Las prestaciones que recibirán un incremento son los Hogares Permanentes, Centros de Día y Pequeño Hogar y Rehabilitación-Internación, entre otros.
El Gobierno aumentará desde el 1 de abril los aranceles a las prestaciones de servicios para personas con discapacidad “cuyos valores estén por debajo del costo” de brindarlas, y se comprometió a estudiar el caso de cada entidad, informaron hoy fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Autoridades de esta dependencia y del ministerio de Salud de la Nación se reunieron con representantes de distintas instituciones que brindan servicios a personas de discapacidad tras la manifestación que estos últimos realizaron ayer frente a la sede de la cartera sanitaria.
El reclamo de las distintas entidades era una actualización en el dinero que el gobierno les otorga por cada prestación, ya que aseguran que no pueden afrontar los costos operativos con el incremento de alquileres, insumos y sueldos.
Durante el encuentro, ambas partes acordaron agendar una reunión con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y seguir trabajando en la definición del estudio de costos para fijar aranceles según cada prestación.
Asimismo, con los resultados que arrojó un estudio preliminar se determinó “aumentar, a partir del 1 de abril, los aranceles de aquellas prestaciones de discapacidad cuyos valores están por debajo del costo de la prestación”, precisó la fuente.
Con esta decisión las prestaciones que recibirán un incremento son: los hogares permanentes; los hogares de lunes a viernes; Centros de Día; Hogar con Centro Educativo Terapéutico; los Hogares con Pre Primaria y con Primaria; y Pequeño Hogar y Rehabilitación-Internación.
Hasta el momento, los incrementos de aranceles en las prestaciones de discapacidad se realizaron a través de aumentos generalizados a todas las entidades, sin tener en cuenta el costo de cada prestación, agregaron los voceros.
En tanto, los integrantes de la Comisión de Costos continuarán con el estudio de costos definitivo, que estará listo en mayo.
Este informe será realizado por representantes de los prestadores de servicios para personas con discapacidad; la Agencia Nacional de Discapacidad; la Superintendencia de Servicios de Salud; PAMI; el Ministerio de Salud; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT); el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica; el Consejo Federal de Discapacidad, y el Sistema Único de Reintegro.
Fuente: BAE Negocios
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