En el Día Mundial de Lucha contra el Sida, diversos sectores
coinciden en que la norma fue de vanguardia en los '90, pero que debe mejorar
en pos de más diagnósticos tempranos.
Tanto las autoridades nacionales como las organizaciones de
la sociedad civil y las obras sociales están de acuerdo en que la ley de Sida
necesita modificaciones. No porque sea mala, sino porque desde su sanción en la
década del '90 el contexto ha cambiado sustancialmente: el Sida ya no es lo que
era y la ley necesita actualizarse, sobre todo para reafirmar la gratuidad del
tratamiento antirretroviral para toda la población que vive con el virus,
además de asegurar la participación de la sociedad civil en la toma de
decisiones. Aprovechando la movilización que se genera en torno del Día Mundial
de Lucha contra el Sida, que se conmemora hoy en todo el mundo, serán
presentadas estas modificaciones.
El acuerdo sobre estos aspectos se forjó en una serie de
reuniones en las que participaron la Dirección de Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación y entidades como AHF
Argentina, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), REDAR
y la Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH-SIDA, SAISIDA y diversas
organizaciones territoriales. Las reuniones tuvieron lugar en las ciudades de
Buenos Aires, Venado Tuerto, Salta, Bariloche y Posadas, con el objetivo de
garantizar la participación de las
organizaciones de base y la comunidad médica de las distintas regiones del
país.
"En el '91 tuvimos una ley sumamente progresista para
la época y que fue modelo en América Latina –dice Miguel Pedrola, coordinador
de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina–. Pensamos que podemos volver a ser modelo reformando la ley y
convirtiéndola en una norma que defienda
los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH". AHF fue fundada
en 1987 en EE UU y es actualmente la organización de lucha contra el Sida más
grande del mundo.
"En su fecha de promulgación, con escasos recursos
terapéuticos y costos muy elevados que tornaban casi imposible su acceso, la
Ley de Sida fue de enorme importancia y una de las pioneras en la región. Pero
hoy, a más de 20 años de su sanción y reglamentación, nos encontramos frente a
nuevos escenarios que ameritan una revisión", manifiesta Juan Carlos
Cisneros, presidente de la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida
(SAISIDA).
Concretamente, las modificaciones acordadas giran en torno
a:
–Eliminar todo contenido estigmatizante y discriminatorio
para las personas que conviven con VIH y las poblaciones históricamente
identificadas con la epidemia. Hoy ya no se utiliza la palabra
"contagio" sino que se habla de "transmisión", del mismo
modo que no decimos más "portadores" sino "personas viviendo con
VIH o seropositivas".
–Eliminar el artículo que refiere a la obligatoriedad de la
prueba para toda persona que desee radicarse en el país. Si bien es importante
tener la mayor cantidad de diagnósticos, estos no pueden lograrse al costo de
reforzar prejuicios y vulnerar los derechos de los migrantes.
–Garantizar el ofrecimiento de pruebas de VIH dentro y fuera
de las instituciones, e impedir la realización de pruebas en los exámenes
preocupacionales. Por el mismo motivo que el punto anterior, pero apuntando a
tener la mayor cantidad de personas diagnosticadas a tiempo.
–Reafirmar el acceso universal al tratamiento
antirretroviral gratuito para los tres subsistemas de salud (público, privado y
obras sociales), e incluir los tratamientos de coinfecciones, enfermedades
oportunistas y patologías endócrinas metabólicas vinculadas al VIH.
–Asegurar la inclusión de la sociedad civil y de
representantes de los grupos poblacionales afectados en una comisión asesora
vinculante de la Dirección Nacional de Sida.
–Garantizar el acceso a la salud integral, no sólo en el
aspecto médico sino en todos los que aseguran calidad de vida y permiten hacer
efectivos los derechos que consagra la ley.
–Garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual.
–Mantener el sistema de codificación vigente, siendo
facultad del paciente utilizarlo o no. Este fue el punto que más polémica
generó. La Ley 23.798 establece el derecho del paciente a mantener protegida su
identidad, por eso se le asigna un código de identificación compuesto por
letras y números. Algunas organizaciones plantearon que este método debe
continuar, porque preserva la privacidad, y otras aseguran que, al ser el VIH
el único caso en que se usa el código, la estigmatización es igual o mayor. El
debate se zanjó permitiendo que cada
persona decida si quiere usar el código o su nombre.
Precisamente, la Ley de Sida permitió, en la última década,
que las organizaciones de la sociedad civil pudieran, junto al Estado, hilar
muy fino en la localización de aquellos ciudadanos que no llegaban a hacer
efectivos sus derechos por motivos ajenos a la normativa. Fabio Núñez,
coordinador nacional del Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la
Dirección Nacional de Sida y ETS, lo explica: "Creamos un área de Derechos
Humanos dentro del Ministerio de Salud pensado en que hay cuestiones sociales y
culturales que obstaculizan el acceso a los derechos. La legislación argentina
es de avanzada, pero generar la cultura de derechos significa una
predisposición del Estado para hacerlos efectivos".
El ciclo de charlas llevó por título "Metas 90-90-90:
¿Una nueva Ley?". Las cifras hacen referencia a la meta
"90-90-90" planteada por Onusida, que busca que para el año 2020, por
lo menos el 90% de las personas con VIH esté diagnosticada en todo el mundo;
que al menos el 90% de los diagnosticados esté en tratamiento; y que, de estos,
por lo menos el 90% tenga el virus indetectable en sangre. Así, para 2030 se
habrá controlado la epidemia y el VIH dejará de ser un problema grave de salud
pública.
Alberto Stella, coordinador de Onusida para el Cono Sur,
también participó de la serie de charlas y se
muestra ambicioso con la consecución de esos objetivos: "La
realidad argentina muestra que el 30% de los diagnósticos de VIH son tardíos; entonces es lícito preguntarse si,
con una estructura de Derechos Humanos tan desarrollada, con leyes como las de
Identidad de Género y Matrimonio Igualitario que le dan el ejercicio de la
ciudadanía a personas que antes no lo tenían, con una infraestructura de salud
pública como la existente, es lícito, digo, preguntarse quién es el ciudadano
que llega tarde al diagnóstico y luego se muere. Con esta infraestructura, no
se puede escapar."
Se estima que en la Argentina viven unas 110 mil personas
con el virus, pero el 30% no lo sabe. El Ministerio de Salud de la Nación lleva
adelante desde 2013 la campaña nacional "Elegí Saber", que busca
estimular la realización del test de Sida y de infecciones de transmisión
sexual. El test de VIH es voluntario, gratuito y confidencial y puede
realizarse en centros de salud de todo el país.
La necesidad de modificar la Ley de Sida ha sido consensuada
con la comunidad científica y la sociedad civil. Se abre, no obstante, un
interrogante respecto de cómo tomará el próximo gobierno la cuestión.
"Vamos a tener que hacer un fuerte activismo en las cámaras, porque
teníamos hasta ahora un gobierno favorable a estas modificaciones, y ahora no
sabemos cómo planteará las cosas la nueva gestión–dice Pedrola, de AHF–.
Escuchamos a algunos referentes de la salud plantear objeciones al uso del
preservativo, lo cual significaría retroceder dos décadas en la cuestión, pero
aspiramos a que haya mejores canales de diálogo”.
Dos décadas de conquistas
Desde 1995 nuestro país garantiza el acceso gratuito a la
medicación a través de la Ley 24.455 que establece la obligatoriedad para las
obras sociales de ofrecer tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos a
las personas con VIH. En 1996, la Ley 24.754 incorporó la atención por parte de
las empresas de medicina prepaga. En el caso de las personas que no cuentan con
obra social o prepaga, es el Estado nacional a través de los hospitales
públicos quien garantiza el acceso a los tratamientos. Pero todas estas
conquistas no llovieron del cielo.
"Las organizaciones de las personas viviendo con VIH
tuvieron que tomar en los '90 el Ministerio de Salud, tuvieron que amenazar con
prenderlo fuego y cortar la 9 de Julio miles de veces mientras sus compañeros
iban muriendo sin tratamiento; y tuvieron que llegar al primer amparo de la
Argentina –que tiene el dictamen de la Corte Suprema más prolijo del Derecho a
la Salud–, que sentó la jurisprudencia que obligó al Estado nacional a entregar
efectivamente el tratamiento", explicó Fabio Núñez, de la Dirección de
SIDA y ETS del Ministerio de Salud.
Especulación y abusos
El ministro de Salud Daniel Gollán participó ayer de la
presentación de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GE+), que trabaja por el
acceso a los medicamentos esenciales para VIH y hepatitis C en el país, y
denunció el abuso de las empresas farmacéuticas en relación a las patentes, que
impacta en el aumento de precios y en la dificultad para el acceso a los
tratamientos. "El sistema de fijación de precios sigue la lógica de la
especulación financiera. Nada tienen que ver los costos de investigación, desarrollo
y producción; la única lógica es la máxima rentabilidad. Eso demanda un
esfuerzo de los países que buscan defender su acceso", dijo.
Gollán también se refirió al litigio que la Cámara Argentina
de Especialidades Médicas (Caeme) y 26 compañías farmacéuticas extranjeras
iniciaron contra el Estado argentino para que se anulen las guías que
resguardan la administración del sistema de patentes y aseguran la
sustentabilidad económica del Programa Nacional de Provisión Gratuita de
Medicamentos Antirretrovirales. "Busca que la Justicia anule una
resolución que permitió poner en marcha una política pública considerada
ejemplar a nivel mundial."
Las metas de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció su objetivo de poner fin a la epidemia del
VIH-sida en el mundo para el año 2030.
El organismo internacional elogió al continente
americano por la eliminación de la
transmisión del virus de madre a hijo y a la Argentina por ser pionera en
ofrecer tratamiento a todas las personas desde el momento del diagnóstico.
Fuente: Tiempo Argentino
