con una ley provincial sobre cannabis medicinal reglamentada.
De este modo, ya estamos trabajando con el CONICET Santa Fe, se compraron
patrones primarios y estamos trabajando para ver cómo accedemos a la materia
prima”. Cleti agregó que “aguardan una convocatoria de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para
incorporarse a una mesa de trabajo sobre cannabis medicinal”.
“El medicamento es un bien social, y la producción pública
de medicamentos es una política de Estado. La producción pública es la herramienta
que garantiza desde el Estado la provisión de los medicamentos y su acceso a
toda la comunidad, en especial a los sectores más vulnerables. Con el
fortalecimiento de la producción publica de medicamentos podemos evitar la
extorsión de la industria farmacéutica”, concluyó Gaillard al cierre del
encuentro.
La semana pasada el gobierno reglamentó la flamante ley que
legaliza el uso de aceite de cannabis y otros tratamientos similares. La misma
creó “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso
medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis” y crea
un programa nacional para el estudio y la investigación de su uso. El
Ministerio de Salud, además, debe garantizar el aprovisionamiento de los
insumos necesarios, ya sea a través de la importación o la producción por parte
del Estado nacional, para lo que autoriza el cultivo de plantas de marihuana al
CONICET y al INTA.
En tanto, la ANMAT permitirá la importación de aceite de
cannabis, cuya provisión será gratuita para quienes estén incorporados al
programa a través de un registro nacional. Finalmente, el proyecto establece
que el Estado impulsará la producción pública de cannabis y su
industrialización para uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.
En ninguno de los casos se permite la venta individual de los productos.
Además, a las autoridades les preocupa el crecimiento de un
incipiente mercado negro de estos productos, que se ofrecen en redes sociales y
sitios online de compra y venta. Atentos al resurgir de este mercado en el
ciberespacio, las autoridades de la ANMAT advirtieron en las últimas horas que
no autorizaron ningún producto a base de cannabis para su comercialización.
“Aquellos que pudieran estar ofreciéndose por redes sociales o páginas de
Internet no cuentan con el aval de la ANMAT”, se informó desde ese organismo.
Para apoyar esta idea, la Comisión de Salud dictaminó a
favor del proyecto del diputado Jorge Franco (Misiones), que solicita al Poder
Ejecutivo que disponga que los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP
elaboren, coordinadamente con el INTA y el CONICET, el aceite de cannabis para
uso medicinal.
Fuente: Mirada Profesional
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