Es claro que el debate sobre la eutanasia como método para
garantizar una muerte digna no cesa ni lo hará con un acuerdo consensuado que
deje contentos a todas las partes. No obstante, lo que sí se ha evidenciado es
la necesidad de que el tema pase por el Congreso y defina una serie de puntos
grises que merecen regulación.
Como señaló el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no es
solo para que el tema deje en la sociedad “tranquilidad”, al pasar por el
Legislativo, sino para hacer definiciones, poner límites, crear mecanismos,
responsabilidades y mejoras en el sistema de salud.
Un punto lo plantea el exvicefiscal y Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Forero: se necesita
legislar hasta dónde llega el derecho a la muerte digna y hasta dónde empezaría
una posible responsabilidad de médico por no hacerlo.
Según explicó, más allá de la sentencia de 1997 que
despenalizó el homicidio por piedad cuando existe la voluntad libre del enfermo
terminal, lo cierto es que en el Código Penal no aparecen “las expresiones ni
de eutanasia, distanasia, ortotanasia, ni activa ni directa ni voluntaria ni
involuntaria”. Lo que hay son dos delitos, el homicidio por piedad (que sigue
siendo delito sino se cumplen ciertas condiciones) y la inducción o la ayuda al
suicidio.
Así, tiene que haber varios requisitos: un médico
calificado, un paciente con enfermedad terminal, padecimiento o lesión
incurable, que el móvil sea la piedad y que haya un consentimiento que, según
la Corte Constitucional, tiene que ser libre, inequívoco, informado. No
obstante, dice Forero, hay un vacío para los médicos.
“En 2002 se introduce el suicidio asistido piadoso y eso es
una figura distinta porque en la eutanasia quien tiene las riendas del delito
es el médico y acá puede ser cualquiera. Si el médico causa la muerte por
piedad y se dan los requisitos, queda exonerado, pero si el médico decide
ayudar para que el paciente sea quien tome las riendas y quien decida sobre
vida, no está regulado y se podría ir a la cárcel”, apuntó.
Así, para el jurista, es claro que la actividad médica en el
país podría estar sometida a una inseguridad jurídica que debe ser remediada
por el Congreso. Pero no es el único tema. Ya el Gobierno Nacional, en cabeza
del ministro Gaviria dijo que la eutanasia para niños debe desarrollarse por el
Legislativo y no se incluyó en la Resolución de esa cartera que reglamentó el
procedimiento en el país, tras orden expresa de la Corte Constitucional.
Dicha resolución incluye el derecho de los pacientes
terminales de recibir atención en cuidados paliativos para mejorar su calidad
de vida, mediante un tratamiento integral del dolor, alivio del sufrimiento y
aspectos emocionales, sociales y hasta espirituales. Esto incluye, el derecho
de los pacientes de desistir de un tratamiento que sea innecesario o que no
garanticen una vida digna.
Dice el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime
Arrubla: “El paciente tiene derecho a que no practiquen sobre él medicina
heroica, que no conduce a nada. Creemos que con llenarlo de aparatos llenarlo
de aparatos le estamos haciendo un bien y lo que estamos haciendo es
prolongando una agonía, no la vida”.
La esposa de Arrubla, Consuelo Devis, estuvo en coma 14 años
y por su caso la Ley de Cuidados Paliativos lleva su nombre. De acuerdo con el
jurista, se tiene que entrar a discutir igualmente el costo y las implicaciones
que requieren este tipo de tratamientos para el sistema de salud y para la
familia del paciente.
Precisamente, Claudia Ágamez, expresidenta de la Asociación
Colombiana de Cuidados Paliativos, señala varios problemas. El primero es que
son pocas las universidades que tienen una cátedra al respecto en las
facultades de medicina, que son pocos los médicos que se dedican a esto y que
el modelo no se acomoda a sus requerimientos en cuanto a acceso, abasto y
servicios.
“Y el acceso y disponibilidad de los medicamentos opiodes”,
dijo al hacer referencia a las regulaciones sobre los precios de estos insumos.
Igualmente, para la profesional, no es claro todavía qué se entiende por
enfermedad terminal y falta especificar cómo medir que dicho paciente ya tuvo
los tratamientos existentes.
“¿Será que el paciente en lugares remotos tiene todo el
acceso para modificar el curso de su enfermedad?”, se preguntó.
La importancia de los cuidados paliativos reside en que,
según expertos que se dedican al tema, podría estarse confundiendo eutanasia
con alivio del dolor, en donde el sufrimiento y la falta de infraestructura,
sumado a factores sociales, podría hacer creer que es la única opción.
El director de la Clínica para el Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos de la Universidad del Rosario, John Jairo Hernández Castro,
señaló que ha tenido que enfrentar casos en donde pacientes piden inicialmente
la eutanasia y tras la asistencia, desisten. “Se manejan tratamientos, a la
familia, se buscan cuidadores, se capacitan. Las personas quieren una
oportunidad de vida, de organizar cosas. Pero, ¿cuántas personas estamos
capacitadas para esto?”, apuntó.
El tema va incluso a que el paciente suele llegar a un
médico paliativista en fases muy avanzadas. Para Hernández la interconsulta
debería darse desde el diagnóstico de un cáncer por ejemplo. Ya, dice el
profesional, si el paciente aún así quiere la eutanasia se debe practicar luego
que se cumplan los requisitos.
Ahora, si bien el debate que se ha originado en el país ya
centra puntos tan específicos como estos, no parece claro que el tema en el
Congreso se dé rápidamente teniendo en cuenta que pasaron 17 años sin que lo
hiciera, a petición de la Corte.
El senador Armando Benedetti dijo en un foro reciente que
“los compañeros míos le tienen pánico a legislar sobre esto”.
En contra, el conservador David Barguil explicó que no hay
temor a hacerlo, que la eutanasia no puede convertirse en salida fácil y que no
puede reducirse a estigmatizar las posturas religiosas. “Me parece una solución
facilista que tendrá que ser resulta de una profunda discusión para que como
sociedad lo asumamos con toda la responsabilidad”, precisó.
Fuente: El Universal
El próximo jueves 27 se presentará en el Congreso un
proyecto de ley para garantizar la educación a los estudiantes que padecen
dislexia, un trastorno de base neurobiológica que impide la adquisición de la
lectura en forma fluida y automatizada. 
