Desde el 31 de julio pasado, en Esquel se lleva adelante el
juicio penal a una médica residente que en el año 2015 en el Hospital Sub-Zonal
de El Maitén, garantizó una interrupción legal del embarazo a una joven de 17
años que la solicitó y por causas no investigadas falleció una semana después
en otro hospital.
Una resolución y un comunicado del Consejo directivo de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue, de donde la médica
residente acusada es egresada, sostienen que el aborto fue practicado en
condiciones adecuadas al “Protocolo para la atención integral de personas con
derecho a la interrupción legal del embarazo”.
El procedimiento judicial es caratulado como “Interrupción
legal del embarazo, practicado por un médico abusando de su ciencia y arte con
el consentimiento de la mujer seguido de muerte”.
El juez a cargo del juicio es José Oscar Colabelli.
Colabelli tiene su historia. Fue sancionado por el Superior Tribunal de
Justicia de Chubut con una multa por falta grave y abuso de poder, tras haberle
negado en 2012 el acceso a un aborto no punible a una niña de 12 años. Es
decir, Colabelli tiene posición tomada al respecto, y no es una posición
admitida por el máximo tribunal provincial. Colabelli fue recusado por la
defensa al inicio del juicio, pero el pedido fue rechazado. El fiscal es Carlos
Díaz Mayer.
Entre el 31 de julio y el 4 de agosto declararon 25
testigas/os citadas/os en su mayoría por la querella, en algunos casos
coincidentes con citaciones por parte de la defensa. En este sentido, fueron
claras las declaraciones de profesionales del Hospital de Esquel, quienes
atendieron a la joven: no hay pruebas médicas que permitan ligar la muerte de
la joven con la actuación de la médica imputada. La Red de Profesionales de la
Salud por el Derecho a Decidir, la Comisión Nacional de Residentes de la Confederación
de Medicina General y organizaciones feministas como Socorristas en red
acompañan el proceso, exigen “una investigación seria acerca de las causas
reales del fallecimiento de la joven”, y denuncian que garantizar un derecho a
la salud no puede ser criminalizado. La médica residente actuó conforme a la
legislación que protege la vida y la salud de los cuerpos gestantes.
Fuente: Página 12
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